con una espátula
Luego de que la Corte Suprema de los Estados Unidos aprobara las políticas de deportación de la administración Biden, el enfoque y prioridades de estas acciones se basarán en lo establecido en el reglamento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) es informativo inglés) e instrucciones dadas por el Secretario Alejandro Mayorkas a los titulares de todas las agencias migratorias bajo su autoridad.
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De acuerdo con estos lineamientos, los operativos para arrestar y detener a inmigrantes indocumentados se enfocarán en inmigrantes que hayan cometido delitos graves durante su estadía en el país, o que hayan ingresado en contra después del 1 de noviembre de 2020. “Le daremos prioridad a la detención. y deportación de no ciudadanos que representan una amenaza para nuestra seguridad nacional, seguridad pública y seguridad fronteriza”, explicó Mayorkas en un documento interno.
La política del DHS sobre deportación establece que cuando los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detienen a una persona indocumentada, deben evaluar si “representan una amenaza actual para la seguridad pública” y cómo “el alcance, la importancia y la duración de la actividad delictiva”. que el inmigrante haya cometido antes de proceder con los trámites de deportación correspondientes.
Además de este primer criterio, los agentes también deben considerar atenuantes, como el ámbito familiar, las condiciones de salud, las relaciones de las personas con el entorno, evidencias de rehabilitación social, e incluso si la persona en cuestión puede recibir tal afecto. ayuda del gobierno
“Confío en el oficial de ICE y confío en el liderazgo del equipo. Tengo confianza en mi propio liderazgo y en los esfuerzos que he hecho para relacionarme con los diputados y tratar con ellos los mismos temas”, dijo el secretario Mayorkas al enviar el comunicado en septiembre del año pasado, el cual se suma a los lineamientos previamente anunciados en febrero de 2021.
Con estas decisiones, la Corte afirmó que la falta de documentos que acrediten su estatus legal en Estados Unidos no debe ser la “única razón” para ordenar la inmigración. Por tanto, la decisión de los agentes de detener y expulsar a una persona debe estar justificada por otras circunstancias atenuantes que impliquen razones de seguridad.
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