Los cuatro efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que estuvieron secuestrados por más de 24 horas en el centro de detención preventiva La Morita II del estado Aragua, fueron liberado.
El motín culminó en la madrugada de este miércoles 19 de julio. La información policial indica que los primeros oficiales Katerin Vargas, Rubén Rojas, Darwin Alvarado y el oficial Saulo Kiñones Fueron liberados luego de un secuestro que duró más de 24 horas.
Las fuentes dicen que para obtener la acción, Fanny Márquez fue al sitio, juez de la Corte Suprema de Justicia (TSJ) quien actuó como mediador.
De los 107 internos que formaron parte del motín, 20 fueron trasladados al penal de Tocorón, que era una de las demandas de los internos sublevados, otros 20 presos fueron enviados al penal 26 de Julio de Guárico y 20 al penal de Tocuyito, en el estado Carabobo.
¿Qué provocó la revuelta?
En un video filtrado en redes sociales, un recluso, que no se identificó, explicó que uno de los motivos de la protesta fue por el allanamiento y abuso a los que están bajo la autoridad de la celda policial.
Dijo que la policía obligó a sus familiares a pagar sobornos hasta 200 dolares semanalmente para poder recibir visitas. Acusó al director del centro de detención de ser corrupto.
Los internos se quejaron retraso procesal en sus causas, y también presuntos actos de corrupción en tcintas de Aragua.
Por el momento se desconoce estado de salud donde están los funcionarios liberados.
Celdas policiales superpobladas
El hacinamiento es una constante en los centros de prisión preventiva ubicados en todo el país.
En las 335 celdas policiales, monitoreadas por la ONG Una Ventana à la Libertad, se estima que conviven más de 16.000 personas privadas de libertad.
Estos sitios son lugares de detención preventiva donde los detenidos deben permanecer por un período que no exceda 48 horas; sin embargo, hay quienes han esperado traslados o cuyo proceso judicial inicia desde hace más de tres años.
Organizaciones que defienden los derechos humanos de las personas privadas de libertad han alertado de la hacinamiento severo que afecta a estos sitios y las condiciones infrahumanas en que se encuentran.