En un extenso informe de 158 páginas, Misión de la ONU acusa a fuerzas de seguridad y grupos civiles armados leales al gobierno venezolano por presuntas violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Venezuela, que es signataria de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, siempre ha quedado en el pasado por su defensa y promoción de los derechos humanos en el mundo, a pesar de los dictadores de su historia.
Un documento fechado en 1863, cuando aún no se había concebido el término “derechos humanos”, puede probarlo.
En 1863, Venezuela quedó devastada. Una guerra civil devastó lo que se había construido con gran esfuerzo y compromiso tras los 20 años del conflicto independentista. La Guerra Federal acabó con todo, las cifras son sorprendentes: las estimaciones varían entre 150.000 y 200.000 muertos (de una población total de unas 1.800.000 personas). Al finalizar el conflicto, el nuevo presidente, el general Juan Crisóstomo Falcón, quería sobre todo restablecer el orden mediante el reconocimiento de las libertades y derechos fundamentales.
Para ello publicó el Decreto de Garantía, el 18 de agosto de 1863. En él no sólo contenía la esencia de los ideales liberales y federales del partido de Falcón, sino también la voluntad política de proteger las libertades esenciales de los ciudadanos: vida, propiedad, inviolabilidad del domicilio doméstico, intimidad, libertad de pensamiento y expresiónla libertad de educación, el derecho al voto, a la asociación pacífica sin armas y en general todo lo relacionado con la libertad personal.
También se reconoce la abolición de la esclavitud el 24 de marzo de 1854 y se dice que ni Bajo Seco ni La Rotunda deberían ser más cárceles.
Ninguna de las disposiciones se cumplió en los años inmediatamente posteriores al decreto. Todas las libertades y derechos consagrados en el documento han sido violados por el propio Estado y también por los dirigentes que, de revolución en revolución, han ido y venido del poder.
La Rotonda no sólo fue utilizada nuevamente como prisión, sino que se convirtió en el principal centro de tortura y represión política de la dictadura de la vida del General Juan Vicente Gómez, hasta su demolición por orden de su sucesor Eleazar López Contreras en 1936, quien quiso borrar todo. huellas de sufrimiento.
La falta de preocupación por la memoria histórica de López Contreras, entendida en su contexto, buscó borrar el borrón y cuenta nueva en medio del nuevo ambiente político y el aire de transición.
Pero más allá de estos hechos, la intención es resaltar El Decreto de Garantía de 1863 es un precedente importante para la historia de los derechos humanos en Venezuelaun dato quizás desconocido u omitido por los expertos en el tema cuando se refieren al origen de la lucha por las libertades fundamentales en el país.
