En Venezuela, desde 2010 es legal que una persona cambie su nombre en función del género. Han pasado 13 años y el Estado aún no ha respetado este derecho de las personas trans e intersex.
Caracas. “No son seis meses, son 13 años sin que se cumpla el derecho a la identidad y obviamente los funcionarios del Consejo Nacional Electoral son los responsables de esta discriminación“. Así describe la abogada Richelle Briceño el estado actual de la lucha de la población lesbiana, gay, bisexual, trans, intersex y queer (LGBTIQ+), en especial la de las personas trans e intersex, por su derecho a la identidad.
El cambio de nombre es legal en Venezuela desde 2010, año en que entró en vigor la actual Ley Orgánica del Registro Civil (LORC).
Así se refleja en el artículo 146 que detalla que se realizará este cambio.por una sola vez“, cuando el nombre de una persona “sea infame, objeto de escarnio público, atente contra su integridad moral, honor y reputación, o no corresponda a su sexo, afectando el libre desarrollo de su personalidad.“.
A pesar de esto, 13 años después de la entrada en vigor de este reglamentoEn el país, las personas que quieren ejercer su derecho a la identidad con un cambio de nombre, enfrentan la misma barrera: el CNE.
La organización electoral es responsable, a través de uno de sus órganos subordinados (la Comisión de Registro Civil y Electoral), de regir los asuntos relacionados con el Registro Civil.
Una promesa rota y una población que espera
Para Richelle Briceño, quien además de abogada es una mujer trans, esto sucede porque los funcionarios del Estado y del CNE afirman sus prejuicios por encima de los derechos contemplados en la ley. “No hay otra razón, no es una cuestión de interpretación de la ley. La ley (Registro Civil Orgánico) es clara“.
El 21 de noviembre de 2022, tres activistas LGBTIQ+ se encadenaron frente a la Defensoría del Pueblo para exigir, entre otras cosas, la derecho a la identidad y respeto del artículo 146 de la LORC. Richelle recordó que esto sirvió para generar cierta “respuesta” por parte del Estado.
“Cuando se levanta este paro es porque se realizaron varias reuniones: con la Asamblea Nacional, con la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. Desde la Asamblea se supuso que no se cumplía el artículo (146 LORC).“comentó.
El juez agregó que durante estas reuniones los diputados Pedro Infante e Iris Varela se comprometieron a hacer cumplir la ley con el CNE.
“Este puente entre la AN y el CNE es lo que nos permitió acercarnos a pedir respeto a la 146. El CNE determina que no es necesario pedir la interpretación, reconocer que cualquier persona puede solicitar un cambio de nombre. En todo caso, establecen que deberán aplicar dos medidas: una administrativa y otra tecnológica, para cumplir con el cambio de nombre.“dijo Briceño.
En particular, habría que “adaptar” una resolución administrativa de la CNE para regular lo que corresponde al cambio de nombre, y luego esperar que la CNE respete “la adecuación de su plataforma tecnológica”, algo que exige la Identificación Administrativa, Migración. El servicio ya se ha hecho. e Inmigración (Saime).
Desde entonces, la comunidad trans e intersex ha estado esperando una respuesta que no se ha dado.
En 2023 se realizaron varias protestas en la sede del CNE en la Plaza Caracas para pedir, sin éxito, que se inicie el cambio de nombre en función del género, algo que aún no ocurre en el país.
Un derecho que no es un capricho
El derecho a la identidad de las personas trans, no binarias e intersex es un derecho y al no poder acceder a él, sufren en consecuencia un deterioro en su calidad de vida.
“Al no tener acceso al derecho a la identidad, están condenados a una situación de vulnerabilidad que se refleja en la vida cotidiana: no poder acceder a un trabajo digno, no poder romper los círculos de pobreza y pobreza extrema.“Yendri Velásquez, coordinadora del Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+.
A juicio del activista, esta situación incide en la precariedad económica de las personas, que en algunos casos las deja aún más marginadas en una sociedad venezolana que carece de políticas para atender sus necesidades.
“Hoy en día, las personas trans, no binarias e intersexuales no participan formalmente en la actividad económica, por muy limitada que sea. Sumado a esto, vemos como se dificulta el acceso a la salud y la educación debido a este problema. Como todos los derechos humanos, el derecho a la identidad y su carencia impide el acceso a otros derechos“él dijo.
Un caso particular en el que esto ha tenido impacto, va de la mano con el trabajo que realiza la OVV-LGBTIQ+, el de monitorear los hechos de violencia que sufren las personas de la comunidad.
“Cuando una persona trans quiere ir a la fiscalía especial, la unidad de atención a víctimas le pide su documentación y sucede que cuando se presenta el documento se generan los procesos dilatorios y pueden ser procesos revictimizantes de manera que las personas trans. puede informar“comentó.
En los casos específicos de las mujeres trans, el hecho de que no se reconozca su identidad hace que las agresiones no sean consideradas como actos de género y no estén sujetas a leyes que protejan a las mujeres, sino que se asumen como una agresión común sin el agravante. . .
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