Edwin Santos fue encontrado muerto el 25 de octubre en El Nulida, que conecta el estado de Abure con Táchira. Familiares del líder comunitario reportaron su desaparición desde el 23 de octubre. Ante la polémica que aún se maneja por este hecho, familiares de Edwin Santos han huido del país temiendo por su integridad. Lo mismo les está sucediendo a algunos de los testigos que quisieron declarar en el caso.
Luego de su desaparición, algunos testigos dijeron que el líder fue detenido por organismos de seguridad. Sin embargo, el cuerpo fue encontrado dos días después en El Nulida. El gobierno venezolano insiste en que fue un accidente de tránsito.
Miedo y controversia rodean el caso Edwin Santos
El defensor de derechos humanos Walter Márquez habló con algunos vecinos de la zona sobre la situación. Dijo que muchos testigos estaban recibiendo amenazas y esto estaba contaminando la investigación. También aseguró que muchos de los que estaban dispuestos a declarar ya no querían hacerlo.
“Tengo información de que la familia de Edwin Santos salió del país en busca de refugio y protección internacional. Este es un caso que hay que esclarecer porque si esto es un accidente de tránsito, al gobierno le conviene que no sea tratado como un accidente”. “Es un hecho político. Pero si ese es el caso, este crimen no puede ser encubierto. Por eso, bajo el Protocolo de Minnesota, pedimos una investigación independiente e imparcial”, dijo Márquez.
Piden explicación al Ministerio Público sobre la muerte del líder comunitario
César Pérez Vivas y Walter Márquez presentaron un escrito ante el Ministerio Público para solicitar una investigación exhaustiva sobre este hecho. La solicitud presentada ante la Fiscalía Superior de Táchira y la Procuraduría General de la República consolida las inquietudes que tienen sobre el tema.
Según Márquez, es importante aclarar los hechos al abordar las numerosas tesis criminales que rodean la muerte de Santos. “No podemos aceptar la afirmación del director del Cicpc de que el caso ya prácticamente está terminado y que no se acepta a quienes hacen o amenazan con procesar a quienes hacen declaraciones contrarias. “Esto es intimidación de testigos y el protocolo de Minnesota debe aplicarse mediante una investigación imparcial e independiente”, opinó.
“Primero, rechazamos la afirmación del director del Cicpc de que este es un caso cerrado. Segundo, condenamos las amenazas contra personas con distinto criterio. Tercero, lo más importante es que haya una investigación imparcial e independiente según el protocolo de Minnesota.
Márquez destacó la importancia de que se haga justicia en el hecho y se esclarezca lo sucedido. Destacó que los familiares de Edwin y testigos del hecho se encuentran en constante temor al ser vulnerables ante las autoridades y el Gobierno nacional.
