Que una mujer sea quien lleve la batuta del liderazgo opositor no quiere decir que la participación política de las mujeres esté garantizada en Venezuela. Pero su espacio en tomas de decisiones puede ser beneficioso para impulsar y garantizar los derechos de todas.
Caracas. María Corina Machado es la cara actual del liderazgo de la oposición venezolana. Aunque arrasó con 93 % de apoyo en las primarias, su inhabilitación judicial y el bloqueo a su inicial reemplazo, Corina Yoris, dejaron los comicios para disputarse el puesto en el Palacio de Miraflores. La última vez que una mujer ocupó un espacio en la papeleta presidencial fue en 2012, con la postulación de María Bolívar.
Así que ya se sabía, pero no indignó menos: cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó en abril de 2024 el tarjetón electoral oficial con el que los venezolanos irían, meses después, a unas históricas elecciones presidenciales, algo resaltaba. Diez candidatos, todos hombres. El tarjetón no solo fue un abrebocas de los comicios que se avecinarían, sino una prueba de que en Venezuela la participación de las mujeres en posiciones de poder político es insuficiente y una deuda pendiente.
Mundialmente, el panorama no es alentador. Solo 28 mujeres se desempeñan como Jefas de Estado o de Gobierno, y nada más hay 15 países en los que las mujeres ocupan el 50 % o más de los cargos de ministras, según cifras recientes de ONU Mujeres.
En Venezuela, aunque una mujer lleva la voz campante de la oposición y cada vez se ven más liderazgos femeninos representando los partidos, la paridad no está legalmente garantizada, las mujeres siguen estando relegadas en el campo político y en los espacios de toma de decisiones.
Las legislaciones que se han impulsado desde el órgano rector para alcanzar la paridad de género en las postulaciones a cargos de elección popular, han quedado en puras buenas intenciones.
El Estado ha puesto barreras institucionales y normativas, ya que “no ha hecho esfuerzos suficientes, genuinos y efectivos para fortalecer el papel de las mujeres en la política, permitiendo el desequilibrio entre hombres y mujeres al momento de disputarse cargos influyentes y de alta jerarquía”, según un informe publicado en 2023 por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) sobre la participación política de las mujeres.
Francelia Ruiz, politóloga, investigadora social, activista por los derechos humanos y feminista, es tajante: “Venezuela está en deuda con la igualdad de género y la paridad en las más altas esferas de tomas de decisión y los espacios de ejercicio del poder. La mujer sigue siendo concebida como una intrusa en la política”.
En las elecciones de 2020, cuando se escogieron 277 parlamentarios, solo 92 mujeres resultaron electas diputadas; es decir, 30,18 %. Mientras tanto, en las elecciones del 2021, en las que el 51,4 % del padrón electoral y el 49,44 % de las personas postulantes a las Asambleas Legislativas estadales y a los Consejos Municipales fueron mujeres, resultaron electas solamente 64 alcaldesas (19 % de Alcaldías), 2 gobernadoras (8 %) y 51 legisladoras (33,5 %).
La brecha de género en estos casos superó el 90 % para las gobernaciones y más de 80 % en las alcaldías, datos recopilados por Cepaz.
En el gabinete ministerial, que contempla 33 ministerios, apenas hay ocho dirigidos por mujeres. “Estas ministras están ocupando carteras feminizadas que históricamente ocupan las mujeres alrededor del mundo. Tienen que ver con ministerios de la mujer, igualdad de género, educación o asuntos indígenas”, explica Ruiz. Defensa, economía, relaciones exteriores, petróleo son ministerios que se siguen contemplando desde lo masculino.
¿Dificultades? Muchas
Para Marialbert Barrios, política y magíster en Estudios Políticos y de Gobierno, uno de los grandes obstáculos que enfrentan las mujeres que se dedican a la política es la violencia. “No solo debe ser vista como la agresión física o el acoso sexual, sino también en la discriminación, en la asignación de estereotipos por considerar que el liderazgo femenino es débil o maternal en exceso”, comenta la también fundadora del proyecto Wommu.
Barreras a nivel financiero, violencia política (del Estado y los propios miembros de los partidos) y la sobrecarga familiar son otras de las dificultades que enfrentan las mujeres en el ámbito político, según Diana Merchán, abogada y responsable nacional de mujeres de Voluntad Popular. “Las mujeres no somos 4×4. Es terrible decir que una mujer es súper mujer; eso no nos sirve, eso nos desgasta”.
Asimismo, Merchán considera que desde los liderazgos femeninos en ocasiones se repiten patrones de liderazgos asociados a lo masculino. “No tenemos que copiarlo, sino hacer política a nuestro estilo. Somos inteligentes, estrategas y utilizamos nuestras emociones para conectar con otras personas”.
Sobre la violencia política, Yolima Arellano, abogada y coordinadora del Observatorio Venezolano de Derechos Humanos de las Mujeres (núcleo andino), plantea que esta impide a las mujeres ejercer sus derechos políticos, tanto en ámbitos públicos como privados. “La realidad demuestra que, a nivel global y local, ante el aumento de la participación de las mujeres en el espacio público, surge mayor discriminación y violencia política en su contra, lo que aunado a la tolerancia social, invisibiliza y normaliza la violencia contra las mujeres en la vida política y la necesidad de la implementación de políticas públicas para prevenirla, atenderla y erradicarla”.
Wanda Cedeño, abogada, defensora de derechos humanos y coordinadora de la iniciativa Voto Joven, señala que, además, las mujeres jóvenes que deciden dedicarse a la política sufren doble discriminación: no son consideradas por ser mujeres, a quienes usualmente se vinculan con los roles de género, y por su edad, pues se asocia al desconocimiento o a la falta de experiencia. “Esto nos deja prácticamente en un espacio de inacción. No solo estamos en una desventaja significativa sino que además la posibilidad de tener liderazgos renovados y jóvenes que puedan seguir haciendo política en el futuro es cada vez más baja”.
Venezuela, junto a Guatemala, son los únicos países de la región que no tienen un sistema de cuotas incorporado a sus cuerpos normativos o no tienen una ley de igualdad. Aunque este mecanismo no es suficiente para garantizar la representación, la antropóloga, experta en género y doctoranda en Ciencias Sociales, Mariana Vahlis, indica que el sistema de cuotas puede ser visto como un acelerador del proceso de incorporación de mujeres, al menos en términos cuantitativos, en los espacios de poder.
“El sistema de cuotas reconoce que no hay suficientes mujeres participando en el espacio público. El sistema no niega la situación, pero los cambios culturales o sociales suelen ser mucho más lentos, lo que hace es que promueve un cambio institucional para acelerar ese cambio cultural. Es un mecanismo que abre el camino para que más mujeres puedan participar”, asegura Vahlis.
Cambiar la realidad de todas
Hablar de la participación política de mujeres es un asunto de derechos humanos. “Las mujeres son la mitad de la población y es su derecho tener representación del 50% en los procesos electorales, lo contrario constituye una grave violación de los derechos humanos de las mujeres y una amenaza transcendental para la democracia”, plantea Arellano.
“No podemos hablar de política ni democracia cuando estamos excluyendo la mitad de la población”, insiste Barrios, quien fuera electa como la diputada más joven en la Asamblea Nacional del año 2015.
Que las mujeres puedan llegar a los espacios de tomas de decisiones abre la puerta de garantías de derechos para el resto de mujeres. Si una mujer ocupa cargos que inciden directamente en políticas públicas, poner en la mesa conversaciones sobre salud sexual y reproductiva, manutenciones, labores de cuidado, “impuestos rosas”, violencias y de todo aquello que las afecta, el camino es beneficioso para todas.
Arellano explica que la participación política de las mujeres hace una gran diferencia en la comprensión de los intereses y necesidades de las mujeres. Aquellas que son formadas con conciencia de género, “inciden en la incorporación de la transversalización de los enfoques de género, de derechos humanos y diferencial en la administración pública, lo que contribuye a modificar los imaginarios generadores y reproductores de múltiples formas de discriminación, resultando en una transformación de la sociedad, en la que se elimina el machismo y el sexismo históricamente normalizados y se responde a los desafíos y experiencias enfrentados usualmente por las mujeres”.
“Si nosotras no estamos suficientemente y adecuadamente representadas en los espacios de toma de decisión, la agenda por nuestros derechos va a seguir siendo eminentemente decidida por los hombres y, no sabemos hasta qué punto masculinizada. La discriminación la sufrimos las mujeres, la desigualdad la sufrimos las mujeres. ¿Quiénes van a incorporar mejor el enfoque de género en los análisis y formulación de políticas sino las mujeres?”, afirma Ruiz.
Para Vahlis, la inclusión de mujeres en espacios de toma de decisión se convierte en un círculo virtuoso. “A medida que se incorporan más mujeres en el espacio público, con al menos nociones vagas en perspectiva de género, son motores para que se puedan diseñar medidas de acción afirmativa”.
Ruiz plantea que es importante incorporar la perspectiva de género a toda política pública. “Que desde esos espacios se puedan reconocer, garantizar y atender las necesidades diferenciadas de las mujeres”.
A conveniencia
Delcy Rodríguez, Cilia Flores, Tibisay Lucena. Entre sus líneas, el chavismo ha tenido a mujeres ocupando altos cargos de participación política y de incidencia. Asimismo, de vez en cuando, les gusta enarbolar la bandera de Gobierno feminista.
Sin embargo, las especialistas plantean que las mujeres han sido instrumentalizadas políticamente desde el Gobierno, aunque se plantee un discurso inclusivo con respecto a su participación igualitaria.
“No se corresponde en la praxis, pues estas mujeres son relegadas a cumplir roles estereotipados y discriminatorios, como iniciativas comunitarias (jefas de calle, de comunidad, de unidades de batalla UBCH); logística, organización de eventos, entre otros, sin posibilidades de devengar un salario con beneficios laborales ni de ascender a puestos de mayor jerarquía, es decir; a mayor poder, menor presencia femenina”.
Vahlis señala que estas estructuras comunitarias terminan ejerciendo roles que son del espacio privado, en el espacio público, pero que igual no se le garantiza ningún poder real a las mujeres. “Si ha habido un proceso de feminización del chavismo”.
La antropóloga menciona como una iniciativa rescatable la creación de la ley de la violencia basada en género. Sin embargo, tiene sus fallas. “Es una de las leyes más modernas del continente, pero no está normada y no tiene una base institucional. Eso termina siendo letra muerta. Es decir, si los instrumentos legales no tienen cuerpos normativos, no tienen presupuestos, no tienen toda una serie de institucionalidad alrededor… Eso está destinado a fracasar”.
Señala que desde el chavismo se ha hecho una instrumentalización de las causas feministas, ya que en 25 años de Gobierno, la mujeres siguen teniendo limitaciones en lo que corresponde a derechos sexuales y reproductivos, leyes de género, de cuota o de paridad. “En términos muy discursivos, se habla mucho de la revolución feminista, pero en la práctica lo que ha prevalecido es un militarismo evangélico machista”.
No sin ellas
“Edmundo González y yo estamos dispuestos a hacer una transición pacífica”, dijo María Corina Machado, incluso antes de que se realizaran las elecciones presidenciales.
Irregularidades, actas de votación, resultados cuestionables y una página del CNE caída. A tres semanas del 28 de julio, hay dos posturas: el chavismo quiere la normalización y la oposición busca una transición.
Y aunque desde diferentes círculos políticos se planteaba la idea de “recuperar primero la democracia” y luego pensar en “asuntos de mujeres”, una transición sin ellas, no existe.
“Lo que han demostrado liderazgos como María Corina, Delsa Solórzano, María Beatriz Martinez, Tamara Adrián, etc, es que la tarea de democratización del país pasa por la incorporación de las mujeres a la toma de decisiones. No es una tarea secundaria, es una tarea clave en el proceso de transición democrática”, afirma Vahlis.
Así como las mujeres deben estar al frente de la toma de decisiones y de participación, el rol que cumplen en la recuperación de la democracia es esencial y un “asunto prioritario” para Wanda Cedeño.
“No es un asunto que queda para luego. Es un asunto que forma parte de las discusiones de la transición y que necesita no solo ser atendido, sino incorporado en las negociaciones, discusiones y estrategias. Si no existe una perspectiva femenina desde las estrategias políticas y las políticas públicas, es poco probable que efectivamente podamos consolidar una democracia participativa y representativa para todos y todas”.
- Este reportaje es resultado de la beca de producción periodística para promover el conocimiento sobre el derecho a la participación en Venezuela, otorgada por Espacio Público y Crónica.Uno. La edición estuvo a cargo de María Victoria Fermín K, coordinadora de la Unidad de Contenidos Especiales.
