Oscar Murillo pasó más de cinco horas en la sede del Cicpc en Caracas. En la sede de la policía rindió declaraciones en el marco de una investigación sobre presuntos delitos de odio que adelantaba el organismo.
Caracas. Él coordinador general de la ONG Provea, Oscar Murillo, Declaró ante la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Penales (Cicpc) en Caracas en el marco de una investigación por delitos de odio, según una fuente con conocimiento del caso.
Crónica uno Confirmó que Murillo llegó a la sede del organismo policial, en la avenida Urdaneta de Caracas, alrededor de las 10:00 horas de este miércoles 20 de noviembre. Entramos en una oficina y, cuarenta minutos después, Los funcionarios lo trasladaron a otra oficina.
No abandonó la sede del Cicpc hasta pasadas las 15.00 horas. Afuera lo esperaban activistas de Provea y otras ONG, y periodistas de varios medios de comunicación.
Otro informante dijo a Crónica Uno que la Policía interrogó a Murillo “como testigo” y no como imputado, aunque nadie confirmó el caso que investigaba la Policía.
Sin embargo, el propio Provea dijo el martes 19 de noviembre en un comunicado de prensa que la citación a Murillo ocurrió en paralelo a una investigación que realiza la delegación municipal del Cicpc en San Cristóbal por la presunta “comisión de un delito” contemplar en la ley contra el odio.
En este sentido, la ONG indicó que este instrumento legal “ha servido para procesar y procesar a cientos de personas y escalar el delito de persecución por motivos políticos” en Venezuela.
Según Provea, especialmente después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, hubo “una vertiginosa escalada de abusos“ a los derechos humanos.
La amenaza contra Provea se hace realidad
El Ministro del Interior Diosdado Cabello advirtió que las autoridades llamarían a los directivos de Provea a finales de octubre pasado. Esta advertencia se produjo luego de que la ONG denunciara como un “asesinato” la muerte del líder opositor Edwin Santos.
Varios testimonios en redes sociales señalan que Santos había “desaparecido” el 23 de octubre después de ser abordado por fuerzas de seguridad del estado. Este hecho fue denunciado públicamente por sus familiares a través de un video realizado por su esposa, Loliveth Álvarez. El sacerdote jesuita Gerardo Rosales se sumó a la denuncia, según recordó este martes Provea.
Sin embargo, las autoridades dijeron que la muerte de Santos, activista del partido Voluntad Popular en El Nula, estado Apure, se produjo debido a un accidente mientras circulaba en su motocicleta. El presunto accidente ocurrió entre los sectores El Jordán y Naranjales, en la vía El Piñal en el municipio de Fernández Feo, estado Táchira.
Provea dijo que los familiares de Santos denunciaron la muerte del líder. Luego de esto, “las autoridades promovieron actos de hostigamiento contra quienes solicitan una investigación” del caso.
Ataque a la sociedad
El director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, recordó este mismo día que los ataques a defensores de derechos humanos terminan convirtiéndose en ataques a la sociedad en general.
“Cuando se ataca y se persigue a un compañero defensor de los derechos humanos, de alguna manera, se reducen las garantías de toda la sociedad. Es lo fundamental. Cuando Se ataca a un defensor de derechos humanos, se ataca a la sociedad. Venezolano”, dijo Correa a periodistas desde la sede del Cicpc en Caracas, adonde acudió para expresar su apoyo a Murillo.
En tanto, el director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, dijo que la citación a Murillo es parte de la “ola de represión que crece en Venezuela”, al tiempo que estimó que podría radicalizarse al punto de que El país se acerca al 10 de enero, fecha en la que el gobernador Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, asumirá un tercer sexenio consecutivo que lo mantendrá en el cargo. hasta 2031.
“Tenemos muy claro que la sociedad civil organizada es parte de los objetivos del gobierno. No les interesa una sociedad civil organizada, una ciudadanía estructurada y por eso pretenden quitar la voz de la organización a través de estos medios de intimidación que lamentablemente creemos que recién comienzan en este contexto de violencia estatal en el que vivimos”, afirmó Daniels.
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