Tras la promulgación de la ley antiONG en el Boletín Oficial, las organizaciones de la sociedad civil creen haber tenido más dificultades para operar legalmente en el país. Ante este escenario temen que la persecución se intensifique.
Caracas. Preocupación entre miembros de organizaciones de la sociedad civil residentes en Venezuela Ante la promulgación en el periódico de la ley anti-ONG, es obvio cuando se niegan a dar entrevistas o revelar sus próximos pasos. Sin embargo, algunos coinciden en que seguirán trabajando por el pueblo, a pesar de los obstáculos.
Con la publicación de la Ley de Supervisión, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y de las Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, se especifica lo que Los activistas lo describieron como “un ataque” al espacio cívico. y el derecho de asociación en Venezuela.
El texto legal prohíbe a las organizaciones recibir contribuciones financieras de organizaciones políticas y promover “el fascismo, la intolerancia o el odio”. Además, ordena la suspensión y disolución de ONG en Venezuela si no se apegan al régimen jurídico que proponen aplicar.
También obliga a las ONG a entregar gran parte de su información, incluido quiénes son sus financiadores, algo que podría amenazar el funcionamiento de la organización, especialmente en un país donde hay precedentes de persecución.
Para quienes dirigen algunas de estas asociaciones, la aprobación se traducirá en que muchas ONG intentarán cumplir con los requisitos de la norma, otras serán rechazadas o decidirán desaparecer y muchas mantendrán su trabajo y cambiarán para adaptarse.
Obstáculos adicionales
Para el director ejecutivo de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, la criminalización contra las organizaciones de la sociedad civil es antigua y este instrumento legal refuerza los obstáculos que ya existían para la ejecución de la obra y su desarrollo legal.
Correa aseguró que esta ley aumenta las dificultades al agregar más pasos y requisitos. La ley impide el derecho de asociación consagrado en la Constitución de Venezuela y los tratados internacionales.
Tras la promulgación de la ley antiONG, el activista cree que muchas organizaciones intentarán cumplir con los requisitos. Algunas organizaciones podrán adaptarse, mientras que otras intentarán reinventarse para no desaparecer.
“Tal vez una ONG grande tiene la fuerza para satisfacer las necesidades, pero hay asociaciones de hecho que no tienen personería jurídica. Son organizaciones sin personalidad jurídica propia y esta ley genera imprecisiones genéricas y sanciones muy duras”, explicó.
Añadió además que la norma no considera la amplitud y diversidad del derecho a la libre asociación en el país. Muchas organizaciones optan por operar de hecho y depender de otras organizaciones asociadas.
Además, la aplicación de la ley “impide, molesta, molesta o dificulta” el acceso a la financiación de muchas organizaciones que viven de fondos obtenidos a través de concursos y programas internacionales.
“Las personas que integran estas organizaciones, Unos dicen “tirar la toalla”, otros intentarán firmar, Otros no lo entenderán porque es una lógica arbitraria y otros dirán que quieren seguir trabajando, eso es lo que tenemos que hacer”, afirmó Correa.
el miedo
“Tenemos miedo. Nos podemos quedar sin trabajo y, lo que es peor, mucha gente se puede quedar sin ayuda”, afirmó. Crónica. Uno un trabajador de una ONG humanitaria que prefirió omitir su identidad.
Aseguró que el clima es de miedo entre las organizaciones y personas que trabajan en estas ONG. No sólo porque podrían estar desempleados, sino porque podrían estar subempleados. medidas como redadas o visitas policiales.
Esta fuente aseguró que incluso antes de la promulgación de la ley, tenían obstáculos para actualizarse con los requisitos legales que son necesarios para su funcionamiento. Pero, admitió, la promulgación también empeora la situación.
“Tenemos que seguir trabajando, pero no sé cómo ni hasta cuándo y no sé si nos dejarán seguir ayudando a la gente”, afirmó.
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