La ONU advirtió el martes “Grave” deterioro de los derechos humanos en Nicaragua desde el año pasadocon un aumento de las detenciones arbitrarias, malos tratos y persecución a todos aquellos “percibidos como disidentes” por parte del gobierno de Daniel Ortega.
“Las autoridades continúan procesando no sólo a quienes expresan opiniones disidentes, sino también a cualquier persona u organización que actúa de forma independiente o no está directamente bajo su control”, dice un informe publicado por la Oficina de Derechos Humanos de la agencia.
“Esto incluye a los defensores de los derechos humanos, los medios independientes, las organizaciones no gubernamentales y cualquier otra entidad que apoye el cambio social o político sin supervisión gubernamental”, añade.
El informe, basado en 120 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y representantes de la sociedad civil, cubre un período de un año a partir de junio del año pasado.
Entre otros datos, el texto indica que en mayo de este año “131 personas consideradas como opositores se encontraban detenidas arbitrariamente”, cifra muy superior a la de junio de 2023.
Además, documenta 12 casos de “torturas y malos tratos durante la detención”, así como un aumento de la violencia contra los indígenas y afrodescendientes.
El informe alertaba de que la libertad religiosa en el país centroamericano “seguía estando sujeta a restricciones indebidas”, incluida la detención “arbitraria” de 27 sacerdotes y seminaristas católicos entre octubre y enero, y el cierre de varias organizaciones religiosas, entre las 5.000. de cualquier tipo disueltos para el año 2018.
El gobierno de Ortega y su poderosa esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, fortaleció las leyes contra las ONG tras las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos en tres meses, según informes de la ONU.
Ortega, un exguerrillero de 78 años que gobernó Nicaragua en los años 80 y regresó al poder sin interrupción desde 2007, afirma que las ONG y especialmente la Iglesia católica apoyaron estas protestas, que considera un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, afirmó que El ejercicio de los derechos civiles y políticos fundamentales se ha vuelto cada vez más difícil“.
“La crisis multifacética que afecta a Nicaragua desde 2018 requiere un cambio de rumbo urgente por parte del Gobierno”, afirmó.
A finales de agosto, Tusk afirmó que “lamentablemente” no hay “cooperación” entre el gobierno de Ortega y su oficina, lo que “hace muy difícil” seguir la situación en el país.
