El Consejo Nacional Electoral (CNE), conocido como el ministerio de elecciones del régimen chavista, afirma este lunes que la elección primaria de un candidato opositor debe realizarse bajo los planes de este llamado Poder Electoral, lo que representa una grave amenaza. a un proceso civil privado que busca una salida a la crisis política en Venezuela.
El CNE emitió un comunicado horas después de que la Comisión Nacional de Primarias (CNP) rechazara la oferta oficial de realizar las elecciones del 22 de octubre con el sistema automatizado del CNE.
El CNP es la plataforma política de partidos y organizaciones de la sociedad civil que busca elegir un candidato único contra Maduro para las elecciones presidenciales de 2024.
El CNE, una organización controlada por el chavismo radical que durante más de 23 años ha sido clave para mantener en el poder al régimen civil militar que gobierna Venezuela, dice en el comunicado que está listo para celebrar cualquier elección nacional… “Siempre y cuando se guarden los preceptos constitucionales, técnicos y legales”, al tiempo que ratificó la propuesta de colaboración con un proceso automatizado..
Varios analistas coinciden en que estas líneas significan que el CNE no aceptará la participación en esta consulta de los candidatos que se encuentran inhabilitados por el chavismo para participar en los procesos electorales porque sus derechos políticos han sido confiscados por las organizaciones del régimen.
Entre estos candidatos se encuentran la favorita de las encuestas María Corina Machado y el ex candidato presidencial Henrique Capriles, así como Freddy Superlano, quien derrotó al poder chavista en el estado de Barinas, hogar de Hugo Chávez, pero fue despojado de la victoria. .
El presidente del Consejo Nacional Electoral es el político chavista Elvis Amoroso, quien viene de fungir como jefe de la Contraloría General, organismo que estuvo a cargo de las últimas inhabilitaciones de candidatos y dirigentes políticos.
Las inhabilitaciones en Venezuela son utilizadas como armas políticas contra opositores y se han llevado a cabo sin respetar los procesos legales o constitucionales de cada caso, ya que una inhabilitación política sólo debe ser consecuencia de un proceso con sentencia firme, no de una decisión administrativa. según especialistas.
