Recomiendan defender las áreas democráticas que aún quedan en el país, si se quieren lograr cambios significativos.
Caracas. La intervención del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la Cruz Roja continúa como tema de discusión. El Observatorio Social Humanitario realizó un conversatorio este viernes 1 de septiembre para abordar este hecho con expertos en materia de derechos humanos.
Lexys Rendón, coordinadora del Laboratorio de Paz, dijo temer que se pierda la autonomía de las organizaciones de la sociedad civil en el país. En ese sentido, recomendó denunciar las violaciones cometidas por el Gobierno contra la Constitución y los tratados internacionales.
“Nuestra tarea es seguir defendiendo las pocas zonas democráticas que quedan. Cabe señalar que en Venezuela se presentaron otras intervenciones que fueron más agresivas. Entre ellas, las expropiaciones de hectáreas y empresas, en el ámbito económico. Políticamente, a partidos como Voluntad Popular y Acción Democrática, por ejemplo“.
Rendón afirmó que estas medidas buscan silenciar y minimizar a todas las organizaciones y personas críticas al chavismo, por lo que cree que este tipo de acciones continuarán, si se consideran las próximas elecciones.
“Lo que sucederá es que las amenazas se harán más fuertes, además de implementar ciertas regulaciones con posibilidad de controlar a las asociaciones, continuar con el cierre de medios de comunicación y establecer un procesamiento contra periodistas y activistas.“añadió Rendón.
Los derechos humanos en juego
Mario D’Andrea, codirector de Civilis, afirmó que están en juego la libertad de expresión y de asociación. En su opinión, intervenir en organizaciones de la sociedad civil es muy grave en relación con cualquier violación de los derechos humanos.
Una intervención viola el debido proceso y el estado de derecho. Es obvio que el Estado no quiere la oposición de políticos y civiles, por eso no respeta a las organizaciones no gubernamentales.“.
Explicó que algunos de los mecanismos que se pueden utilizar en estos contextos es apoyarse en mecanismos internacionales, en relatores especiales para que sigan hablando y mantengan la presión diplomática lo más posible.
Entre los hechos más recientes relacionados con estas acciones se encuentran el procesamiento de seis sindicalistas acusados por delitos de concierto para delinquir y asociación para delinquir y condenado a 16 años de prisión; él despido del periodista Seir Contreras de Globovisión tras interrogar a un diputado oficialista; y el Acoso constante que han recibido los candidatos de la oposición a las elecciones primarias e inhabilitaciones sin sentencia firme.
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