El acuerdo de Barbados prometió mejoras en las garantías electorales, pero se denunciaron violaciones a los derechos políticos, falta de auditorías e incluso irregularidades en el registro electoral, lo que exigía la transparencia del proceso.
Caracas. Se cumple un año desde que la oposición reunida en la Plataforma Democrática Unida (PUD) y el Gobierno de Nicolás Maduro firmaron el Acuerdo de Barbados, documento que estableció mejoras en garantías electorales para las elecciones presidenciales de 2024, las que marcaron un nuevo capítulo en la crisis política del país.
El “acuerdo parcial sobre la promoción de los derechos políticos y garantías electorales para todos” contemplaba la actualización y depuración del padrón electoral, el desarrollo de auditorías planificadas en el sistema electoral y la promoción de un clima político que contribuyera al desarrollo pacífico del registro electoral. conflictos
Desde el 17 de octubre de 2023 y hasta hoy ha entrado mucha agua al país y denuncias de violaciones de derechos civiles, sociales y políticos, así como el cuestionamiento de la transparencia de las elecciones, revelan el incumplimiento de esta. pacto
Chavistas y opositores se culpan mutuamente por no respetar este acuerdo, que incluía unos 15 puntos. En esta nota recordamos algunos de los compromisos que no se han cumplido:
Reconocimiento del rival
El primer punto del acuerdo fue el reconocimiento y respeto del “derecho de todo actor político a seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales, libremente y de acuerdo con sus mecanismos internos”, acuerdo que fue irrespetado al impedirse a María Corina Machado. hacer por inhabilitación política, participar en las elecciones, a pesar de haber sido elegido en primarias.
Lo mismo ocurrió cuando la oposición intentó, sin éxito, inscribir a la profesora Corina Yoris como candidata presidencial en sustitución de Machado, trámite que fue impedido.
La oposición ha denunciado que el Gobierno de Maduro ha intentado “sabotear” las primarias opositoras, mediante la judicialización de los partidos y la inhabilitación de muchos dirigentes políticos.
Garantías electorales
En muchos de sus puntos, el pacto aprobado en Barbados consideró garantías electorales, que incluían el “desarrollo de todos los controles previstos en el sistema electoral venezolano, incluidos los relacionados con el registro electoral, con la participación de todos los actores políticos, internacionales”. observación. y asistentes nacionales de conformidad con la ley electoral.”
Sin embargo, el CNE no ha realizado al menos tres de las auditorías fundamentales que se realizarán después de las elecciones, como la auditoría de datos electorales de fase II, prevista para el 5 y 8 de agosto, que consistía en revisar el banco de huellas dactilares. su calidad y que se correspondan con los del padrón electoral.
Además, no se ha realizado la segunda fase de verificación ciudadana que vuelve a auditar el 1% de las mesas de los centros de votación, ni la auditoría de telecomunicaciones fase II, en la que se comparó la configuración de los sistemas de transmisión con el auditado. antes de las elecciones.
Observadores internacionales como el Centro Carter y el panel de expertos enviado por la ONU cuestionaron el proceso electoral. Afirmaron que el CNE no respetó los “exigentes principios básicos de transparencia e integridad” esenciales para llevar a cabo elecciones creíbles.
Registro Electoral
El acuerdo también contemplaba la “ejecución de la actualización del registro electoral permanente”, que deberá incluir una jornada especial de registro y actualización en el país y fuera del país, además de los operativos de identificación y la creación de puntos de registro accesibles.
Organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos han denunciado ampliamente irregularidades durante el registro electoral, como puntos insuficientes para el registro, retrasos en el establecimiento de puntos en consulados extranjeros e incluso la solicitud de documentos inusuales.
Según el Boletín Oficial, para los comicios del 28 de julio se incorporaron 11.992 electores, cifra que incluye 11.131 nuevas inscripciones, 790 planteamientos de objeciones y la incorporación de un elector por la corrección de fecha de nacimiento.
Clima político favorable
El respeto a las normas, así como la “promoción del discurso público y de un clima político y social favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo, sin injerencias externas al respeto a los ciudadanos, a la autoridad electoral, a los actores políticos y a las leyes del país”. el país”, fueron otros de los compromisos acordados por la oposición y el Gobierno.
En cualquier caso, las detenciones antes y después de las elecciones, que se estiman en 1.916 (según el Foro Penal), la intimidación de funcionarios públicos contra disidentes, las amenazas a quienes apoyaban la candidatura de la oposición y el exilio forzoso de muchos miembros de la oposición. Exponen la falta de respeto a estas condiciones.
Equilibrio en el campo
La coerción de los medios de comunicación para omitir incluso el nombre del líder opositor de su programación fue un hecho ampliamente denunciado durante la campaña presidencial por organizaciones como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y el Colegio Nacional de Periodistas.
Asimismo, la transmisión de actos del chavismo en canales públicos rompió con el acuerdo de “promover el equilibrio en la opinión pública y los medios de comunicación”. privado”.
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