Tarek William Saab anunció la instalación de un comité “por la justicia para las víctimas del 28 de julio”, integrado por unos 20 ciudadanos heridos o familiares de personas fallecidas en el contexto de las protestas que tuvieron lugar tras las elecciones presidenciales.
Caracas. El Fiscal General, Tarek William Saab, planteó este miércoles 20 de noviembre la posibilidad de nuevas liberaciones de detenidos en el contexto de las protestas postelectorales, y confirmó que este fin de semana se acordaron medidas alternativas para 225 ciudadanos.
“Otras acciones como esta podrían suceder. Pero, quienes resulten responsables producto de esa misma investigación de los hechos que narré (heridos y muertos), la justicia actuará. para que sean sancionados y sancionar”, dijo el funcionario durante una conferencia de prensa transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión.
El funcionario dijo que “en Venezuela hay justicia” y que hay una “campaña que se ha hecho para que el mundo entienda que quienes han sido detenidos por todos estos lamentables hechos (…) son inocentes”.
comité para las víctimas
Saab anunció la creación del “Julio 2024 Comité de Justicia para Víctimas”compuesto por unas 20 “víctimas directas e indirectas”. Es decir, las personas que resultaron heridas o afectadas durante las manifestaciones antigubernamentales y familiares de quienes fallecieron en este contexto.
El fiscal indicó que el Ministerio Público (MP) tiene una cuenta 28 muertos y 190 heridos en el contexto de las protestas postelectorales. En este sentido, destacó que las instituciones del Estado trabajan de manera articulada para visibilizar a estas víctimas y repararlas.
“Queremos visibilizar de manera clara e inequívoca un hecho que intentó ser manipulado, extorsionado por los grandes medios de comunicación, que hablan de manera parcial, sesgada y distorsionada de lo ocurrido después del 28 de julio”, dijo y acusó a la oposición. promover la violencia y el desconocimiento de los resultados electorales.
El oficial presentó a algunos de los miembros del comité. En la presentación, Saab aseguró que cuentan con “datos, estadísticas, cifras y elementos de convicción” que demuestran que estas personas han sido afectadas por la violencia que, según aseguró, ha desatado la oposición.
Criticó que las ONG defendieran presunta inocencia de los detenidos. Sin embargo, no consideraron casos como el de dos oficiales de la Guardia Nacional que fueron asesinados durante las protestas postelectorales.
Cuentas
Tras los polémicos resultados de las elecciones del 28 de julio, que dieron como ganador a Nicolás Maduro, se produjeron numerosas protestas que provocaron la detención de al menos 1.836, según datos de la ONG Foro Penal.
Después de poco más de tres meses de solicitudes de liberación por parte de familiares, ONG y organismos internacionales, el MP revisó varios casos y se concretó la liberación de 225 personas. De ellas, el Foro Penal pudo corroborar 143 absoluciones.
Según datos de esta organización, durante el fin de semana 10 adolescentes (seis hombres y cuatro mujeres) y 133 adultos (cinco mujeres y 128 hombres) recibieron medidas cautelares.
En un comunicado emitido el fin de semana, el fiscal aseguró que las liberaciones son resultado de investigaciones exhaustivas y nuevas pruebas. Enfatizó que estas medidas buscan la reunificación familiar y la paz en el país.
Sin embargo, la diferencia en las cifras reportadas por la Fiscalía y el Juzgado Penal ha generado dudas y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
“Entre la tarde del viernes 15 y el sábado 16 fueron concedidos y ejecutados. 225 medidas de libertad a las personas procesadas por los hechos de violencia ocurridos después de las elecciones del 28 de julio, según se anunció en la mañana del viernes”, dice el texto.
Saab también dijo que Las ONG no participaron en estas versiones. Atribuyó la acción únicamente al Estado venezolano.
Insistió en que la revisión de los 225 casos se basó en investigaciones exhaustivas y nuevas pruebas recopiladas por los fiscales. Además, que “las libertades otorgadas son producto del trabajo conjunto del Ministerio Público y la Justicia, y ninguna organización de las llamadas ONG (sic) puede atribuirla”.
Lea también:
Los “políticos presos” han “desaparecido” por sus familias y por la Justicia
