Dos organizaciones que agrupan a cientos de miembros en todo el mundo han enviado una carta al Estado venezolano expresando su preocupación por los procedimientos arbitrarios de los que han sido víctimas los detenidos tras las elecciones y pidiendo información sobre sus casos.
Caracas. Las redes de organizaciones de la sociedad civil Alianza Regional por la libre expresión e información y Civicus, que agrupan a cientos de activistas y ONG de todo el mundo, solicitan al Estado venezolano acceder a la información de la personas detenidas después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, eran más de 2.000, según cifras del Gobierno.
La Alianza Regional, formada por 17 organizaciones, y Civicus, formada por más de 17.000 miembros en aprox. 175 paísesenvió una carta al Gobierno de Nicolás Maduro con esta solicitud, respecto de que este 28 de septiembre se celebra el Día Internacional del Acceso a la Información.
“Es urgente que las autoridades dejen de arrestar a quienes ejercen sus derechos y que garanticen que todos los detenidos vean su derecho a una juicio justoque incluye el acceso regular de los familiares y la defensa privada a información sobre la situación jurídica, física, psicológica y emocional de los detenidos.“preguntaron en el documento.
Por garantías al espacio cívico
En la carta enviada al Vicepresidente de la República y al Ministerio del Servicio Penitenciario, estas coaliciones recuerdan que la mayoría de los detenidos después de las elecciones Fueron detenidos por ejercer su derecho a la protesta pacífica y, a muchos de ellos, se les negó una defensa jurídica fiable.
🇻🇪#Venezuela | ¿Es # 27 de septiembreneto @Alianza Regional y @CIVICUSespanol Exigimos al Estado garantías de acceso a la información sobre detenciones arbitrarias postelectorales, procesos judiciales justos y libertades plenas 👇https://t.co/hWscU6TaSl
— Alianza Regional (@AlianzaRegional) 27 de septiembre de 2024
Además, la carta incluye conclusiones de la misión de investigación de la ONU que revelan que algunos de los detenidos en los últimos dos meses eran, supuestamente, expuesto al abusotortura y violencia sexual.
“Redes organizativas exigen el fin inmediato de las detenciones arbitrarias y la represión contra las personas manifestantes, activistas, periodistastrabajadores de la prensa y defensores de derechos humanos“dice la carta.
En la carta, también pidieron al Gobierno de Maduro “consolidar garantías efectivas para el espacio cívico”, que implica acceso a la información, procesos justos para los detenidos y garantías que conduzcan a un debido proceso.
Las organizaciones agrupadas en estas redes han recordado la importancia de garantizar los derechos de toda persona privada de libertad y, en primer lugar, que detener los arrestos ataques arbitrarios a personas que acudieron a protestar y expresaron algún desacuerdo con el actual gobierno.
Los detenidos, continúa la carta, deben tener acceso a servicios médicos, defensa de su confianza, contacto con sus familiares, trato digno y transparencia sobre sus condiciones de reclusión.
“Es necesario que el Estado venezolano ponga a disposición de los familiares y confianza de defensa información sobre el número de personas privadas de libertad, por grupo de edad, origen nacional, etnia, género, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad y cualquier otra condición social relevante que pueda afectar la garantía de derechos“explicó el grupo.
Esto, aclaró, podría permitir revisar las características diferenciadas de los detenidos y “visibilizar las posibles brechas o discriminaciones que podrían empeorar su situación”.
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