El 15 de diciembre habrá elecciones para elegir a 30.000 jueces de paz en los 5.000 circuitos municipales del país. Desde el Parlamento dictaminaron que los “traidores a la patria” no podían aspirar.
Caracas. Él el próximo 15 de diciembre Se elegirán tres jueces de paz y sus suplentes en los 5.000 circuitos municipales de toda Venezuela. ellos serán 30.000 personas designadas por voto popular. Serán los encargados de resolver los conflictos vecinales y resolverlos sin condiciones políticas, pese a estar encuadrados en la figura organizativa del Estado comunal, marcada por los preceptos chavistas.
La elección de los jueces de paz se enmarca en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de Justicia de Paz Municipal. Fue sancionado por la Asamblea Nacional el 12 de noviembre y sólo dos días después fue promulgado por el presidente Nicolás Maduro, como parte del paquete de normas del llamado poder popular que El chavismo espera aprobar antes de finales de 2024.
La ley establece que quien decida postular su nombre como juez de paz no podrá “ser miembro de la junta directiva de ninguna organización política, gremial o gremial, ni ser portavoz de ninguna organización ciudadana”. Si es elegido, debe Renunciar a esta condición para el ejercicio del cargo en su comunidad.. Esto es para garantizar que sus elecciones o decisiones sean apolíticas.
Sin embargo, durante el debate en el Parlamento se acordó que para aspirar a este puesto los ciudadanos deben “mantener una conducta impecable y no participar en la promoción del odio, la intolerancia, la discriminación, la traición, así como las posiciones fascistas, neofascistas y expresiones similares”, según se lee tras una reforma al contenido del artículo 18.
La utilidad de un juez de paz
La abogada procesal y profesora universitaria NIlyan Santana Longa explicó que la regulación en materia de paz común data de la promulgación de una ley en 2012. Un texto que se convirtió en el “marco regulatorio de una estructura judicial del llamado Estado comunal”.
Sin embargo, aclaró que este sistema de “Estado Comunal” no tiene respaldo en la Constitución. Sólo es posible encontrar la referencia a la justicia de paz como competencia de los municipios en el número siete del artículo 178 constitucional.
“Es necesario precisar que esta estructura (Estado Comunal) no encuentra respaldo constitucional. Su origen normativo está en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Ante el dispositivo legal que entró en vigor el 14 de noviembre de 2024, la justicia del Las normas de paz se regían por la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos de Paz de 1993”, explicó.
Respecto a la figura del juez de paz, Santana señaló que “en términos generales, las funciones de un juez de paz incluyen conocer y resolver conflictos que, por su baja complejidad y cantidad, pueden resolverse en casos que no requieren conocimientos jurídicos, ya que “lo que se privilegia es el fin del conflicto”.
Sin embargo, se refirió a la elección por voto popular y recordó que “Toda elección implica la promoción de ideas políticas”. Destacó que el nuevo texto legal prohíbe hacer campaña electoral en los medios de comunicación, pero permite la participación en programas de opinión de radio o televisión, entrevistas de prensa o reuniones con vecinos.
“La figura de la justicia común de paz revela la transversalidad de la actual configuración política del Estado venezolano”, remarcó.
Honestidad y transparencia
Por otro lado, la abogada querellante Mónica Fernández considera que la novedad de que los jueces de paz sean elegidos por sufragio promueve un tipo de justicia “más honesta y transparente que la nombrada directamente”.
El abogado aseguró Crónica uno que en Venezuela aplicó la justicia de paz en muchos lugares y en ocasiones dio excelentes resultados. Aunque desde hace algún tiempo se cometen muchos errores respecto a sus limitadas facultades y funciones.
Explicó que si bien las decisiones de los jueces de paz no son ejecutables ni vinculantes como la sentencia de un juez, Son un elemento positivo para la convivencia.
Según Fernández, esta figura tiene beneficios que generalmente apuntan a descongestionar el sistema judicial. Incluye menos burocracia, resolución más rápida de los casos, menos costos, acuerdos más grandes y menos sanciones.
“Lógicamente, mientras se mantenga apolítico e imparcial, es un excelente ejercicio de participación ciudadana porque es un vecino con alta conciencia y moral para resolver problemas entre iguales”, afirmó.
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