Una nueva ley chavista para denunciar y rechazar sanciones apunta a políticos, ciudadanos y medios de comunicación, sobre quienes pende la amenaza de sanciones millonarias y el riesgo de desaparición por difundir declaraciones.
Caracas. Él Chavismo vende Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar como herramienta para defender al país contra el bloqueo y las sanciones, que señala son responsables de casi todos los males que aquejan a Venezuela.
Tras su aprobación en segunda discusión, a finales de noviembre pasado, el líder del Parlamento y aliado de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, dijo que la ley “castigar a quienes exigen sanciones, invasiones y acciones” contra la vida de los venezolanos.
Pero los expertos advierten que la ley, vigente desde el 2 de diciembre, “oficializa la censura” en Venezuela. Consideran que evita el debate de cuestiones cruciales para la nación, como el que debería hacerse en torno al espinoso tema de las sanciones.
“Esta norma no es aislada y forma parte de una estrategia para penalizar la información y la opinión. Es una medida que oficializar la censura en un asunto de interés público, ¿Cómo están las sanciones internacionales?”, dijo. Crónica uno la directora del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys), Marianela Balbi.
Según el experto, la herramienta se suma al “andamio legal” chavista de los últimos 25 años, que busca silenciar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información pública en Venezuela.
Balbi señaló que la ley está “cargada de imprecisiones que abren el margen” a la discrecionalidad del agente a la hora de aplicar las penas.
En este sentido, afirmó que la ley busca “cerrar el espacio cívico y aplicar sanciones desproporcionadas propias de delitos penales a opiniones e informaciones”.
golpea el debate
Para el director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, la Ley Simón Bolívar es un “dispositivo de censura” que frena los debates necesarios en las sociedades modernas.
“Hay que tolerar todas las posiciones para que se puedan discutir temas, y este tipo de leyes intentan inhibir el debate. Que algunos temas no se discutan. Bien entendido, Son cuestiones muy políticas y no se pueden discutir, pero ¿cambiará eso la opinión de la gente? No, “La gente seguirá manteniendo su posición, aunque probablemente no la expresen por la sanción”, afirmó Correa. Crónica uno.
Correa también dijo que la ley probablemente significará una mayor “autorregulación” por parte de los medios cuando se trata de cubrir ciertos temas. En particular, las relativas a sanciones y determinadas posiciones que pueden considerarse contrarias a las permitidas por el poder.
“Básicamente, muchos medios no cubren ciertos temas. Y es un lío, porque significa que Por supuesto que la sociedad no discute. estos problemas”, señaló antes de aclarar que este extremo atenta contra la libertad de expresión.
“Porque la libertad de expresión significa que se puede hablar de cualquier tema sin temor a las consecuencias, y la ley (Simón Bolívar) aumenta el miedo”, agregó.
La ley establece que los medios “que difundan publicidad, propaganda o mensajes que promuevan la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas” (que en la práctica podrían ser declaraciones de portavoces políticos) podrían recibir sanciones como la revocación de operaciones en el país o multas equivalente “a entre 100.000 y 1.000.000 de veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por la BVC”.
Condena internacional a la ley Simón Bolívar
El viernes, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que la Ley Simón Bolívar podría ser utilizada para “vulnerar gravemente el ejercicio de las libertades fundamentales de expresión, reunión, asociación y participación política” en Venezuela.
“Es esencial que las autoridades tomen medidas urgentes para garantizar un espacio cívico abierto e inclusivo, en consonancia con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Esto es importante para cualquier empresa. y, en particular, para Venezuela de cara a la toma de posesión en enero y las elecciones previstas para el próximo año”, añadió.
Con estas declaraciones, Türk, cuya oficina volvió a operar en Venezuela hace días tras ser expulsada el pasado mes de febrero después de que el gobierno de Nicolás Maduro la acusara de “actuar como un “bufete de abogados privado para golpistas y grupos terroristas”, puso en el punto de mira La ley internacional.
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