El fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, reiteró este lunes 22 de abril al gobierno del presidente Nicolás Maduro que la corte abrirá una oficina en Venezuela para “cooperar” en la investigación de violaciones a los derechos humanos.
“Después de esta reunión abriré una oficina en Venezuela. No es una oficina secreta, no voy a trabajar de manera ilegal ni clandestina. Respecto a estas decisiones, abriremos una oficina de apoyo y concertación con Venezuela”, dijo Khan desde la venezolana. Parlamento.
“Seguimos trabajando, haciendo lo que decimos que hacemos, que funciona de forma independiente, imparcial, sin segundas intenciones, para que la ley, por la gracia de Dios, reine eficazmente”, añadió.
Khan, quien se reunió previamente con el presidente Nicolás Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, dijo que el foco de sus investigaciones son “crímenes que pueden constituir genocidio, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad”.
Su visita se produjo luego de que el 1 de marzo la CPI rechazara el recurso de Venezuela respecto de la investigación que lidera por crímenes de lesa humanidad durante las manifestaciones antigubernamentales de 2017 que dejaron alrededor de 125 muertos.
El chavismo considera que se trata de una “decisión infundada”, argumentando que el problema debe resolverse en el sistema judicial del país.
En 2018, el tribunal inició un examen preliminar de Venezuela tras una denuncia de Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá sobre la situación en Venezuela. El examen se convirtió en una investigación formal en noviembre de 2021, luego de la primera visita oficial de Khan a Caracas.
En aquella ocasión, Khan y Maduro acordaron una oficina de asistencia técnica de la CPI en Venezuela y firmaron un memorando de entendimiento para que Venezuela adopte “medidas” encaminadas a garantizar “la administración de justicia”.
La CPI, creada en 2002, es el único tribunal independiente del mundo creado para investigar los crímenes más graves, como el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.
“Creo que hay unidad en una verdad central: que las oscuras nubes de sospecha sobre las acusaciones no se disiparán sin la suave brisa o los vientos de investigaciones creíbles”, señaló Khan.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo a Khan que el país ha logrado “grandes avances” en materia de derechos humanos. Desde 2017, aseguró, 2.795 funcionarios de seguridad del Estado han sido acusados de violaciones a los derechos humanos.
De ellos, 1.021 agentes “se encuentran presos”, 580 han sido condenados y otros 524 tienen orden de aprehensión, afirmó Saab.
