Las ONG agrupadas en la alianza de Derechos Humanos de Venezuela en el Movimiento alertan sobre la aplicación de leyes como la “antiONG”, la “Simón Bolívar” y la Ley de Paz Municipal que criminalizan el ejercicio de los derechos civiles.
Caracas. Organizaciones que trabajan para defensa de los derechos humanos Manifiestan su preocupación por la creación y aplicación de leyes que califican de “inconstitucionales” y que, consideran, criminalizan el ejercicio de los derechos civiles.
El conglomerado de organizaciones no gubernamentales (ONG), agrupadas en la alianza Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento, informó que la Ley de Justicia de Paz Comunal, la Ley de Supervisión, Regularización, Actuación y financiamiento de ONG y organizaciones sociales sin fines de lucro organizaciones. lucro, conocida como Ley AntiONG, y la recientemente aprobada “Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloque Imperialista y en Defensa de Venezuela”, constituyen prohibiciones al ejercicio de los derechos civiles.
“La complementariedad de estas tres leyes, junto con otras que han sido aprobadas en el pasado, generará el cierre casi total del espacio cívico en el país, así como la prohibición del ejercicio de los derechos civiles y políticos de la población”. “. explicó la organización en su comunicado difundido en las redes sociales ante el Día de los Derechos Humanos, que se conmemora cada 10 de diciembre desde 1948, cuando fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
“La discreción y arbitrariedad en la aplicación de las sanciones establecidas”, continúa el documento, “con el fin de inhibir y silenciar la disidencia y las críticas en un momento en el que está destinado a establecerse un gobierno de facto, con el juramento de una persona como presidente”. quien no fue favorecido por el voto popular.”
Este grupo aseguró que estas normas buscan aplicar “un sistema de administración de justicia” que apoye al Gobierno de Nicolás Maduro. A pesar de que la oposición insiste en que los resultados electorales que le dieron la victoria son fraudulentos.
“El más grave”
En el marco de la celebración del Día de los Derechos Humanos, ONG han advertido sobre los peligros de la “Ley Simón Bolívar”. Esta ley, aprobada el 29 de noviembre, prevé sanciones de hasta 30 años de prisión e inhabilitación para quienes apoyen sanciones internacionales contra el país.
El grupo aseveró que esta norma tiene un propósito más amplio que castigar a quienes “promuevan, invoquen, apoyen o participen en la imposición de medidas coercitivas unilaterales”. Asimismo, plantea ambigüedades que respaldan la “interpretación discrecional”.
“La ambigüedad de los presuntos delitos cederá, de manera similar a como se ha aplicado la ‘Ley contra el odio’, a la interpretación discrecional de las autoridades de criminalizar cualquier acto de disidencia en el marco del ejercicio de los derechos inherentes a la espacio cívico”, dice el escrito.
Consideran que este texto legal permite sancionar a quienes solicitan apoyo o decisiones de organismos internacionales de derechos humanos. El castigo podría ser individual o económico por supuestamente poner en riesgo “la soberanía, la independencia, la autodeterminación y la integridad territorial”.
Por otro lado, existen penas de prisión de entre 25 y 30 años, sin mecanismos alternativos para su cumplimiento. También establece multas a los medios de comunicación de hasta un millón de veces el tipo de cambio más alto publicado por el BCV.
“La simple ‘sospecha’ de haber cometido o haber realizado uno de los actos sancionados por la ley será suficiente para adoptar medidas coercitivas, sin regulación del procedimiento a seguir, que afecten directamente su patrimonio o su capacidad de actuar en Venezuela.” Destacó la alianza.
Jueces de Paz ilimitados
Las ONG se refirieron a la reforma a la Ley Municipal de Justicia de Paz. Éste fija los parámetros para la selección de los jueces de paz, quienes serán elegidos el 15 de diciembre.
En opinión del grupo, la elección de 30.000 jueces de paz también limita el espacio cívico y el ejercicio de derechos fundamentales como la protesta y el discernimiento.
“Si bien la creación de figuras de jueces de paz es un anhelo histórico de las organizaciones socialdemócratas del país, su creación con el adjetivo comunal en las circunstancias actuales será la implementación de un mayor mecanismo de control en las comunidades”, señala el escrito.
Insistieron en que no se ha propuesto ninguna norma que delimite las funciones de estos jueces, lo que, según dicen, podría poner en peligro a ciudadanos que se oponen al gobierno de Maduro.
Las organizaciones reiteran su condena a la Ley AntiONG, publicada en el Diario Oficial, porque atenta contra el derecho de libre asociación en Venezuela.
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