con una espátula
El miércoles 8 de noviembre finalizó la audiencia de la Asamblea General de la Corte Penal Internacional (CPI) para escuchar los argumentos del Estado venezolano, la Fiscalía y la Oficina de Protección a Víctimas con base en las acusaciones de la administración de el gobierno lo hizo. Nicolás Maduro suspenderá la investigación por crímenes de lesa humanidad en el país.
Por Luisa Quintero / talcualdigital.com
El uso de la retórica política por parte del gobierno de Maduro, estrategia utilizada en otros ámbitos internacionales, no trae los resultados que esperan las autoridades, afirman los abogados Mario D’ Andrea, Thairi Moya y Calixto Ávila, ante los hechos que responder a la falta de investigación y procedimientos nacionales para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad y sancionar a los responsables.
Mario D’Andreadirector de Civilis Derechos Humanos, asegura que el uso de palabras en contextos apolíticos muestra las limitadas capacidades de respuesta del Estado venezolano, además de mostrar y revelar que las investigaciones judiciales no son ciertas.
Calixto ÁvilaEl representante de la ONG Provea en Europa, asegura que el Estado venezolano también implementa el proceso de investigación por crímenes de lesa humanidad visto como un proceso político importante, donde la continua amenaza a la administración de Maduro por parte de muchos países como Estados Unidos o Lima Grupos, que fue citado para revelar el retiro de Argentina de la solicitud de pruebas preliminares de 2018.
Sobre esto último, señaló que la estrategia de intentar desestimar la investigación porque fue dictada por los Estados “es muy peligrosa”. Si los jueces aceptan los argumentos venezolanos en apelación para revertir o revisar la investigación, significa que las revisiones de los Estados estarán sujetas al mismo tratamiento político.
Se destaca también que la presencia del Canciller Yván Gil, quien apenas terminó su declaración abandonó la sala, abrió dos puertas: el abandono de estos procesos por la vía política y la eliminación del propio expediente porque ya se abrió el juicio. el motu proprio y previa remisión de diversos organismos estatales.
Ávila insiste en que está tratando con un Estado que conoce sus limitaciones, pero aprovecha la retórica política para construir alianzas prácticas con otros países que se encuentran en posiciones similares en escenarios internacionales como las Naciones Unidas.
Pone como ejemplo las ausencias y votos en contra en lugares como la Comisión de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (Cedaw), las evaluaciones del Servicio de Investigación de la Verdad o la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que los más altos cargos el órgano rector en esta materia.
También habló sobre el uso de lenguaje inapropiado en los debates judiciales. «Es preocupante que no sólo de los funcionarios sino de los propios abogados, sino que también es parte de su práctica (…) Las señales a las víctimas, que no dejen de ser el único sentimiento, es parte. Se ha considerado. “No ha rechazado su política de deportar a extranjeros, ni la ONU ni el propio Tribunal Penal”.
Cifras en ICC
Como las investigaciones no son genuinas, afirmó el abogado Mario D’Andrea, el uso de datos seleccionados revela aún más la administración de Maduro. “El hecho de que muchos de los casos que se envían significa que no han sido investigados o no se han llegado a conclusiones en su divulgación”.
Calixto Ávila demostró que también hay un proceso de llenado de información al Tribunal, en algunos casos poco importantes como el largo debate en torno a los “expedientes” o “composites” de la Empresa Pública, que son ignorados como parte de la investigación por parte de la Fiscalía. Sala de Primera Instancia que ostenta la posición venezolana.
Además, cifras concretas en sí mismas. Según el abogado defensor Aitor Martínez, son 124 casos conocidos por el Estado venezolano hasta el momento. De ellos, 113 se encuentran en fase de investigación donde conocemos a 166 funcionarios de gobierno; tres de los mandos intermedios, incluidos cargos formales; tres en fase de prueba; y cinco terminaron con la condena de 14 funcionarios.
Las autoridades culpables, que son 15 (aunque no se explica la última fuente), desde policías hasta comandantes de la Guardia Nacional, que son cargos medios o bajos según las propias leyes venezolanas. Entre los funcionarios del gobierno que han sido acusados o están siendo procesados, dieciocho son comisionados, tres infantes de marina, siete infantes de marina, un infante de marina, seis capitanes y un sargento.
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