En un comunicado de prensa, la Comisión Interamericana y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) recordaron que el Estado venezolano está obligado a respetar y garantizar los derechos de sus ciudadanos.
Caracas. El cese de “prácticas que violan los derechos humanos” y el restablecimiento inmediato del “orden democrático y el Estado de derecho” fueron las exigencias del Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) al Gobierno de Nicolás Maduro.
En un comunicado de prensa distribuido a través de sus redes sociales este jueves 15 de agosto, la CIDH relató los hechos ocurridos en Venezuela en el marco de las elecciones presidenciales del 28 de julio, a partir de las cuales se ha desatado una ola de protestas contra los resultados oficiales que darle a Maduro el ganador.
El Estado venezolano está obligado internacionalmente a respetar y garantizar los derechos humanos. En este marco, debe actuar conforme a sus deberes y cesar de inmediato todos los modelos de represión y prácticas que busquen generar terror en su población.“destacó la comisión y su relator por escrito.
Además, la CIDH anunció la reactivación de la Sala de Coordinación y Respuesta Temprana e Integrada (SACROI Venezuela) para “fortalecer” y mantener la “vigilancia, protección y respuesta oportuna de sus mecanismos” en el país.
los modelos
En el memorando, la CIDH destacó ciertas acciones del gobierno venezolano y aseguró que, antes de las elecciones, “el régimen intensificó prácticas autoritarias para obstruir la participación política a través de un modelo de coerción destinado a desmovilizar a la oposición y sus posibles simpatizantes”.
Destacó como medidas de este tipo el impedimento al registro de candidatos, la imposición de “barreras al voto en el extranjero” y la negativa de misiones de observación independientes a ingresar a la nación.
“Además, ha intensificado la persecución política, el acoso y las detenciones arbitrarias de líderes de la oposición, activistas y periodistas”, afirmó.
La organización cuestionó que hasta la fecha no se hayan publicado los resultados detallados de las elecciones y recordó que observadores electorales cualificados describieron el proceso como poco transparente.
“Hasta la fecha, el CNE no ha publicado las actas electorales ni proporcionado la información necesaria para fortalecer las graves acusaciones de fraude electoral, insistiendo en declarar ganador a Nicolás Maduro sin la documentación ni datos estadísticos necesarios.“dijo.
El organismo multilateral también se refiere a las protestas posteriores a las elecciones y dijo que se registraron al menos 300 manifestaciones espontáneas en todo el país que fueron “severamente reprimidas” por fuerzas estatales y grupos armados no estatales.
Destacó que la represión registrada “refleja los patrones ya observados por la CIDH en las manifestaciones de 2014 y 2017” y citó entre ellos el uso arbitrario de la fuerza, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, procesamiento judicial y acoso contra supuestos opositores e individuos. elecciones voluntarias, censura y restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica y obstáculos a la labor de defensa de los derechos humanos.
Los muertos durante las protestas postelectorales
La CIDH dijo que registró denuncias, entre el 28 y 30 de julio, por “abuso de la fuerza pública contra las manifestaciones”, violencia que provocó la muerte por armas de fuego de al menos 23 personas, la mayoría hombres de entre 15 y 56 años y, la mayoría de ellos, residentes de zonas populares del país.
Según información pública registrada por el Mecanismo Especial de Monitoreo para Venezuela (MESEVE), 10 de las muertes serán atribuidas a fuerzas estatales: ocho a fuerzas militares y dos a policías. Seis de las muertes serán atribuidas a las “comunidades”, que actúan con el consentimiento, tolerancia o aquiescencia del Estado, y además están legalmente incorporadas al “Sistema de Protección de la Paz Popular”.“dijo.
Además, dos de los casos, según la CIDH, serán atribuidos a acciones conjuntas entre fuerzas estatales y grupos no estatales y explica que en ““En cinco de los casos no hay información sobre el perfil de los presuntos autores”.
Asimismo, la comisión dice haber recibido información sobre “un patrón de violaciones a la libertad personal”, con el registro, según organizaciones de la sociedad civil, entre el 28 de julio y el 13 de agosto, de al menos 1.393 personas detenidas, entre ellas 182 mujeres; 117 adolescentes; 17 personas con discapacidad, 14 indígenas y 7 periodistas y trabajadores de prensa.
Persecución y acoso
La comisión preguntó si los delitos imputados a los detenidos son incitación al odio, terrorismo, conspiración, traición a la patria, asociación para delinquir, resistencia a las autoridades, obstrucción de vías o caminos y desobediencia a las leyes.
Además, dijo que los procesos judiciales de los detenidos no siguieron garantías plenamente establecidas, como el derecho a ser defendido por su abogado de confianza o el derecho a comunicarse con representantes cuando se trata de adolescentes.
También se refirió a la censura, las restricciones a la libertad de expresión y al trabajo de periodistas y medios de comunicación y aseguró que “el régimen ha intensificado la represión en el ámbito digital, utilizando la tecnología para perfilar, monitorear e intimidar a opositores y voces críticas”. “Se han documentado bloques de sitios web, redes sociales y plataformas de mensajería instantánea”.
Según su registro, desde el 28 de julio se han registrado unos 108 casos de violaciones a la libertad de expresión, “que incluyen detenciones arbitrarias de periodistas y trabajadores de la prensa bajo acusaciones infundadas de “incitación al odio” y “terrorismo”, cancelación de pasaportes , el cierre de los medios de comunicación, la confiscación de equipos y la deportación del personal de la prensa internacional.
“La Relatoría Especial advierte que la implementación de propaganda y desinformación gubernamental son parte de una política de Estado para criminalizar y reprimir las expresiones críticas. Esta censura afecta a toda la sociedad, desde líderes políticos hasta sectores populares que se manifestaron de manera espontánea”, dijo.
Además, la comisión expresó su preocupación por las medidas represivas contra defensores de derechos humanos y señaló que cuenta con información “sobre la cancelación ilegal de pasaportes de al menos 36 defensores, comunicadores y sus familiares”.
Aquí están las solicitudes específicas:
- Restablecer urgentemente el orden democrático y el Estado de derecho, garantizar la independencia, el equilibrio de poderes y los derechos políticos de la población venezolana.
- Garantizar el acceso a la información electoral pública mediante la publicación de todas las actas de votación; permitir un escrutinio independiente y respetar la voluntad popular expresada en el voto, de conformidad con los estándares de derechos humanos.
- Ordenar a la fuerza pública que se abstenga del uso arbitrario de la fuerza.
- Garantizar que los grupos armados no estatales que actúan con su consentimiento, tolerancia o aquiescencia cesen la violencia de inmediato.
- Liberar inmediatamente a las personas detenidas arbitrariamente.
- Prevenir, perseguir y sancionar violaciones graves de los derechos humanos. En concreto, desaparición forzada, incluso de corta duración; y también actos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, incluidos actos de violencia sexual.
- Respetar las garantías judiciales, incluidas las medidas para asegurar el debido proceso y la defensa técnica confiable, y las garantías para niños, niñas, adolescentes, pueblos indígenas y personas con discapacidad.
- Poner fin a la criminalización, el acoso y la persecución de los defensores de derechos humanos.
- Cese inmediatamente las acciones represivas dirigidas contra defensores de derechos humanos, disidentes, opositores políticos, testigos electorales, periodistas y medios de comunicación.
- Suspender todas las estrategias de persecución digital y aquellas que utilicen la tecnología para intimidar o silenciar a la población, en particular, a defensores de derechos humanos, disidentes, opositores políticos, testigos electorales, periodistas y medios de comunicación.
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