Un reciente informe del Comité Americano de Derechos Humanos sobre lo ocurrido en torno a las elecciones presidenciales del 28 de julio incluyó, entre muchas denuncias, casos de asesinatos en el marco de la represión de las protestas que tuvieron lugar después del anuncio oficial. Resultados “oficiales”.
“Entre el 28 y 30 de julio se registraron graves denuncias de abusos de la fuerza pública contra manifestaciones. Esto resultó en violencia Al menos 25 personas murieron, hombres de entre 15 y 56 añosEl documento, publicado el martes 7 de enero, cita el informe del panel de investigación.
La lista de muertes -“en su mayoría como resultado del uso arbitrario de la fuerza por parte del gobierno o grupos subnacionales”- recopilada por la Comisión en Venezuela: Graves violaciones de los derechos humanos en el contexto electoral incluye:
- Isaías Jacob Foonmayer González (15)
- Jayson Gabriel España Guillén (18)
- Antonio Enrique Cañizales Carreta (19)
- Luis Eduardo Roberto Hernández (19)
- Mendoza (19) de Juan Alejandro Mayor
- Anthony David Moya Mandía (20)
- Jesús Gregorio Dover Perdomo (21)
- Jayson Javier Bracho Martínez (22)
- Olinger Johan Montaño López (23)
- Uris Jr. José Mendoza Roy (24)
- José Antonio Torrents Blanca (26)
- Aníbal José Romero Salazar
- Rances Daniel Ysarra Bolívar (30)
- Víctor Alfonso Bustos (34)
- Jorgenis Emiliano Leiva Mendes (35)
- Andrés Alfonso Ramírez Castillo (36)
- Julio Valerio García (40)
- Édgar Alejandro Aristeguieta (42)
- Jesús Ramón Medina Perdomo (56).
Un seguimiento de los hechos y denuncias permite a la CIDH establecer, “10 muertes atribuidas a fuerzas estatales. De ellos, ocho soldados y dos policías. Seis muertes fueron atribuidas a “colegios” que actuaban con el consentimiento, la tolerancia o la aquiescencia del Estado, y fueron legalmente incorporadas al “sistema popular de mantenimiento de la paz”. Dos casos pueden atribuirse a operaciones mixtas entre fuerzas estatales y grupos no estatales. No hay información sobre el perfil de los delincuentes imputados en otros casos.
“El documental y la evidencia nos permiten decidir que Todas las víctimas murieron por heridas de bala.“, dice el informe de la CIDH: “Siete balazos en el cuello, cinco en el pecho, cuatro en la cabeza, tres en la espalda, dos en el estómago y tres en otras partes del cuerpo. La trayectoria de los proyectiles permite concluir que las armas fueron disparadas con intención letal.
El documento llama la atención sobre el cambio en la composición socioeconómica de los manifestantes respecto a años anteriores de alta conflictividad, como 2014 y 2017: “Las protestas registradas los días 28, 29 y 30 de julio se desarrollaron principalmente en barrios populares y se realizaron. Por jóvenes afectados por la pobreza. Según información documentada por la Misión Internacional Independiente, muchos de los fallecidos durante estos días trabajaban como jornaleros, motociclistas, barberos y pequeños comerciantes. Por otra parte, 8 de las víctimas mortales en Caracas ocurrieron en parroquias periféricas como Valle; Sucre; San Juan; Antímano y Makaro”.
Una posible conclusión de aquí es la siguiente: “Este cambio en el perfil del lugar y la oposición se puede decir que ha perdido apoyo en las bases sociales donde tradicionalmente ha estado el régimen”.
¿Se ha establecido la responsabilidad de estos asesinatos?
El 19 de agosto, el Fiscal General menciona en entrevista que María Corina Machado y Edmundo González pueden ser los “autores intelectuales” de los hechos. El 21 de agosto, el propio Tarek William señaló que “comandidos” eran los responsables de todas las muertes, asegurando que no hubo denuncias ante el Ministerio Público por el uso excesivo de armas y órganos electorales de oposición, a los que calificó como “grupos criminales”. Fuerza de Fuerzas de Seguridad del Estado.
Los datos de la CIDH sugieren lo contrario.
“La CIDH pudo comprobar que La respuesta del Estado se caracterizó por el uso de fuerza excesiva y desproporcionada, incluida, en muchos casos, fuerza letal. Mediante grupos “conjuntos”, se incorporó legalmente a un “sistema popular de mantenimiento de la paz”. Esto se puede comparar con información obtenida a través de audiencias públicas, reuniones con organizaciones comunitarias y testimonios personales”, señala el informe.
Y señala otro punto revelador: “A la fecha de elaboración de este informe, Las autoridades no han publicado información sobre las circunstancias que rodearon las muertes, el progreso de las investigaciones ni ninguna prueba que permita a los líderes de la oposición asumir la responsabilidad de los hechos.. La falta de investigación diligente sobre estos hechos confirma la falta de independencia del Ministerio Público y la instrumentalización de comités paritarios.
