Según el Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+, en cuatro meses de 2023 hubo 20 casos de discurso de odio, casi el mismo número que se registró en todo 2022 (22 casos).
Caracas. “Marzo fue un mes que se destacó por los discursos de odio emitidos por funcionarios o figuras públicas. Esto genera una gran preocupación porque en cuatro meses de 2023 casi hemos llegado a la misma cifra que en todo el año 2022.“dijo Glorielys Pérez, coordinadora del Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+ en Venezuela.
Lo señalado por el investigador no es una exageración, ya que según las cifras del Observatorio, en 2022 hubo 22 casos de discurso de odio contra la población lesbiana, gay, bisexual, transgénero, intersex y queer (LGBTIQ+), mientras que en 2023, a finales de abril, la cifra era de 20.
Explicó que el discurso de odio atenta contra la dignidad de las personas de la comunidad y tiene un agravante: en muchas ocasiones estos discursos sean realizadas por funcionarios públicos o figuras vinculadas al Estado venezolanolas mismas que deben velar por los derechos humanos de los ciudadanos.
Jeffrey Rodríguez, coordinador y asesor legal del observatorio, dijo que le preocupa que estas personas utilicen sus plataformas y medios para transmitir mensajes en contra de la comunidad LGBTIQ+, ya que tienen un gran poder de alcance e influencia.
Es bastante preocupante porque el odio es promovido por funcionarios del Estado en las áreas en las que estas personas tienen influencia, no solo con su poder de convención, sino también con la capacidad de influir en el pensamiento y el comportamiento de las personas. Esto conduce a una multiplicación de la violencia contra las personas LGBTIQ+ en Venezuela“comentó.
En esta línea, Rodríguez calificó el espacio de comunicación como “extremadamente violento” para personas LGBTIQ+ y preguntar si hay medios y periodistas escuchando “con la propiedad de hablar de nosotros sin saber“.
“Esto lleva a que se creen personas heterosexuales cisgénero con el poder de hablar libremente sobre los genitales de las personas trans. Es algo normalizado y representa violencia.“él explicó.
Sin leyes ni consecuencias
Una de las principales críticas que tiene Yendri Velásquez, activista de derechos humanos y coordinadora del observatorio, respecto al discurso del odio es la ausencia total de medidas para prevenir o sancionarsituación que, comentó, es generalizada para todo tipo de casos de violencia contra las personas LGBTIQ+.
“Venezuela es uno de los últimos países de la región en garantizar estos derechos a esta parte de la poblaciónno existe el matrimonio igualitario, no existe una ley de identidad de género, no existe una ley que tipifique los delitos de odio como agravantes en los asesinatos.“.
Velásquez citó la negativa del Estado a respetar el derecho a la identidad de las personas trans, con el cambio de nombre garantizado por el artículo 146 de la Ley del Registro Civil. En cuanto a la no discusión del matrimonio igualitario en la Asamblea Nacional (AN), el mismo parlamento es plataforma de muchos de los discursos de odio contra la comunidad, a su juicio.
En los casos de violencia que existen, el Estado no ha hecho nada, no ha garantizado la justicia, pero tampoco ha hecho nada para generar políticas públicas para evitar que esto continúe. Vemos discursos de odio cada vez más repetitivos en áreas de poder. La AN fue uno de los principales espacios de difusión de estos discursos“.
El activista también expresó su preocupación por lo que parece ser el acercamiento del Estado venezolano a las tendencias religiosas que también se han caracterizado por emitir discursos en contra de la comunidad LGBTIQ+.
“Estas alianzas del Estado con las iglesias neopentecostales nos preocupan porque pueden ser vistas como una carta abierta para continuar con este tipo de discurso. También nos preocupa algo que dijo Espacio Público en su reciente informe: subvenciones radiofónicas a iglesias evangélicasestos como espacios potenciales para masificar discursos contra la comunidad LGBTIQ+ y también contra las mujeres“comentó Velásquez.
Actualmente, no existe ningún tipo de legislación que proteja específicamente a la comunidad LGBTIQ+ o que tipifique como delitos de odio los ataques y asesinatos contra sus miembros. Tampoco existen políticas de educación y concientización de los funcionarios públicos.
Para Velásquez, esta situación crea las condiciones para que estos discursos, y cualquier otro tipo de ataques que se hayan registrado, se repitan con todo el apoyo por omisión del Estado venezolano.
“La no garantía de los derechos y la política de Estado de homofobia y transfobia, porque hay que decir que la discriminación de las personas LGBRIQ+ es una política de Estado, no sólo en la acción directa, sino también en la omisión de las preguntas que preguntó.“condenado
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