Luis Martínez
El investigador Alejandro Álvarez del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) de Guyana dijo en entrevista con Radio Fe y Alegría Noticias que uno de los principales obstáculos para enfrentar la esclavitud de los niños en Venezuela es la falta de reconocimiento por parte del Estado y la falta de políticas públicas encaminadas a solucionar este problema.
Además, criticó la negligencia de los órganos encargados de proteger los derechos de la niñez y la adolescencia, lo que empeoró la situación con el tiempo.
“Ha habido una falla o negligencia en materia de protección, porque los órganos encargados de proteger estos derechos no han cumplido con sus obligaciones establecidas por la ley, agravando esta situación con el paso de los años”, afirmó.
El CDH-UCAB ha identificado al menos 1.300 niños trabajando en minas en el estado Bolívar. Estos niños realizan jornadas de trabajo extenuantes de más de 12 horas, cargando pesos inadecuados para su edad y trabajando en zonas subterráneas peligrosas o como operadores de “máquinas” en minas.
La explotación de los niños adopta muchas formas, incluido el trabajo forzoso, la explotación laboral, la explotación sexual, la trata de personas, los matrimonios precoces y las organizaciones sindicales, el reclutamiento por parte de grupos armados y el tráfico de órganos.
“Desafortunadamente, los niños son víctimas de todo este tipo de formas de esclavitud moderna”, afirmó.
Las niñas y los adolescentes son particularmente vulnerables. La CDH-UCAB documentó que al menos el 35% de las 3500 mujeres víctimas de explotación sexual eran niñas o adolescentes, algunas de ellas explotadas desde los 7 años.
La normalización de la esclavitud infantil en la sociedad también contribuye a invisibilizar este problema. Por ejemplo, en el caso de los matrimonios y uniones precoces, hay mujeres que conviven con hombres mucho mayores, muchas veces con una diferencia de edad de más de 10 años.
Además, la mendicidad subcontratada es un fenómeno preocupante. Según Álvarez, en el municipio de Caroní se han documentado más de 200 niños que viven en la calle y son enviados a pedir limosna a sus padres.
