El viernes por la noche de la semana pasada, incluso el pequeño grupo de venezolanos que siguen muy interesados en la política nacional se preparaba para un descanso de sábado y domingo. Pero de repente una noticia sacudió a la opinión pública y sus consecuencias lo mantuvieron cautivado durante días.
Se trata de la intervención de la Cruz Roja Venezolana por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Su director, Mario Villarroel, fue inmediatamente destituido. Su lugar fue ocupado por una sorprendente reunión. a esto que llevará las riendas hasta por un año. Se le encomendó “renovar la institución, actualizar sus estatutos, crear mecanismos para la transparencia de sus procesos y la integridad de sus voluntarios, y realizar elecciones democráticas” para su futura dirigencia.
Esta noticia generó de inmediato fuertes críticas por parte de analistas políticos, periodistas y activistas de derechos humanos. Muchos lo ven como un intento del gobierno de fortalecer su control sobre la sociedad civil. Veamos qué podría motivar tales preocupaciones.
Nada personal
El TSJ actuó a pedido del fiscal general Tarek William Saab, cuya oficina investiga denuncias de presuntos “acoso y malos tratos” a voluntarios y trabajadores de la entidad humanitaria. Las responsabilidades se atribuyen a Mario Villarroel, quien estuvo al frente de la Cruz Roja Venezolana durante 45 años.
Los críticos de la intervención no cuestionaron los cargos contra Villarroel. Además, hay denuncias independientes de falta de transparencia en el mandato inusualmente largo del presidente derrocado.
Sin embargo, cuestionan la proporcionalidad de la respuesta a un problema real. Indican que las autoridades venezolanas podrían haberse centrado en las supuestas irregularidades de Villarroel como directivo individual. En cambio, un TSJ adicto a Miraflores ordenó una amplia reforma de una organización de la sociedad civil que debería ser autónoma.
La actuación de la corte y del Ministerio Público se da también luego de que el poderoso diputado chavista a la Asamblea Nacional Diosdado Cabello hiciera acusaciones públicas contra Villarroel. Algunos de ellos no tienen nada que ver con el abuso o la corrupción. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) lo acusó de “conspirar” contra el gobierno.
Juntos, estos factores levantan sospechas de una motivación política detrás de la orden del TSJ.
pertenencia conspicua
La composición del consejo de supervisión también es objeto de cuestionamiento. Sobre todo, el encargo de su presidencia al expresidente de Fedecámaras Ricardo Cusanno. Para los detractores de la medida, no tiene sentido que esté a cargo un empresario sin vinculación conocida con la labor humanitaria.
Algo similar sucede con otro empresario del consejo: Alberto Vollmer, presidente de Ron Santa Teresa. Sin embargo, la propia Cruz Roja Venezolana aclaró que la familia Vollmer está históricamente ligada a ella y que también le donó el terreno donde se ubica su sede en Caracas.
El mayor asombro lo produjo la presencia del esgrimista olímpico Rubén Limardo. También se cuestionaron sus habilidades para el trabajo del consejo. Cabe recordar que Limardo, aunque nunca se involucró de lleno en la política activa, fue electo diputado diputado por el estado de Bolívar en 2015. Su postulación por votación de lista la hizo el PSUV. Otro motivo de sospecha de la política actual.
mas control
En un ensayo que dejó huella en la disciplina, los politólogos Juan Linz y Alfred Stepan señalan que, entre las “esferas” que componen una comunidad libre y democrática, se encuentran la sociedad política y la sociedad civil. El primero se compone esencialmente de partidos políticos. El segundo está formado por organizaciones que, aunque no buscan el poder estatal, inciden en la vida de la comunidad.
Para que el Estado sea verdaderamente libre y democrático, todas las “esferas” deben ser autónomas. Los partidos políticos y la sociedad civil no son una excepción. No debe sorprender entonces que un gobierno no democrático, como el chavista, aspire a controlar ambos.
Un modelo puede verse en la forma en que los poderes sujetos a los intereses de la élite gobernante intervienen en ambos, aprovechando alguna disputa interna o irregularidad. Así sucedió con los partidos de oposición que también intervino el TSJ (Copei, Acción Democrática, Voluntad Popular, etc.). Tras estas medidas, los nuevos líderes de los partidos (al menos de las facciones reconocidas por el Estado, ya que hay otras que desconocen la intervención y quedan en una especie de complicidad) los hicieron mucho más complacientes con el gobierno.
La intervención de la Cruz Roja se produce de forma similar. Queda por ver si hay cambios en el organismo que confirmen las sospechas.
