Desde el 20 de septiembre de 2022, un ciudadano de nacionalidad malasia, pero solicitado por Estados Unidos, se encuentra recluido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) en las instalaciones de El Helicoide, con la calificación de “preso protegido”. Aunque no ha cometido delito en el territorio venezolano y tampoco ha tenido alguna actividad relacionada con la política, este hombre sigue preso y aislado en la principal sede de la policía política porque formaría parte de las fichas de intercambio que el gobierno de Nicolás Maduro utiliza para conseguir que el empresario colombiano, Alex Saab y socio de su gobierno, sea liberado del proceso quese le sigue en EEUU, confiaron fuentes de alto nivel, conocedoras del caso. Leonard Glenn Francis, de 57 años, fue detenido en 2014 en Estados Unidos y llevado a un juicio por estafa y corrupción a la Armada estadounidense (U.S. Navy). Su caso fue muy sonado en los medios de comunicación social ya que el proceso que se le siguió implicó una red de oficiales de todos los rangos desde altos, medios y bajos. «Fat» (Gordo) Leonard sobornó a funcionarios de la marina de guerra, desde almirantes hasta capitanes, para obtener contratos de servicios marítimos en puertos de Asia como Malasia, Singapur, y otros importantes puertos que suele utilizar la marina estadounidense en sus actividades en la región. La empresa “Glenn Defense Marine Asia Ltd”, radicada Singapur, y propiedad de Leonard se dedicaba al servicio de atención en los puertos, desde la llegada del buque, recibimiento del personal, hasta el abastecimiento para su estadía. La firma amplió sus servicios ofreciendo alojamiento en lujosos hoteles al personal, comida, manejo de relaciones públicas, organización de reuniones y actividades más allá de los trámites portuarios, a quienes favorecía con fiestas, buena comida, bebidas y otros “servicios extras”, según se estableció en la acusación de los tribunales. Esa actividad le permitió fortalecer sus vínculos con altos oficiales y de esa manera recibir información privilegiada de la fuerza naval estadounidense e incluso conocer con anticipación el cronograma de movimientos de los buques en el oriente asiático, con lugares y fechas. De esa manera ganaba las licitaciones con prioridad. En 2012 comenzaron a investigarlo y establecieron que ciertamente había hechos de corrupción. En 2014 fue detenido en San Diego, Estados Unidos. Lo citaron a un hotel con la excusa de “cuadrar nuevos planes” y en realidad era un operativo para su detención. A partir de allí quedó detenido y se realizó toda la investigación. A Leonard le ofrecieron una reducción de la posible condena a cambio de reconocer su culpabilidad y testificar en contra de los oficiales con los que estableció la red de corrupción. Para ese momento, la Fiscalía de San Diego no tenía suficiente información proveniente de los servicios de inteligencia de la policía de la Armada (NIDS). Poseían información genérica, pero no suficiente para llevar a cabo un juicio en su contra y contra la red de militares y funcionarios estadounidenses. Leonard aceptó colaborar con las autoridades por lo cual la investigación permitió emprender el juicio en el que quedaron implicados 34 oficiales a quienes les aplicaron sentencias de hasta nueve años de prisión, especialmente a los de bajo rango desde capitanes de fragata hacia abajo. De acuerdo a lo que le informó a su abogado venezolano Marcos Rodríguez-Acosta, Leonard debía pagar 35 millones de dólares pero con un acuerdo aceptó su culpabilidad: “Me escapé después de que el gobierno de Estados Unidos me utilizó para condenar a todos los altos oficiales corruptos de la Marina de EEUU y funcionarios del gobierno. Colaboré durante nueve años. Cientos fueron juzgados en secreto bajo la justicia militar y el resto ante el Tribunal Federal que era de dominio público. El acuerdo se trataba de cooperar, testificar y me liberaban al final. Ellos mintieron”.Leonard Glenn Francis Leonard Glenn Francis fue encontrado culpable en la última audiencia y solo faltaba emitir la sentencia final en donde se le establecía la pena. En esa espera su equipo de abogados le informó que inevitablemente iba a ser condenado y que el acuerdo con el tribunal no se iba a cumplir porque las autoridades querían sentar un precedente y no podían dejarlo libre en un caso que había afectado severamente el prestigio de la Armada estadounidense. La fuga desde Estados Unidos En virtud de esa información, sin comunicarle a nadie, armó su plan de escape y se fugó el 11 de septiembre de 2022. Leonard cumplía prisión de casa por cárcel en San Diego, California, cerca de la frontera con México. Se encontraba recluido allí con un permiso del tribunal, como medida humanitaria ya que había sido operado para extirparle un riñón por un cáncer avanzado. Se deshizo del grillete electrónico de la tobillera con GPS que le impuso el tribunal para tenerlo monitoreado y se escapó vía México. De allí se fue a La Habana, Cuba, con la idea de viajar a Rusia para regresar a Malasia, pero se negaron a recibirlo. Los cubanos le recomendaron que se fuera a Venezuela desde donde podría conseguir un vuelo directo. En efecto llegó a Venezuela, en ruta La Habana a la isla de Margarita, el 13 de septiembre, como turista y allí permaneció unos días hasta el 20 de septiembre cuando decidió tomar un avión a Caracas en vuelo nacional. Fat Leonard, preso para intercambio No fue bien recibido Su idea de que en Venezuela no sería retenido ni extraditado resultó todo lo contrario. En el Aeropuerto Nacional de Maiquetía lo detuvo Interpol, en virtud de la orden de detención internacional solicitada por EEUU al ser fugitivo. Fue presentado en un Tribunal de Control desde donde lo trasladaron a una División Especial en El Helicoide, que resguarda la Policía Nacional Bolivariana, llamada División de Asuntos Estratégicos. Esa División está en un anexo en el que se encuentran todos los detenidos por el caso de corrupción de Tareck El Aissami y otros presos de gran interés político para el gobierno venezolano. El Tribunal de Control envió el expediente a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y esta Sala, con la ponente magistrada Elsa Yanet Gómez Moreno, en fecha 13 de octubre de 2022, emitió un auto en donde ordena la notificación de extradición a EEUU y se les notifica que tienen 60 días continuos para que presenten su solicitud de extradición con todos los recaudos pertinentes. De acuerdo a lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal y el acuerdo de extradición que hay entre EEUU y Venezuela, de no consignar esa solicitud en el plazo de los 60 días, el tribunal ordenará la libertad del detenido. Así ocurre en gran parte de los casos a menos que esa persona esté requerida por otros países o por delitos graves como terrorismo, narcotráfico, entre otros. En este caso se trata de un delito de corrupción cometido en EEUU pero no en territorio venezolano. Es de destacar que actualmente no hay relaciones diplomáticas formales entre ambos países; por esas circunstancias varios casos de solicitudes de extradición se han negado, o no se han cumplido las normas internacionales que la rigen, como este caso de Leonard Francis, en donde no se procedió a la extradición y tampoco fue liberado a los 60 días. Desde Malasia piden ayuda Por la situación y el aislamiento que padecía el detenido, su pareja, con quien vivía en Malasia, contactó al abogado venezolano Marcos Rodríguez-Acosta el 22 de septiembre de 2022, quien desde ese momento comenzó gestiones para entrevistarse con su futuro representado y enterarse de los detalles de su caso. Acumuló una serie de documentos como la carta donde se le pide que represente al detenido, videos de los familiares respaldando la solicitud y solicitando información sobre Leonard, pero no le permitieron ingresar al SEBIN. Pasaron días y no le respondieron, así que volvió a presentar un nuevo escrito. Lo recibió el mismo funcionario anterior quien le ratificó que “no le podía dar acceso porque el señor Leonard Glenn Francis era un detenido protegido por el Estado venezolano. Que lo estaban protegiendo de Estados Unidos”. Ante ese impedimento el abogado Rodríguez-Acosta se fue al TSJ para solicitar permiso para reunirse con Leonard y formalizar el acuerdo como abogado de la defensa. Allí le informaron que eso no era competencia del TSJ, a pesar de que el caso se encontraba abierto en la Sala Penal…
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El oscuro caso de Fat Leonard, el preso que Maduro protege para negociar con Biden
Redacción - Voz Venezolana
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