Crónica Uno consultó a varias organizaciones venezolanas sobre el impacto que tiene en la sociedad civil la aplicación de la ley antiONG, que sólo falta promulgarla en el Diario Oficial para poder ser aplicada.
Caracas. La aprobación del Ley para la Supervisión, Regularización, Actuación y Financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Organizaciones AfinesMás conocida como la ley antiONG, ha despertado los temores de activistas y defensores de derechos humanos en Venezuela que han advertido que se trata de una ley regresiva que impide la libertad de asociación.
El derecho de asociación está consagrado en el artículo. 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, hace más de un año, cuando el Parlamento Nacional emprendió la elaboración de este instrumento legal, no sólo habló la sociedad civil venezolana, sino también organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de Derechos Humanos. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos expresó el inconveniente de aprobar esta norma.
Crónica. Uno consulte a los líderes de organizaciones venezolanas que operan en diferentes ámbitos sobre los temores que la inminente aplicación de esta ley genera en su trabajo y en los beneficiarios del trabajo de estas ONG y estas son sus respuestas textualmente:
¿Qué significa la aprobación de la Ley AntiONG?
Alí Daniels, codirector de Acceso a la Justicia
Desde la perspectiva de Daniels, lo que busca la ley antiONG, como ya pasó con los partidos políticos, es que haya una sociedad civil tranquila, mansa y cómplice.
“Lo que se busca es silenciar las voces que tienen opiniones independientes, críticas y, sobre todo, aquellas que están vinculadas a denuncias de derechos humanos”.
El experto ve la sanción de la ley por parte de la mayoría chavista en el Poder Legislativo como una nueva fase de la ola represiva que enfrenta el país. “Va a dificultar mucho el ejercicio de la libertad de asociación en general, no sólo para las organizaciones de derechos humanos, sino para todos, ya que impone una serie de obligaciones que dificultan el ejercicio de la libertad de asociación”.
El abogado recordó que la ley también establece una serie de sanciones, algunas discrecionales, como el caso de la medida preventiva de suspensión que permitiría cerrar una organización por tiempo indefinido.
“Lo que busca es crear una sociedad civil adecuada, por lo que sólo se legalizarán las organizaciones que el Gobierno no perciba como contrarias o críticas”.
Carlos Correa, director de espacio público
El periodista calificó la ley como “profundamente regresiva que tiene una característica que es que prácticamente obliga a que todas las asociaciones civiles del país, de cualquier tipo y naturaleza, tengan que volver a registrarse y, luego de cumplir con estos requisitos de registro, deben ser aprobadas”. por un ente regulador que es el Ministerio del Interior y de Justicia.”
Además, la ley establece categorías muy genéricas en relación a la prohibición de algún tipo de categoría. Así, por ejemplo, si una organización de un grupo de personas considera importante promover el pensamiento liberal, no podría registrarse porque, según la ley, es inaceptable que exista este tipo de organizaciones en Venezuela.
Por otro lado, agrega, somete a las organizaciones de toda la sociedad a reiniciar sus registros y tiene un impacto negativo muy fuerte en la vida asociativa del país porque, además, establece requisitos adicionales que complejizan el trabajo de las distintas organizaciones. . y difícil de la sociedad civil.
Cristina Burelli, fundadora de SOS Orinoco
SOS Orinoco, desde su fundación en 2018, ha tomado las medidas necesarias para poder documentar y denunciar el ecocidio perpetrado por “el régimen ilegítimo y criminal de Nicolás Maduro”. Portavoces de las ONG dijeron que se mantienen en alerta y son muy conscientes de que se trata de un “régimen que no respeta ni la Constitución ni las leyes” de Venezuela.
“Esta ley anti-ONG es otro abuso de un régimen ilegítimo, para el que las leyes y los derechos de los ciudadanos no importan ni son respetados. Es un ejemplo más de su carácter arbitrario y dictatorial”.
Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap
Esta ley sancionada representa una violación del derecho de asociación que tenemos todos los ciudadanos, afirmó Trapani.
La Constitución permite, protege y reconoce la posibilidad que tienen los ciudadanos de asociarse para efectos legales y esta ley representa un obstáculo importante para el ejercicio de este derecho. Sobre todo porque no es claro, hay un alto margen de discrecionalidad y establece normas con ambigüedad que reduce la seguridad jurídica y la discrecionalidad respecto de la aprobación o no, de la existencia o finalidad del funcionamiento de una organización.
Estas restricciones administrativas pueden tener un impacto muy negativo en los programas y la capacidad de acción de la organización, pueden limitar su alcance y eso, sin duda, tendrá un impacto en la población que se beneficia de estas actividades;
En el caso de los niños que reciben asistencia psicológica y psiquiátrica, asesoramiento jurídico y apoyo educativo o programas especiales de formación para la prevención de la violencia, advirtió que “todas estas actividades se ven amenazadas si la ley se aplica en los términos establecidos”.
¿Cuál es el mayor temor de las organizaciones tras la aprobación de la Ley AntiONG?
Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal
“Básicamente, se nos impide seguir brindando apoyo a las víctimas de violaciones de derechos humanos, la asistencia gratuita que les brindamos”, dijo Himiob.
La defensora de derechos humanos puso como ejemplo el contexto reciente de protestas tras las elecciones del 28 de julio. “Si se hace un perfil de las personas, por ejemplo, que están detenidas desde el 29 de julio, hasta este momento en el contexto postelectoral, la mayoría de estas personas, el 98% de ellas, son muy humildes, de bajos ingresos”. No tienen los medios económicos para depender de defensores privados, por lo que este ataque dejará a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos indefensas y a merced de los funcionarios del gobierno.”
Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa
Para el periodista, lo más preocupante es el estado de desprotección en el que quedarán las víctimas “en nuestro caso, periodistas y trabajadores de la prensa”.
La Ley establece mecanismos dirigidos a inhabilitar a las organizaciones que promueven el ejercicio de los derechos humanos y que documentan y defienden a quienes sus derechos son vulnerados.
Otro temor que expresó Ruiz es la pérdida de esperanza en la Justicia. “Sin organizaciones que representen y defiendan a las víctimas, la impunidad tenderá a normalizarse aún más”.
Por último, el activista también teme una mayor persecución y procesamiento de los defensores.
Organización para la defensa de los derechos LGBTIQ+
Como organizaciones de la sociedad civil, la llamada ley antisociedad, coinciden, las deja “desprotegidas y a merced de la homofobia del Estado justificada por una ley inconstitucional” y contraria al derecho de asociación y participación cívica.
“Las poblaciones LGBTIQ+ enfrentan diversos desafíos en Venezuela: discursos de odio por parte de funcionarios y ausencia de protección por parte de las instituciones, criminalización de la comunidad, ausencia de derechos, etc. Por lo tanto, el único espacio seguro de que estos han sido las organizaciones que luchan por sus derechos”.
Los activistas enfatizaron que “la confianza de la población LGBTIQ+ está puesta en nosotros, con su información, sus necesidades y también con sus expresiones de ayuda frente a un sistema que discrimina, excluye, es violento y no responde a lo que esta comunidad pide su bienestar.”
Por lo que consideran que esta ley le otorga al Estado y a sus funcionarios la facultad de actuar de manera discrecional para elegir, evaluar, intervenir y desmantelar organizaciones civiles. Lo que califican de injustificable.
“Esta es una bomba de tiempo para aquellos de nosotros que hemos sido un muro de apoyo entre la homofobia del estado y la gente de nuestra comunidad”.
En mi opinión, el daño que causará esta ley es enorme. “No sólo reduciríamos el espacio cívico de una manera más asfixiante, sino que quedaríamos sin protección de nuestras poblaciones y transmitiríamos su información personal y privada a quienes sabemos que la utilizarán para más acciones que dañan su dignidad”.
Sin embargo, insisten en que seguirán en resistencia, a través de su trabajo, sin moverse pero sin abandonar a quienes lo necesitan.
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