con una espátula
El pueblo yanomami protestó este viernes porque la minería ilegal en sus zonas ha seguido expandiéndose, pese a la intervención realizada desde inicios de 2023 por el Gobierno brasileño, y ahora piden a las autoridades que liberen las protestas.
Esta pregunta aparece en el informe elaborado por la Asociación Yanomami Hutukara, con el apoyo técnico del Instituto Socioambiental y Greenpeace, en el que la organización indígena hizo un balance de las acciones del Gobierno un año después de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ordenara la salud de emergencia. en el área.
El informe, con la participación de los grupos indígenas Wanassedume Ye’kwana (Seduume) y Urihi, muestra que el 80% de los mineros ilegales han sido eliminados y que ha habido una reducción en los daños de esta zona de la selva amazónica.
Sin embargo, según el informe, la superficie de explotación de oro y otros metales crecerá un 7% en 2023, con lo que la superficie total de acumulación y destrucción ascenderá a 5.432 hectáreas.
El impacto de la minería ilegal afecta a 21 de las 37 comunidades de la región yanomami, ubicada en la frontera con Venezuela, donde los metales pesados utilizados por los mineros han provocado enfermedades y contaminado ríos.
Según el informe, 308 indígenas murieron en 2023, 129 de ellos por enfermedades infecciosas, 63 por enfermedades parasitarias y 66 por enfermedades respiratorias, mientras que siete perdieron la vida en conflictos con armas.
El informe también señala fallas en la ejecución de prácticas de salud debido a la baja inversión, deficiencias en recursos humanos e infraestructura de salud y errores en los sistemas.
Entre las recomendaciones para afrontar la crisis, el estudio sugiere actividades “urgentes” que comiencen a eliminar la minería ilegal y un programa para fomentar la destrucción voluntaria.
El autor, actor y entrenador indígena Davi Kopenawa, líder de la Asociación Yanomami Hutukara, dijo en un video que los patrones mineros nunca son prisioneros y “debemos meterlos en prisión para que puedan aprender”.
“Eso es lo que falta”, porque sin “encarcelar a los criminales” de la minería ilegal, la presencia de sus subordinados será siempre en Tierra Yanomami, ha protestado el jefe indígena.
Asimismo, los pueblos indígenas piden la rehabilitación de las zonas afectadas por la minería, apoyo material e inversión en infraestructura y salud, entre otras medidas.
El gobierno brasileño se ha dado cuenta de que en los últimos meses algunos mineros ilegales han regresado a la región, por lo que hace dos semanas el presidente Lula ordenó que la operación se convierta en una acción estatal permanente.
En total, se invertirán 1.200 millones de reales (245 millones de dólares/226 euros) para implementar políticas públicas de ayuda a los pueblos indígenas, lo que incluye la instalación permanente del Gobierno en la región.
Voz venezolana
