La activista de derechos humanos pasó ocho meses detenida, acusada de terrorismo, sin fecha de apertura del juicio fijada hasta el momento, lo que supone una vulneración de sus garantías procesales.
Caracas. Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos y presidenta de la ONG Control CiudadanoPasó ocho meses detenido en un proceso calificado de arbitrario por organismos nacionales e internacionales. Además, se le negó el acceso a una defensa privada y fue sometida a desaparición forzada en los primeros días de su detención.
La de San Miguel se enmarca como una de las detenciones más representativas de una ola desatada contra activistas y defensores de derechos fundamentales frente a la las elecciones presidenciales del pasado 28 de julioen el que el chavista Nicolás Maduro fue declarado ganador, en medio de acusaciones de fraude electoral.
Desde su detención el pasado 9 de febrero, la activista se encuentra detenida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, al oeste de Caracas, sin que se haya explicado una fecha para la apertura de su juicio. Crónica uno Juan González Taguaruco, el abogado del activista.
“Está en fase de prueba, sin que hasta la fecha se haya fijado una fecha para la apertura”, explicó el abogado, quien explicó que su proceso no contó con garantías y hay demora procesal.Por lo tanto, es justo decir que estuvo detenida durante ocho meses sin juicio”.
hoy # 9 de octubre Han pasado seis meses desde la detención arbitraria de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Es inaceptable que se le niegue el acceso a abogados de confianza para defenderse. La privación de su libertad es un atentado contra la justicia y los derechos… pic.twitter.com/3YkVB0umaU
– Justicia, encuentro y perdón (@JEPvzla) 9 de octubre de 2024
Sin defensas
González Taguaruco, quien forma parte del equipo jurídico de San Miguel, explicó que el caso está asignado al Juzgado Tercero Especializado en Casos de Terrorismo, a cargo de Alejandra Romero, y que su defensa está en manos de abogados públicos.
Dijo que el juez no dispuso el juicio para el juramento de su defensa y que el defensor del caso tampoco lo hizo. “No ha hecho nada para que se respete su derecho (a elegir a sus defensores)”.
“Su defensa aún está a cargo de la defensora pública Jonimar Flores, número 49, no fue posible organizar la toma de juramento de los abogados de su confianza para tomar su defensa técnica”, aclaró.
El abogado explicó que actualmente la única persona autorizada para visitarlo es su hija, quien es la encargada de llevarle todo lo que necesita desde el encierro.
“El proceso seguido por el doctor San Miguel carece de legitimidad ya que desde un inicio expresó su deseo de designar abogados de confianza, de hecho, en varias ocasiones revocó expresamente la defensa pública y sus solicitudes no son atendidas”, explicó.
la irregularidad
Desde su detención, cuando se disponía a abordar un vuelo en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en La Guaira, sucedieron hechos que preocuparon a la sociedad civil y organismos internacionales como la misión de investigación de la ONU, como su desaparición forzada por más de 24 horas.
No fue hasta la tarde del 11 de febrero cuando el fiscal general, designado por el fallecido ANC, Tarek William Saab, declaró oficialmente su detención “por estar presuntamente vinculado y referido en la conspiración e intento de asesinato denominada “brazalete”, cuyo propósito Fue atacar la vida del jefe de Estado Nicolás Maduro.
La desaparición forzada del abogado fue denunciada por más de 600 organizaciones de la sociedad civil en un comunicado en el que recordaron que “las prácticas de desaparición constituyen una forma de desprotección ante la ley, que genera repercusiones individuales y sociales muy graves, consideradas tratos crueles”. “inhumano y degradante”.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, y Amnistía Internacional también se pronunciaron sobre su caso, calificándolo de “detención arbitraria”.
San Miguel también está al amparo de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2012, pero el abogado González aseguró que estas “no sirvieron de nada” en su caso, ya que las irregularidades continúan.
Nuestra expectativa es que esta situación cese y la jueza de instancia ordene la actuación de abogados y, una vez que nos haya designado, se convoque a la audiencia oral y se restablezca la situación jurídica vulnerada por esta situación, lo que implica nulidad. de lo sucedido hasta la fecha”.
Mientras tanto, San Miguel es uno de los 1.916 presos políticos que hay en Venezuela, cifra que aumentó drásticamente tras las elecciones presidenciales de julio, según datos del Foro Penal.
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