De los 15 presos fugados, 5 se han fugado. Continúan los operativos de seguridad en varios municipios de la región para rescatarlos e impedir que se dirijan a Colombia.
San Cristóbal. La serie masiva de fugas registradas en varias cárceles del estado Táchira en los primeros cuatro meses del año ha generado alarma entre las autoridades que han intensificado los operativos de búsqueda para localizar a los presos fugados.
Según cifras oficiales, entre enero, febrero, marzo y abril una decena de presos se fugaron de al menos tres cárceles de esta zona fronteriza. A la fecha, cuatro de ellos permanecen prófugos pese a ser procesados por el Equipo de Investigación Científica, Penal y Criminalística (Cicpc) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Este aumento de evasiones de similares características es una de las señales más claras en las investigaciones iniciadas por las autoridades para conocer las causas. En paralelo, intentan evitar ir a Colombia.
El primer incidente ocurrió el 29 de marzo en el Centro Correccional Oeste en Santa Ana. Municipio de Córdoba, Cuando cuatro presos aprovechan una visita para salir por las alcantarillas, se instala parte trasera del edificio.
Gabriel Malavé, 35 años; Jesús Rodríguez, de 30 años; Édgar Méndez, 44 años; José Valero, 30 años; Dos de ellos eran originarios del estado Sucre y se dirigían al departamento de La Petrolia en el municipio de Junín. Valero fue recapturado tras un operativo del Cuerpo de Investigación Científica, Penal y Criminalística (Cicpc) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Los otros tres se encuentran prófugos de la justicia. Todos cumplían condenas por delitos como violencia sexual, tráfico de drogas y falsificación de documentos.
Cicpc se escapa
Luego, la noche del 8 de abril, dos hermanos, Ricoberto Sarría y Gerardo Sarría, Uno de ellos es un exfuncionario del Cicpc que se fugó del comando de la organización, en la vía a Sorro El Indio en el municipio de San Cristóbal.
Ambos sujetos quedaron detenidos por el presunto asesinato de Johan Vargas, quien fue baleado en el bosque de Lopadera el 16 de diciembre de 2023. Los acusados fueron detenidos el 11 de enero. Pasado.
Gerardo Sarria fue condenado a 19 años de prisión y su hermano fue a juicio, según información difundida por el Ministerio Público. Aunque las autoridades anunciaron un operativo para rescatarlos, hasta la fecha se desconoce el paradero de los dos.
fracaso del estado
Según Jesús Alberto Berro, abogado y exdirector de la Policía del Estado Táchira, estas fugas provocan retrasos procesales y hacinamiento en los centros de detención temporal porque los presos no son trasladados a tiempo a las cárceles, donde los reclusos permanecen retenidos por largos períodos de tiempo.
La falta de transferencias genera hacinamiento, uno de los principales problemas del sistema de justicia del país. Recordó que las cárceles eran infraestructuras deficientes para los reclusos y que los centros de detención no tenían espacio suficiente para albergar a más de una docena de reclusos.
Los centros de detención exceden su capacidad en un 300%, por lo que no pueden retener a un preso por más de 48 horas, explicó el experto. Esto significa que transcurrido este plazo los presos deben ser trasladados a la prisión. Pero debido a retrasos procesales, están a la espera de una condena o el inicio de un juicio.
El tema del hacinamiento no es nuevo, aseguró el abogado, en parte por eso “Una doctrina penal y toda política pública que el gobierno está desarrollando en materia de centros de detención.”
Los centros primarios son refugios para personas detenidas por delitos graves mientras pasan por el sistema judicial. Tras el juicio, si reciben una condena, deberán ser trasladados a centros secundarios.
Esta fase del proceso judicial no se cumple, pero lamentó, porque en la mayoría de los casos se puede llegar a juicio, incluso algunos condenados se encuentran en prisión preventiva. Como resultado, los mandos policiales están saturados.
“Permiten que estas personas como imputados y delincuentes permanezcan permanentemente, cuando no tienen dónde retenerlos allí, lo que significa que hay una actividad disfuncional en el tratamiento del recurso venezolano”, puntualizó.
Fuga masiva
La mayor fuga se produjo el 26 de abril en el Destacamento T-215 de la Guardia Nacional en La Pedrera, donde se fugaron nueve presos. El reporte indicó que la fuga se produjo a primera hora de la mañana en la sede de la GNB ubicada en el municipio de Libertador.
Los detenidos fueron identificados como Jefferson Díaz, Juan Manuel Greaterol, Marcelino Mercado, Jesús Ortiz, Jonathan Rivera, Ryder Guzmán, Carlos Reyes, Javier Moreno y Jesús Atencio.
Los nueve fueron recapturados en distintos puntos de la empresa. Uno de ellos fue capturado el mismo día. Otros ocho en los días siguientes. En este caso, 7 personas, entre civiles y soldados, fueron arrestadas en relación con la fuga.
En este caso, destacó Pero, es fundamental ser honesto El poder judicial debe hacerlo funcionar. Es decir, cumplen con los estándares penitenciarios establecidos, respetando las condiciones mínimas para una vida digna de los presos.
Dijo que es urgente desmantelar el Cicpc, las unidades de la Guardia Nacional Bolivariana y la sede de la PNB.
Cómplice
La coordinadora del capítulo Táchira del Observatorio Venezolano de Violencia, Yency Menezes, lamentó que las fugas se repiten una y otra vez. Según él, el patrón de recurrencia muestra la complicidad de las autoridades de los centros de detención en el último caso en el que se ordenó la detención de los funcionarios del centro de detención después de las investigaciones.
Al escapar del mandato del Cicpc, advirtió sobre un conflicto de intereses derivado de la decisión de elegir el mismo organismo de seguridad como centro de detención temporal protegido por excompañeros.
Para Menezes, es necesario acelerar los traslados pertinentes a centros penitenciarios para evitar la posibilidad de fuga.
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