El organismo adscrito a la Organización de los Estados Americanos (OEA) ordenó a las autoridades permitir que los uniformados reciban tratamiento médico adecuado y tomar medidas para mejorar sus condiciones carcelarias.
Caracas. La situación de los disidentes recluidos en las cárceles venezolanas vuelve a estar en la agenda de los organismos internacionales. En menos de un mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) centró su atención en los casos de tres uniformados que se encuentran tras las rejas por su presunta participación en los planes conspirativos; y ordenó a las autoridades garantizar su vida y su salud.
Las instrucciones a favor del Capitán de Corbeta Carlos Macsotay Rauseo; El teniente de Marina Antonio Scola Lugo y el teniente de corbeta Gustavo Carrero Angarita aparecen en las resoluciones 28/2023 y 30/2023 que el organismo adscrito a la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió entre el 16 y el 29 de mayo, respectivamente. Todas las resoluciones contienen medidas cautelares a favor del ejército.
La Comisión, en sus decisiones, solicitó a las autoridades venezolanas que garanticen que Macsotay Rauseo, Scola Lugo y Carrero Angarita tengan acceso a un tratamiento médico “adecuado y oportuno”. También exige que sus condiciones carcelarias se ajusten a los estándares internacionales en la materia.
Lo anterior, luego de considerar que la información recibida por los representantes de los funcionarios revela que éstos están expuestos “a múltiples fuentes de riesgo, susceptibles de afectar gravemente sus derechos a la vida, integridad personal y salud”.
sin convicción
Los tres oficiales de la Marina fueron detenidos en 2018 por su presunta participación en la denominada “Operación Armagedón”, un plan, según registró la Fiscalía Militar, en el que “tropas militares de unidades de Fuerzas Especiales de la Armada Bolivariana di Componente, a polizia. oficiales y líderes políticos” y que supuestamente querían impedir las polémicas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, derrocar al gobierno de Nicolás Maduro e incluso asesinarlo.
Desde el momento de su captura, los uniformados estuvieron recluidos, primero en los calabozos de la Dirección General de Inteligencia Militar (DGCIM) y luego en el penal militar de Ramo Verde (Los Teques), donde continúan recluidos.
A pesar de que no fueron procesados y mucho menos condenados, los militares continuaron privados de libertad, condición que excedía el máximo de tres años permitido por la ley.
imagen preocupante
Los tres oficiales presentan problemas de salud y las autoridades han ignorado u omitido los reiterados pedidos de sus defensores para ser atendidos.
En el caso de Mactosay Rauseo, presentó “asimetría amigdalina (crecimiento irregular de las amígdalas), por lo que necesitaría hacer una biopsia”.
Sin embargo, en el caso de Scola Lugo y Carreño Angarita, ambos necesitan tratamiento para afrontar las consecuencias de las torturas a las que presuntamente fueron sometidos tras su detención en 2018.
“La parte requerida indicó que, luego de su detención en 2018, se le aplicaron descargas eléctricas, fuertes golpes en diferentes partes del cuerpo, uso de objetos para infligir dolor e incluso métodos de asfixia. Aunado a ello, la situación de la propuesta beneficiaria no sólo se verificaría por la naturaleza de dichos actos de violencia y lesiones, sino también por las consecuencias que, según se ha informado, persistirían y se agravarían en el tiempo, sin ser bien. tratado nivel médico. En ese sentido, el solicitante indicó que padece estrés postraumático, insomnio y pensamientos suicidas por maltrato psicológico.“narró la Comisión de la Scola Lugo.
Algo similar se dice de Carreño, quien también comenzó a sufrir dolores en la rodilla derecha desde 2020.
preocupación justificada
La negativa de las autoridades venezolanas a responder a los pedidos de información de la CIDH sobre el caso de estos tres militares fue una de las razones por las que el organismo hemisférico aprobó las medidas cautelares, pero no fue la única.
“Considerando que el propuesto beneficiario se encuentra ubicado en “Ramo Verde”, la Comisión recuerda que anteriormente tuvo la oportunidad de indagar sobre la situación de riesgo particular de varias personas detenidas en dicho lugar, habiendo realizado alegatos similares en concordancia con lo que se alega en el materia presente“añadió.
Aunque no figuraba en las resoluciones de la CIDH, no podemos ignorar que en los últimos años al menos 11 presos políticos han perdido la vida tras las rejas y en las últimas semanas las autoridades han admitido que 2 de los más 60 detenidos en los últimos campaña contra la corrupción. murió bajo custodia. Uno se había suicidado y el otro habría fallecido por problemas de salud, según la versión oficial.
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