Caracas y las principales ciudades del país se llenan de murales, pancartas y vallas publicitarias del candidato chavista Nicolás Maduro, lo que contrasta con la escasa y en ocasiones inexistente propaganda electoral del resto de candidatos presidenciales.
Caracas. Por la carretera Gran Cacique Guaicaipuro (antes Francisco Fajardo), que atraviesa toda Caracas, es fácil llegar desigualdad de la campaña electoral viéndose a un lado un cartel estándar del candidato presidencial Luis Eduardo Martínez, mientras que justo al frente es posible ver un cartel gigante del presidente, Nicolás Maduro.
En todos los postes de los 28 kilómetros de la arteria vial, que va desde Petare hasta Caricuao, también fueron aplicadas pancartas de la campaña del presidente que busca la reelección.
A lo largo de este camino, las pancartas de Maduro contrastan con las vallas publicitarias del candidato del partido de Conde, Benjamín Rausseo, y Luis Brito Primero Venezuela. Luis Martínez también tiene propaganda en este camino.
Además de la exhibición de carteles o anuncios, hay murales y dibujos a favor del líder nacional que se han realizado y se siguen realizando en paredes de toda Caracas.
La regla
Aunque ni la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) ni el reglamento que rige la campaña electoral para las elecciones presidenciales del 28 de julio dicen nada sobre el número de cercos, ambos instrumentos resaltan la prohibición de utilizar fondos estatales para pagar la campaña electoral.
El documento que regula la campaña electoral presidencial, que comenzó el 4 de julio y finalizará el 25 de julio, detalla 19 casos en los que no se permitirá la propaganda electoral, de conformidad con el artículo 75 de la Ley.
Esta norma indica, entre otras cosas, que no se permite la propaganda electoral fuera del período de campaña, que ataque el honor y la vida privada, que promueva “la violencia política, el odio y la intolerancia, lesiva de la vigencia efectiva de los derechos humanos”, que promueva la intolerancia. , o que “Contenga expresiones obscenas y despectivas contra órganos y entidades del Poder Público, instituciones y servidores públicos o funcionarios públicos”, entre otros.
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