Detenciones arbitrarias, amenazas directas de algunos gobernadores y alcaldes e instrucciones a estaciones de radio para que suspendan cualquier transmisión relacionada con las protestas postelectorales son parte de las restricciones que hoy viven los medios independientes en las regiones venezolanas.
“Hace una semana que no vuelvo a casa porque vivo sola. Antes de los últimos 10 días tenía que dormir en otra casa si me encontraban, porque somos rastreables”, admite Tatiana *, periodista que trabaja en el región central del país, preguntando si es real Por autoridades locales Para evitar acoso, no se debe revelar nombre ni estado de residencia.
Periodistas de los estados de Aragua, Carabobo, Guárico, Lara y Portuguesa tuvieron que buscar refugio después de que publicaciones los calificaran de “operadores fascistas de derecha” y “terroristas financieros”. Sus rostros aparecieron en carteles digitales titulados “Se buscan terroristas” como parte de una campaña de insulto y estigmatización, según informó el Colegio Nacional de Periodistas (CNP).
El Instituto Prensa y Sociedad (Ibis) ha recopilado una recopilación de 30 agresiones físicas o verbales y 18 exposiciones de discursos difamatorios a medios de comunicación, en su capítulo Venezuela, para el período comprendido entre el lunes 29 de julio y el 4 de agosto.
El miedo a los periodistas se extendió no sólo entre figuras reconocidas del sindicato, experimentadas y creíbles en la audiencia, sino también entre jóvenes reporteros que rara vez manejaron la cobertura de sus primeras manifestaciones políticas en la era del chavismo.
“En el contexto regional donde trabajo recibimos mensajes del gobierno porque están al tanto de las cosas que se publican en las redes sociales. Si crean una cadena y no la mandamos, piensan que el trabajo está mal hecho. Todas estas acusaciones afectan nuestro trabajo, porque como periodista y como ciudadano uno se siente vulnerable”, dijo Astrid*, periodista del occidente del país.
Emisoras locales amenazadas
A dos días de las elecciones presidenciales, el alcalde del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) del municipio Bocono del estado Trujillo, Alejandro García, calificó a la emisora Boconesa 107.3 FM de “conspiración revolucionaria” y la calificó de “cómplice de quienes borraron los videos”. afuera de la escuela secundaria Dalla Costa la noche del 28 de julio.
“Lo voy a denunciar por su nombre y apellido, la emisora Bogonesa es una emisora golpista y cómplice de esta vergüenza, no me interesa lo que ustedes digan, cobardes, fascistas y conspiradores, ¡qué sois!”. dijo un líder local en un evento de conversión el 31 de julio.
Emisora Boconesa 107.3 FM anuncia públicamente en la región andina. Por otro lado, los dueños de otras estaciones recibieron instrucciones directas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (CONATEL), ya que cualquier mención a las protestas fue suspendida por el retraso en la publicación de los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE). A través de las mesas de votación de las elecciones presidenciales.
Según información escrita a la que tuvo acceso el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp), se emitió la orden de suspender programas de información y opinión en las emisoras de radio Monagas y Bolívar. También se confirmaron instrucciones de censura para emisoras de Aragua, Carabobo, Barinas, Falcón, Julia, Amazonas y Nueva Esparta.
“Operación Tun Tun” contra periodistas
Durante las protestas de 2017, la “Operación Tun Tun” fue utilizada por primera vez para allanar residencias y detener arbitrariamente a manifestantes, ahora se revivió el nombre y los procedimientos de la policía y las fuerzas de seguridad, pero fue utilizada como una amenaza más contra periodistas. .
“A ellos también les gusta Tun Tun, para que lo sepan, porque hay panfletos digitales contra el gobierno todo el tiempo. Nosotros revisamos las cosas que publica el periódico, porque ese panfleto digital publica cosas que incitan al odio. ¡Ay, papá! “Quiero verlos en el tribunal.” Reveló en su radio el gobernador Gerardo Márquez de Trujillo el viernes 2 de agosto.
Márquez tiene una larga historia de conflictos con periodistas y medios de comunicación críticos y los describe a todos como “panfletos digitales”. Aunque sus declaraciones radiofónicas se produjeron después de que algunos miembros del personal de prensa hubieran sufrido detenciones arbitrarias en todo el país.
Pablo León, Corresponsal Deportivo y Camarógrafo de VPI Televisión Medios, Av. del municipio de Valera.
“Cuando íbamos al mitin agarraron a Paul León. Lo subieron a una moto y se lo llevaron con todo el equipo”, explicó la periodista Wendy*, quien presenció el momento de la detención del periodista andino.
Junto a León, también hay que contar las detenciones arbitrarias del camarógrafo Yusner Alvarado, el reportero Joaquín de Ponte y la fotoperiodista Daisy Peña, como señala Ibis Venezuela. Los 13 periodistas restantes estuvieron detenidos hasta el 5 de agosto.
Ninguno de estos periodistas detenidos pudo estar representado por personal de seguridad personal, y algunos comparecieron ante los tribunales electrónicamente para enfrentar cargos de terrorismo y crímenes de odio.
El organismo de control de derechos humanos Provia criticó el mecanismo por las repetidas acusaciones masivas con más de 1.300 grupos detenidos por protestas postelectorales. “Advertimos que se realizarán investigaciones conjuntas. Todos están colocados en la misma escala de cálculo”, escribió Provia en su red social X el 1 de agosto.
“La ‘feliz’ explicación oficial de los llamados ‘crímenes de odio’ es una validación vacía que los gobernantes en el poder utilizan para castigar a quienes niegan las historias que intentan imponer, lo cual se aplica a fuentes de noticias, medios independientes y periodistas críticos”, explicó Jaime*, periodista que trabaja en el occidente del país.
El resultado de estas amenazas, estigmas y detenciones es que los periodistas admiten ahora sentirse “aturdidos por la situación”, “desplomados emocionalmente” y que se las arreglan “sin sentirse culpables” delante del público, porque ahora son más cuidadosos. Testigos electorales que hayan recogido papeletas en sus centros de votación, al momento de divulgar información sobre protestas o nuevas detenciones en las regiones.
*Todos los nombres de los periodistas que dieron sus testimonios han sido cambiados al anonimato y se han omitido sus lugares de trabajo exactos por razones de seguridad.
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