El periodista Julio Balza, integrante del equipo de prensa de María Corina Machado, fue interceptado por encapuchados en el estacionamiento del Sambil cuando salía de la reunión opositora en Chacao.
Caracas. Han pasado cinco días desde que el periodista Julio Balzaintegrante del equipo de prensa de la líder opositora María Corina Machado, fue interceptado por presuntos policías. Desde el 9 de enero, sus padres, un par de adultos mayores de 67 y 81 años, se encuentran sin hogar.
Este lunes, la familia recorrió varios centros de detención a lo largo de Caracas sin que ningún cuerpo de seguridad reconociera que tenían al periodista, pese a que testigos que presenciaron la detención en el estacionamiento del CC Sambil, en Chacao, han asegurado que quienes detuvieron a Balza fueron miembros. del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
sin asistencia
La señora Rosa y el señor Julio tenían una cita este lunes en la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público para plantear el caso de su hijo, pero no asistieron.
Tampoco admiten el habeas corpus que interpusieron en el Palacio de Justicia para solicitar información sobre el paradero del joven periodista, cuya infructuosa búsqueda ha llevado a abogados y activistas a determinar que se encuentra en situación de desaparición forzada.
Los padres de Julio Balza insisten en que su hijo es un hombre sano y bondadoso, dedicado a su familia y su trabajo y de buen corazón.
“Es una persona sana, tranquila, preocupada por los demás. “Buen amigo y buen hijo”, dice doña Rosa, que llora al contar que Pipo, el perro de su hijo, llora junto a la cama del niño, esperando su regreso.
La familia de Julio ya no sabe a dónde buscar, por lo que le piden al fiscal Tarek William Saab que les conceda audiencia y escuche su caso.
“Queremos una cita con el fiscal. Él me conoce y sabe que somos mayores. Les pido que nos atiendan para que entiendan que mi hijo no es un delincuente”.
una vez más
Balza fue detenido en el estacionamiento del Sambil de Chacao el pasado jueves 9 de enero, cuando se disponía a regresar a su casa, junto a su hermano, luego de participar en la manifestación opositora que se desarrolló en la calle Élice, a metros de este centro comercial.
Su madre dijo que cuando salían del estacionamiento, una camioneta bloqueó el camino y varios hombres vestidos de negro y con el rostro cubierto se acercaron a Balza, lo identificaron y le pidieron que se bajara del auto y se subiera al otro vehículo.
También se llevaron el auto en el que viajaban el periodista y su hermano, el cual fue liberado pocas horas después de la detención.
“Lo que quiero es que lo liberen. Mi hijo no es un delincuente, ni un terrorista. Mi hijo es periodista y trabajar con María Corina Machado no es un delito”, insistió la señora Rosa.
Julio Balza se suma a una lista que ya son 10 periodistas o trabajadores de prensa detenidos en el contexto de las elecciones del 28 de julio, según el relato del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
el essecretario general del SNTP, Marco Ruizdetallado a Crónica. Uno que Balza, y el resto de los periodistas detenidos, se encuentran en esta situación de manera arbitraria y por el ejercicio de su profesión.
Explicó que ninguno de ellos cuenta con defensa privada, por lo que las autoridades pisotearon sus derechos a la defensa y a un proceso judicial justo.
contra la humanidad
Además de Balza, recientemente Detuvieron al periodista y activista Carlos Correasobre el cual no se tiene información desde hace una semana cuando cinco responsables lo interceptaron.
La desaparición forzada está regulada en el marco jurídico internacional, especialmente en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, instrumento legal que prohíbe esta práctica. Esta violación de los derechos humanos se considera un crimen de lesa humanidad según el derecho internacional.
En el derecho venezolano se encuentra en el artículo 181-A del Código Penal y señala que “la autoridad pública, civil o militar, o cualquier persona al servicio del Estado que ilegítimamente prive a una persona de su libertad, y se niegue a reconocerla. La detención o dar información sobre la suerte o situación de la persona desaparecida, impidiendo el ejercicio de sus derechos constitucionales y legales, será sancionada con pena de quince a veinticinco años de prisión.
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“Si a Carlos Correa le pasa algo, las autoridades son responsables”, advierte Mabel Calderín, esposa del activista.