Las organizaciones de la sociedad civil y las personas suscritas en su afán por defender, respetar y garantizar los derechos humanos fundamentales, hacemos llegar a la comunidad nacional e internacional nuestro rechazo a la intervención judicial de la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja (en adelante Cruz Roja), ordenada. por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en una decisión contraria a los más elementales principios del Estado de derecho y del proceso. Además, vulnera el derecho a la libertad de asociación en Venezuela, consagrado como un derecho civil y político, reconocido en los convenios internacionales de derechos humanos y cuya garantía es una de las bases fundamentales de las libertades democráticas.
Sobre la base de supuestas irregularidades en el seno de la Cruz Roja, no tratadas previamente en los tribunales, y sobre la base de denuncias y testimonios anónimos, el TSJ dictó una medida cautelar que, en realidad, constituye un juicio anticipado de fondo, y que genera cambios irreversibles en el fondo. la Cruz Roja, en violación del derecho a la defensa, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la libertad de asociación.
La cuestionada decisión de la Sala Constitucional sustituye al Comité Directivo Nacional de la Cruz Roja y ordena imponer a un particular, subordinado a la Sala, que designe una junta de vigilancia. Esta decisión, grave en sí misma, se suma a la reestructuración de la organización según la libre voluntad de la junta impuesta arbitrariamente, sin que nadie la pida con el argumento de la “búsqueda de la verdad”.
Señalamos que tal decisión constituye un agravamiento de un modelo de intervenciones que vulnera la diferente expresión de la sociedad civil que se ha dado en el país, que hasta ahora se había visto en la imposición de nuevas directivas y en la convocatoria a elecciones en colegios profesionales. . , sindicatos, organizaciones con fines políticos y también en juntas de condominio. A esta lista se suma ahora la reestructuración de una asociación civil, facultad que debe ser ejercida únicamente por sus miembros y no por terceros.
La legislación nacional establece soluciones cuando una asociación tiene problemas internos o irregularidades en su gestión: si se trata de un delito, los responsables son debidamente imputados y juzgados con respeto a sus derechos humanos. Y si hubiere irregularidades administrativas, los socios, en su libre y soberana determinación, deberán decidir cuáles son las medidas correctivas y aplicarlas. En el caso de la Cruz Roja, no se utilizó ninguna de estas dos soluciones. Por el contrario, se impuso una intervención del Estado, a través de un particular, obviando la voluntad de los legítimos sujetos de derechos de tomar decisiones en nombre de la entidad intervenida, violando sus estatutos en la Convención Nacional de la Cruz Roja (artículo 15) . .
Si bien la toma arbitraria de la Cruz Roja en Nicaragua por parte del Estado tiene diferencias con la medida tomada en Venezuela, en ambos países las acciones crean un nuevo tipo de control estatal, en el que se configura una estructura diferente a la legal existente. control, todo ello con graves consecuencias que apuntan al cierre del espacio cívico.
Aviso: La citada sentencia constituye un grave precedente en los esfuerzos de nacionalización de la sociedad civil, utilizando en este caso una de las organizaciones humanitarias más importantes del país, lo que deja abierta la posibilidad de abolir el carácter autónomo e independiente de otras organizaciones sociales. Venezuela.
Ante esta circunstancia, hacemos un llamado a todos los actores sociales en Venezuela a exigir con firmeza y de manera conjunta el respeto de las garantías básicas para el ejercicio del derecho a la libertad sindical y rechazar enfáticamente los procesos de intervención como el impuesto a la Cruz Roja.
Considerando que este hecho agrava las ya severas privaciones que sufre la población a causa de la compleja emergencia humanitaria, ratificando la ausencia de un sistema de administración de justicia independiente, y la vulneración del derecho a la libertad de asociación, indispensable para brindar ayuda humanitaria, Con fundamento en los principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia, pedimos:
1. Que la Corte Suprema de Justicia ponga fin al modelo de intervención de las diversas expresiones de la sociedad civil en Venezuela y afirme su libre desarrollo en los principios del estado de derecho y las normas del derecho internacional para la protección del espacio cívico.
2. Que se respete la voluntad y capacidad de decisión de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja, para que sus órganos naturales decidan los cambios que deban efectuarse en ella, garantizando la continuidad de su trabajo con base en principios humanitarios de Humanidad, Imparcialidad , Neutralidad, Independencia, Voluntariado, Unidad y Universalidad.
3. Que cesen las medidas o acciones legislativas, administrativas y judiciales del Estado venezolano tendientes a cerrar el espacio cívico en el país, así como los discursos y campañas de criminalización, estigmatización y persecución de las organizaciones no gubernamentales.
4. Que se abra el espacio cívico para incrementar el trabajo que la sociedad civil realiza para llevar la ayuda humanitaria a los sectores más afectados por la emergencia humanitaria compleja, la defensa de sus derechos humanos y posibilidades de desarrollo.
5. Que el Estado venezolano garantiza el ejercicio del derecho de asociación establecido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los convenios internacionales sobre derechos humanos suscritos por la República, garantía que es indispensable para fortalecer una vía democrática en Venezuela.
6. Que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión de Investigación de la ONU registren y sigan este ataque al espacio cívico en Venezuela. Su documentación sobre el procedimiento del TSJ en otros casos de judicialización incluía el modelo de intervención estatal, que no ha cesado.
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