El gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unida de Venezuela, que agrupa a los principales partidos de la oposición, firmaron este martes un acuerdo sobre las elecciones presidenciales previstas para 2024.
El pacto incluye la convocatoria de elecciones para el segundo semestre del próximo año, la invitación a observadores internacionales y la actualización del padrón electoral, entre otras cuestiones. Sin embargo, no se levantaron las inhabilitaciones de líderes específicos de la oposición. Aún no está claro cuáles serán los mecanismos de cumplimiento.
Vemos a continuación las implicaciones de estas ausencias.
Veto persistente al favorito
La única alusión, bastante indirecta, a las inhabilitaciones se encuentra en uno de los puntos del acuerdo que establece que “se admitirán todos los candidatos que cumplan los requisitos constitucionales”. Esto parece sugerir que las restricciones seguirán vigentes. De hecho, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación chavista en el diálogo, confirmó en declaraciones posteriores que no se contempla la elevación.
De esta manera, el futuro de la oposición queda en el aire si quien gana las primarias de este domingo es el favorito: María Corina Machado, quien está descalificada.
Si pretende cumplir su compromiso de “seguir hasta el final”, Machado en este caso debería intentar ejercer presión de alguna manera para que se le retire la descalificación. La probabilidad de éxito dependerá de cuántas personas pueda movilizar para su causa. Si son muchos, será difícil para el gobierno, para el resto de la oposición e incluso para los actores internacionales interesados ignorarlos.
Cabe preguntarse si toda la oposición lo apoyará. Porque es posible que los sectores más moderados, que ven con antipatía el discurso antisistema de Machado, utilicen el acuerdo para argumentar que lo prudente y legítimo sería buscar una alternativa autorizada. Porque, gracias al acuerdo de Barbados, las perspectivas habrían “mejorado” y no habría necesidad de ser tan desafiantes.
De la palabra a la acción…
El otro tema que se ve por su ausencia se refiere a los mecanismos de cumplimiento de todo lo acordado. Como gran responsable de ostentar prácticamente todo el poder político del país, la ejecución del acuerdo depende del chavismo que le sigue.
Aquí entra en consideración el alivio de las sanciones que el gobierno de Estados Unidos ofrece a Miraflores a cambio de retomar el diálogo con la oposición. Se sabe que el Departamento del Tesoro ha extendido una licencia a la petrolera Shell para la explotación del yacimiento de gas “Dragón”, cerca del Delta del Orinoco, entre Venezuela y Trinidad y Tobago.
Haciendo caso omiso de las grandes presiones internas, la posibilidad de reforzar nuevamente las sanciones parece el único incentivo para que el chavismo se adhiera al acuerdo.
De hecho, el subsecretario de Estado para Asuntos Occidentales, Brian Nichols, afirmó en una entrevista televisiva que el levantamiento de nuevas sanciones estaría condicionado al fin de las inhabilitaciones y a la liberación de los presos políticos.
