La ley para controlar a las ONG se encuentra en el Boletín Oficial desde el 3 de diciembre, y luego de casi dos meses de su aprobación en el Parlamento chavista. Organizaciones no gubernamentales han advertido de los riesgos que conlleva este instrumento legal.
Caracas. Durmió casi 50 días en el armario luego de que la Asamblea Nacional (AN) lo aprobara el 15 de agosto, pero la ley anti ONG Fue publicado en el Diario Oficial, desde que entró oficialmente en vigor el instrumento legal.
El periódico tiene fecha del 15 de noviembre, un nuevo encuentro de la sociedad civil que vea desaparecer de un solo golpe 18 días del período de 90 días que las ONG tienen que inscribir nuevamente sus iniciativas en la “Oficina de Registro Público que corresponda a su domicilio”, según establece la propia ley en la disposición transitoria primera de su artículo 39.
Esta “costumbre” de retrasar o no divulgar los boletines se ha producido al menos 50 veces en los últimos años, según el codirector de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels.
“De hecho, hay boletines que nunca aparecieron, como las revistas de derecho presupuestario”, agregó Daniels sobre este fenómeno de la administración chavista.
La ley antiONG, de caja en caja
El instrumento, que lleva por título Ley para la Supervisión, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), estaba en amenaza desde mayo pasado, cuando comenzó la segunda discusión en el pleno, que Luego quedó relegado a otras prioridades del chavismo.
Pero en agosto la AN lo aprobó rápidamente, luego de las elecciones del 28 de julio, que según las cuentas oficiales del Consejo Nacional Electoral, Nicolás Maduro ganó con el 51% de los votos.
Pese a los retrasos, la aprobación de este proyecto era esperada ya que el actual Ministro del Interior Diosdado Cabello lo presentó a inicios de 2023. Luego, el primer vicepresidente también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha aseguró que Al menos 62 ONG que operan en el país son “apéndices del imperialismo” que intentan desestabilizar el país.
Sin embargo, la ley es rechazada por la sociedad venezolana y funcionarios y organismos internacionales, como el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sobre todo porque las disposiciones de la ley antiONG dejan en manos de los funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro el poder de suspender e incluso disolver organizaciones no gubernamentales, en medio de los renovados episodios de represión en el país que han sido denunciados por ONG y los propios grupos políticos de oposición.
Además, la herramienta obligará a las ONG a entregar gran parte de su información, incluidos datos sobre sus financiadores, un extremo que podría amenazar su operación en un país con serios precedentes para procesar a la disidencia.
Riesgo para las organizaciones no gubernamentales
Si bien la ley señala en su artículo tercero que su propósito es “facilitar el ejercicio del derecho de asociación como derecho humano y expresión del modelo de democracia participativa y liderazgo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, la verdad. es que las ONG temen que su entrada en vigor signifique un riesgo para su trabajo en defensa de los derechos humanos en Venezuela.
Asimismo, las ONG están preocupadas por los elevados importes fijados para las multas por cualquier acto ilícito conforme a la ley, y que se han fijado en “100 y 1.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda más alta publicada por el banco”. Venezuela.”
En caso de reincidencia, continúa la ley, “el monto de la multa será el equivalente en bolívares. entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela”, cifra que representa una pequeña fortuna en el contexto de la crisis económica de Venezuela, de la que las ONG no escapan.
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