El secretismo por parte de la nueva junta directiva de la Cruz Roja y de los expertos enviados por la Federación Internacional suscita preocupación entre las organizaciones de la sociedad civil.
Caracas. La preocupación persiste entre quienes ejercen funciones en las distintas organizaciones de la sociedad civil del país. Esto se debe a los 25 días transcurridos por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en su decisión n. una nueva junta.
El 8 de agosto, la Federación Internacional de Sociedades del Cruz Roja y Media Luna Roja (FICR) envió funcionarios a Caracas para brindar apoyo y monitorear las acciones. Sin embargo, el misterio aún reina sobre el caso.
Cabe señalar que se había convocado a una conferencia de prensa el 10 de agosto para aclarar algunas dudas, sin embargo, la misma fue suspendida y no hubo reprogramación. El último comunicado de la Federación Internacional, del 24 de este mes, expone algunos de los “avances”.
“El Consejo de Reestructuración Ad Hoc de la Cruz Roja Venezolana firmó la ratificación del acuerdo mutuo hasta 2025 con la Cruz Roja Alemana para continuar y fortalecer sus programas, proyectos y servicios como parte de la respuesta humanitaria en el país.“.
Asimismo, el acuerdo suscrito por Ricardo Cusanno, presidente del Consejo de Reestructuración, y Javier González, jefe de la Oficina de la Cruz Roja Alemana para Colombia y Venezuela, establece el respeto a los “Principios Fundamentales, Estatutos del Movimiento y políticas de la Federación Internacional. Asociación de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como las leyes y reglamentos de Venezuela.”
Intervención unilateral
Para Marysabel Rodríguez, coordinadora del Observatorio Social de la ONG Espacio Público, la sentencia no respondió a un debido proceso legal. Pese a que los integrantes de la Cruz Roja fueron sometidos a una investigación penal, y aunque no hubo una decisión judicial sobre el futuro de estas personas, el principal órgano de justicia decidió realizar una intervención unilateral.
“Lo ideal era esperar la decisión de este juzgado que llevó a cabo la investigación en la que se pretende corroborar o no los hechos alegados de algunos miembros de la Cruz Roja. Es decir, se vulnera el derecho de asociación de una organización humanitaria sin fines de lucro.“.
El sociólogo también explicó que este tipo de organizaciones, ya sean políticas o humanitarias, tienen una serie de normas que deben regular la principio de asociación.
“Está la autonomía de la organización, ellos son quienes se autorregulan a través de sus procesos, quiénes son los integrantes que dirigen estas asociaciones, y si hay alguien que no está cumpliendo, con algún delito. Posteriormente, internamente, es la propia asociación la que define en sus procesos si es necesaria una transición o si se deben cambiar los miembros de la directiva.“.
Este tipo de intervención se ha producido en otras ocasiones, en particular, en asociaciones políticas desde 2020, ya que se han impuesto nuevas juntas directivas en los partidos políticos por decisión de los consejos de supervisión. Con seguridad, Se viola la autonomía de las asociaciones civiles..
Espacio cívico reducido
El abogado y director de la ONG Aula Abierta, David Gómez Gamboa, dijo que el mayor desafío que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela es tener que hacer defensa pública ante un gobierno autoritario, donde el desarrollo de la política de Estado es absolutamente restrictivo.
Cada vez se ve más cómo esta política se refleja en acciones como normas o leyes destinadas a controlar el espacio cívico y de las organizaciones no gubernamentales, así como el financiamiento de sus actividades, la relación de estas organizaciones con las víctimas y con la sociedad civil en general. .“.
Gómez destacó que los ataques del Gobierno contra las organizaciones de la sociedad civil y, en especial, contra quienes trabajan con la educación, la defensa y la promoción de los derechos humanos han sido continuos.
“Se teme que este tipo de intervenciones puede crecer en el marco de una política de reducción del espacio cívico. Todos los organismos de derechos humanos deben tener cuidado, ya que la intervención de la Cruz Roja es una alarma que busca generar efecto espejoes decir que nos vemos reflejados en los posibles zapatos de otras organizaciones“.
Reiteró su preocupación, porque de continuar, las misiones de la organización serán invisibilizadas y aquellas voces de personas que trabajan por la defensa de los derechos humanos serán silenciadas.
De la misma manera, alertó sobre el papel que autoridades universitarias apoyan este tipo de intervención. Este es el caso de María Fátima Garcésel actual vicerrector académico de la Universidad Central de Venezuela (UCV), que forma parte del Consejo de Reestructuración.
El nombramiento de Garcés ha generado algunos comentarios negativos. En primera instancia, por haber sido electo para su actual cargo en la UCV por menos de tres meses; también por el incumplimiento de lo dispuesto en la Ley Universitaria, en particular, en el artículo 162:
“Los cargos de rector, vicerrector, secretario, decano y directores de escuelas e institutos universitarios son de tiempo completo. Estas funciones y las de profesor de tiempo completo son incompatibles con actividades profesionales o cargos remunerados que, por su naturaleza o coincidencia horaria, den eficiencia en el ejercicio de las obligaciones universitarias. La calificación correspondiente corresponde al Consejo Universitario“.
En este sentido, la sección limita totalmente a las autoridades universitarias el ejercicio de otras funciones. Víctor Rago, rector de la UCV, aseguró que la decisión de Garcés fue totalmente personal, por lo que recomendó esperar hasta el final del periodo vacacional para discutir la situación en el Consejo Universitario.
para la ONG Acceso a la justicia, la responsabilidad de Garcés en el Consejo de Reestructuración “podría verse como que la UCV apruebe la política de intervención de las instituciones privadas y de la sociedad civil organizada que el Estado ha implementado desde la Magistrale”. Además de tener en cuenta el precario presupuesto universitario que implica disminución de salarios y limita la investigación científica.
un riesgo latente
Rodríguez indicó que el mayor riesgo es que esto tenga un efecto cascada. Para el chavismo pareciera que no existen limitaciones ni impedimentos, pues pese al tipo de asociación se lleva a cabo una dinámica arbitraria que no se ajusta a una base legal.
“Estamos hablando de una organización tan importante como la Cruz Roja, que tiene una sede nacional, una federación internacional. Es decir, un grupo de asociaciones civiles del mundo que están federadas bajo la Cruz Roja Internacional, por lo que el mandato es mucho mayor.“.
Otra de las limitaciones que han presentado las asociaciones en el país es el registro o revocación de permisos por parte de las juntas. Estos tienen que ser actualizados y desde hace muchos años existen limitaciones en los registros para renovar la documentación que requiere el proceso. También se puede ver en la represión judicial contra los miembros de la organización.
“Partiendo del origen y de la ilegalidad y arbitrariedad del proceso, todo lo que se derive de esa decisión inicial sería cuestionable, entiendo que el proceso sustantivo y formal es ilegítimo.“.
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