Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional (CPI) fue autorizado el martes 27 de mayo para retomar la investigación en relación a la situación en Venezuela.
La CPI tomó la decisión luego de examinar la solicitud de la Fiscalía, las observaciones de las autoridades venezolanas que participaron con la corte en este proceso. También 1.875 sugerencias y observaciones emitidas por la sección para la participación de víctimas y correccionales.
“La cámara concluyó, Si bien Venezuela está tomando algunas medidas de investigación, sus casos penales nacionales no reflejan el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía”, decir en una palabra.
DECISIÓN DE LA CPI SOBRE VENEZUELA
En cuanto a los factores que la Sala de la CPI tomó una decisión para su conclusión, “encontró que Venezuela no parece investigar las alegaciones fácticas que subyacen a los elementos verbales de los crímenes de lesa humanidad. Y las investigaciones nacionales generalmente parecen enfocarse directamente en los delincuentes de bajo estatus. “
En su opinión sobre los factores restantes, la Sala señaló que Venezuela parece haber tomado medidas de investigación limitadas. Y en muchos casos parece haber períodos inexplicables de inactividad investigativa”, comentó la CPI.
Asimismo, señaló que las investigaciones internas no parecen abordar el tipo de delitos que pretende investigar la Fiscalía. Refiriéndose específicamente a la “decisión racial subyacente al presunto delito de persecución. Así como la investigación claramente insuficiente de los delitos de naturaleza sexual.
La CPI afirmó que esta conclusión no impide que Venezuela proporcione material en el futuro. Esto incluye la intención de permitir que la Fiscalía o la Sala determinen la impunidad en función de su pertinencia.
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“Además, cuando la Fiscalía presenta un caso específico, se puede realizar una nueva valoración de cobranza”, enfatizó.
Finalmente, enfatizó que la evaluación es un proceso continuo y se necesita un diálogo permanente entre el Estado y la Corte. Esto es para asegurar el respeto al principio de proporcionalidad en relación con las investigaciones y procesos autorizados por la Corte”.