La ONG Una Ventana a la Libertad asegura que el hacinamiento en los centros de prisión preventiva del país impide clasificar a los detenidos por delito y grado de peligrosidad, una de las deudas pendientes tras la creación de la Comisión Especial, en junio de 2021.
maduro El 30 de junio de 2021 los diputados a la Asamblea Nacional Elvis Idrogo y Roberto Messuti llegaron a Monagas para instalar la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial.
A pocos días de tres años de instalación, altos funcionarios del sistema de justicia visitaron el estado para fortalecer el proyecto, cuya prioridad es la revisión de casos en mora procesal.
El relanzamiento tiene lugar después de que los prisioneros en las mazmorras del Policía del Estado de MonagasPolimonagas, realizó una protesta el pasado sábado 18 de mayo en rechazo a la reducción de días de visita, la restricción del ingreso de alimentos y agua y el hacinamiento.
130 familiares se sumaron al reclamo y permanecieron en las celdas luego de la visita. Con la protesta buscaron llamar la atención de las autoridades del plantel, organismos de derechos humanos, como la Defensoría del Pueblo, la Defensa Pública y el Ministerio Público.
De hecho, el martes 21 de mayo fuentes internas del cuerpo policial informaron Crónica. Uno, sobre la presencia de una comisión nombrada por el sistema judicial y las fuerzas policiales, para negociar con los presos y sus familiares.
“Comenzaron a revisar los expedientes y como primer paso, las evaluaciones médico forenses. Nadie entra y nadie sale. Este albergue tiene 318 internos.“indicó.
comisión presidencial
En junio de 2021, el presidente Nicolás Maduro formó la Comisión Especial para la Revolución Judía. Luego, dispuso un plazo de 60 días para la reestructuración del sistema de justicia y tienen que solucionar el problema de hacinamiento y demoras procesales en las celdas de prisión preventiva y prisiones.
A finales del mismo mes, Elvis Idrogo y Roberto Messuti, miembros de la comisión, viajaron a Monagas para iniciar las tareas asignadas. Comenzaron por el Cicpc, Conas, PNB, Polimaturín y finalmente Polimonagas, para concentrar la mayor cantidad de privados.
El 1 de marzo de 2023, el presidente del Circuito Judicial, Jorge Arzolay; el gobernador del estado, Ernesto Luna; y los diputados nacionales abrieron la Comisión Estatal. Momento en el que familiares de detenidos esperaban sentencias y excarcelaciones.
En esta ocasión, la Comisión Presidencial que llegó a Monagas estuvo integrada por la jueza Elsa Gómez, Presidenta de la Cámara de Casación Penal y Coordinadora Nacional del Sistema Penal de Responsabilidad Adolescente; el diputado AN Julio García Zerpa, primer vicepresidente de la Comisión de Política Interior; Giuseppe Casioppo, viceministro de servicios penitenciarios, y Daniel Ramírez, coordinador nacional de la defensa pública.
En conferencia de prensa, Gómez destacó que buscan humanizar y sensibilizar el proceso judicial, donde se garantiza el acceso directo a la justicia, como derecho universal, a perseguidos y condenados.
Aunque no mencionó la situación particular de Polimonagas, afirmó que “tenemos que evitarlo superpoblación en prisión y respetar los tiempos establecidos por la Constitución Bolivariana, el Código Penal y demás estatutos legales para todos los procesos judiciales que soporta un ciudadano, preservando los derechos, principios, garantías e igualdad para ambas partes.
Además, explicó que esta comisión “asumirá la importante función de examinar los casos, uno por uno, con el objetivo de verificar, de conformidad con los estatutos penales, lo procedente y obtener algún tipo de beneficio procesal”.
La tarde del sábado 25 de mayo, una semana después de la protesta, el juez Gómez publicó en su cuenta de Instagram un video de la jornada celebrada en Monagas. Daniel Ramírez, coordinador nacional de la Defensa Pública, hizo lo mismo y mostró desde el Palacio de Justicia la liberación de un grupo de presos vestidos de amarillo que salieron a encontrarse con sus familiares.
Protesta
El sábado 18 de mayo circularon a través de varios grupos del servicio de mensajería WhatsApp videos videos en los que privados de su libertad pedían garantías y respeto a sus derechos. En particular, pidieron el regreso de los dos días de visitas, el fin de los traslados a cárceles de diferentes regiones del país y el acceso a la salud.
Con el rostro cubierto, aseguraron que las horas que pasan con sus seres queridos son pocas y de continuar los cambios en los lugares de detención, aparte de Monagas, las madres de los detenidos no podrán ayudar a sus hijos con la comida. y ropa.
“A veces recibimos malos tratos por parte de los propios policías por orden de sus superiores. También queremos que dejen a los niños, para poder compartirlos con nuestros hijos e hijas”, indicaron en el material audiovisual.
Restricción de visitas
En los alrededores del comando general de la Policía, en la avenida Bella Vista de Maturín, otro grupo de mujeres también se reunió en apoyo a sus familiares privados de libertad.
María Carpio reveló que actualmente pueden visitar a los internos sólo un día a la semana. Esta situación agrava las complicaciones de salud, higiene y alimentación de los internos.
“Antes las visitas eran los martes y sábados y sólo dejaban una visita. Cada vez que venimos, los guardias nos avisan que sólo tienen acceso las madres o esposas de los internos”, relata.
Cuestionó las normas de exclusividad, que privilegian a determinados detenidos y “privan a otros miembros de la familia de tener contacto con ellos. Si no eres madre o cónyuge no te dejarán pasar. Estás doblemente encarcelado”.
Reina Goitia, integrante de la familia, agregó que la dificultad surge no sólo al ingresar al retén para compartir con los detenidos, sino que el paso de comida, agua o esteras representa un abuso.
“A las 11:00 les entregamos la comida y ellos la reciben después de las 14:00. Tienen cocina eléctrica, pero no pueden hacer mucho por la falta de alimentos y los cortes prolongados de luz”, dice.
Otro familiar, que mantiene su identidad, dijo que la comida proporcionada por la policía es escasa y desequilibrada, y además en horarios irregulares por el problema eléctrico.
Advirtió que también hay adolescentes que comparten celda con el resto de los reclusos, la mayoría en espera de sentencia o juicio por diversos delitos.
Hacinamiento e insalubridad
Estela Rondón, madre de un detenido, dijo que su hijo debe presentarse cada 15 días, o cada mes, en el Palacio de Justicia, sin embargo, luego de su traslado se posponen audiencias y juicios.
“Queremos que se acelere este proceso. En las células hay mucha gente con enfermedades que pueden contagiar a otros y no tenemos el dinero necesario para pagar los medicamentos”, explica.
Según una evaluación realizada por la ONG Una Ventana a la Libertad, publicada el 8 de mayoEl hacinamiento en los centros de prisión preventiva del país no sólo provoca la propagación de enfermedades “sino que también impide clasificar a los detenidos por delitos y grado de peligrosidad”.
Destacó que “el hacinamiento no permite ni siquiera separar a los detenidos enfermos de hombres y mujeres aparentemente sanos”. Las personas que están detenidas en celdas policiales no reciben el tratamiento médico adecuado y no se hace un protocolo de ingreso para saber si están enfermo o no.”
La organización indica que esta situación de hacinamiento en los centros de prisión preventiva genera peleas y muertes violentas entre los detenidos, como ocurrió en febrero de 2021, cuando un conflicto entre detenidos dejó una persona muerta y otras 16 heridas, tras la ‘explosión de una granada fragmentada’.
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