La abogada, conocida por su trabajo a favor del chavismo, afirma ser víctima de “un castigo” por cuestionar los resultados electorales y criticar las decisiones del gobierno de Nicolás Maduro en los últimos cinco años.
Caracas. Ud. La abogada venezolana María Alejandra Díaz, quien hasta 2020 apoyó las ideas del gobierno de Nicolás Maduro, fue sancionado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con una “suspensión indefinida” del ejercicio de su profesión y una multa de 100 euros, medidas que considera ilegales y un “castigo “. “”por sus críticas y posturas contra el Ejecutivo.
Este miércoles 13 de noviembre, durante un acto remedial a su favor, organizado por los movimientos disidentes del chavismo que gobierna, incluido el Partido Comunista de Venezuela (PCV), Díaz explicó que las medidas en su contra son una “pase factura” del Gobierno por haber asistido jurídicamente un recurso en el que varias organizaciones políticas solicitaban la publicación de las actas electorales de las elecciones del 28 de julio.
Este recurso fue rechazado la semana pasada por el Tribunal Supremo, que condenó y sancionó al jurista “ante las graves acusaciones” en el amparo constitucional introducido días atrás y que el TSJ consideró “cuestiona y irrespeta el poder que ostenta” esta institución y que “no pretenden generar zozobra y conmoción en la población”.
Condenado sin defensa
Díaz, reconocido por su larga trayectoria a favor del partido de gobierno en los escenarios nacional e internacionalDestacó que su pedido y el de todos los disidentes del chavismo que lo apoyan ha quedado circunscrito en el marco jurídico venezolano e incluye el respeto de una decisión emitida por el propio TSJ, la publicación de las actas desagregadas de las elecciones presidenciales.
“Lo paradójico de esta sanción es que lo que pedimos fue que, como usted mismo publicó un fallo ordenando al Consejo Nacional Electoral (CNE) publicar los resultados, nosotros le pedimos que publique los resultados”, dijo el abogado de 35 años. . de la práctica profesional.
Pidió que la sentencia en respuesta a este recurso presentado por ella en nombre del Frente Democrático Popular, alianza cívica de militantes disidentes chavistas, no sólo limite el ejercicio de su derecho al trabajo, sino también imponer una pena de suspensión que procede únicamente después de un procedimiento disciplinario previo, que es responsabilidad exclusiva del Colegio de Abogados.
En este sentido, Díaz aseguró que, como ciudadano, se encuentra en un “limbo legal”, ya que la medida es nula por no seguir el procedimiento y, además, tiene una duración “indefinida”, lo que contradice la normativa venezolana. donde las sanciones. debe tener plazos en el tiempo.
Insistió en que solicitó ante el Colegio de Abogados y ante la propia Sala Constitucional del TSJ la sentencia completa en la que es sancionada, así como una aclaración de la decisión para determinar si debe acudir al colegio de profesionales del derecho o a un tribunal para apelar la decisión.
La sanción al abogado incluye el pago de “cien veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor establecido por el Banco Central de Venezuela”, lo que equivale a 100 euros, y advierte que si no paga a tiempo , “Esta pena puede incrementarse entre un tercio y la mitad del importe total de la multa”.
Sin embargo, Díaz dijo que visitó al menos seis instituciones bancarias para pagar la multa, pero no pudo hacerlo porque no tenía la sentencia completa y los detalles de la cuenta en la que deberá depositar el dinero.
un estigma
Para la abogada, “el estigma persigue a quienes vienen del chavismo”, pues aseguró que ahora vive un “doble ostracismo”, cuando ninguna organización del gremio de abogados ni la asociación de esta profesión en el pueblo se pronunció. la medida en su contra que, aseguró, no tiene precedentes.
En este sentido, instó al gremio de abogados a pronunciarse sobre la suspensión en su contra, medida que, consideró, pone en peligro a todos los abogados que exigen “el respeto de un derecho constitucional”.
“El que está amenazado es el gremio de abogados. Es lo más grave de toda esta sentencia y por eso creemos que hay que actuar (…) La justicia no puede seguir usándose para castigar a quienes resultan inconvenientes” , dijo.
Pese a las represalias en su contra, Díaz aseguró que mantendrá su apoyo a las madres de los más de 1.300 detenidos en el marco de las manifestaciones postelectorales, a las que acompaña en diversas manifestaciones públicas y en procesos judiciales para exigir la liberación de su parientes.
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