La Cámara de Casación Penal ha solicitado a Colombia y Honduras entregar a dos presuntos integrantes de la organización que operaba en la Cota 905 y que el Ministerio Público quiere procesar por delitos como extorsión, secuestro y terrorismo.
Caracas. La muerte de Carlos Luis Revete, alias “El Koki”, a manos de agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) el 8 de febrero de 2022 no significó el fin de la guerra contra la megabanda dirigió. . Las autoridades han llegado hasta ahora a unos 40 miembros de la organización que lograron salir del país, entre los que se encuentran varios lugartenientes del criminal desaparecido.
Así, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en un solo día, acordó solicitar a Colombia y Honduras la entrega de dos integrantes de la organización criminal que tenía como base de operaciones el barrio capitalino de la Cota 905.
En sus decisiones números 444 y 451, emitidas el 16 de noviembre, la Cámara de Casación Penal “fundó” los pedidos de extradición que el Ministerio Público presentó contra Alonso José Ortega Larosa, alias “El Balón” y Luis Janfre Guerrero Uztariz, alias “El Janfre”. “. .
El máximo tribunal consideró que las solicitudes se ajustan a derecho, toda vez que los delitos de los cuales los solicitados no son políticos, no han prescrito y incidentalmente están previstos en la legislación de los países donde se encuentran.
La oficina dirigida por el fiscal impuesto por el fallecido Constituyente, Tarek William Saab, quiere procesar a los dos hombres por la presunta comisión de los delitos de secuestro agravado, extorsión agravada, obstrucción a la libertad de comercio, terrorismo y asociación agravada.
Desde 2021, la justicia venezolana ha tomado acciones en su contra, como órdenes de captura nacionales e internacionales y su inclusión en la lista de buscados de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
Garantía del debido proceso
En las decisiones escritas por los jueces Carmen Marisela Castro Gilly y Maikel Moreno Pérez, el máximo tribunal asume con sus pares colombiano y hondureño el compromiso de ofrecer a Ortega Larosa y Guerrero Uztariz un juicio con todas las garantías judiciales.
Así, el TSJ aseguró que el eventual proceso contra los sujetos respetará el derecho a proceso, según el cual a los solicitados se les “garantizará el derecho de defensa; al principio de no discriminación; a la prohibición del desaparición forzada de personas; al derecho a la integridad física, psíquica y moral y a la prohibición de que las personas sean sometidas a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
“Por lo tanto (…) serán tratados con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano; al derecho a un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del recluso en caso de que sea condenado; al derecho a asistencia jurídica, lo cual, en caso de solicitarlo, se hará mediante la designación de un defensor público; al derecho a ser notificado de los cargos por los que se le investiga; “al derecho a acceder a las pruebas y a disponer del tiempo y medios adecuados para ejercer su defensa”. , así como recurrir la decisión que le resulte desfavorable, con las excepciones que establece la ley”.
En el documento, el máximo tribunal también señala que “tras prometer que garantizará los derechos a la vida y a la salud de los requeridos, el máximo tribunal afirmó que a ambos sujetos se les respetarán” todos los derechos civiles y sociales inherentes al particular. de libertad; y, los solicitados no serán condenados a pena de muerte, cadena perpetua, ni penas infames o penas mayores de treinta (30) años.”
Arrestos
El Ministerio Público solicitó la extradición tras conocer que Ortega Larosa y Guerrero Uztariz fueron detenidos en Medellín y Danlí, respectivamente.
La captura de alias “El Balón” y “El Janfre” ocurrió casi simultáneamente. El pasado 3 de octubre el primero fue detenido y menos de siete días después se registró la detención del segundo en una ciudad fronteriza con Nicaragua, informaron autoridades policiales hondureñas.
Ahora la Cancillería deberá enviar las decisiones a las autoridades diplomáticas colombiana y hondureña, para que estas a su vez las remitan a los respectivos poderes judiciales, quienes decidirán si entregan o no a los sujetos.
