La llamada policía científica de Venezuela citó a declarar al coordinador de Provea, Oscar Murillo, en el marco de una investigación por los delitos contemplados en la Ley contra el odio, para la convivencia pacífica y la tolerancia.
Caracas. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Penales (Cicpc) convocó a la coordinador general de la ONG Provea, Oscar Murilloen el marco de una investigación por la presunta comisión de un delito de odio.
La propia ONG informó este martes 19 de noviembre la citación de Murillo para mañana miércoles en la sede del Cicpc en la avenida Urdaneta de Caracas. La notificación de la medida que fue enviada a Provea dice “citación”, aunque no aclara el motivo.
Provea dijo en un comunicado de prensa que la citación se basa en una investigación de la delegación municipal del Cicpc en San Cristóbal. Esta investigación es por la presunta “comisión de un delito” según la Ley Antiodio.
En este sentido, la ONG indicó que este instrumento legal “ha servido para procesar y acusar a cientos de detenidos y escalar el delito de persecución por motivos políticos” en Venezuela.
https://twitter.com/_Provea/status/1858849019411435543
Especialmente después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, se produjo “una vertiginosa escalada de abusos” de los derechos humanos en el país, según la ONG. Esto ocurrió en el marco de los allanamientos contra los manifestantes que rechazaron los resultados oficiales de las elecciones, que dieron como ganador al chavista Nicolás Maduro con más del 51% de los votos.
Las amenazas de Diosdado Cabello
A finales de octubre, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, advirtió que los directivos de Provea serían “convocados” luego de que la ONG denunciara el “asesinato” del líder opositor Edwin Santos.
Varios testimonios en redes sociales señalaron que Santos había “desaparecido” el 23 de octubre tras ser abordado por fuerzas de seguridad del Estado. Este hecho fue denunciado públicamente por sus familiares a través de un video realizado por su esposa, Loliveth Álvarez, y el sacerdote jesuita Gerardo Rosales, según recordó este martes Provea.
Sin embargo, las autoridades dijeron que la muerte de Santos, activista del partido Voluntad Popular en El Nula, estado Apure, se produjo debido a un accidente mientras circulaba en su motocicleta. El presunto accidente ocurrió entre los sectores El Jordán y Naranjales, en la vía El Piñal en el municipio de Fernández Feo, estado Táchira.
Provea dijo que tras denunciar las denuncias de los familiares de Santos, “las autoridades han promovido actos de hostigamiento contra quienes exigen una investigación” sobre su muerte.
Integrantes de Provea, en “situación de riesgo”
Entre 2020 y 2024, el Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Determinó que los integrantes de Provea “se encuentran en una situación de riesgo en el marco de su labor como defensores de derechos humanos” ante las “señales estigmatizadoras” de las autoridades venezolanas.
Por ello, en abril de 2024 se amplió el rango de protección “a todos los integrantes de Provea”, a quienes considera en riesgo por su labor como defensores de derechos humanos en Venezuela.
“La situación de los integrantes de Provea se ha agravado con el tiempo, extendiéndose la situación de riesgo de la coordinación de la institución a todos sus integrantes”, afirmó la CIDH.
En este sentido, la ONG recordó este martes que estas medidas cautelares incluyen a Óscar Murillo.
Este mismo día, Amnistía Internacional (AI) instó al líder venezolano, Nicolás Maduro, y a las autoridades del país a “cesar el acoso” contra Provea.
“Su contribución histórica a los derechos humanos en el país no puede ser castigada ni silenciada”, afirmó AI en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X.
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