La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia advierte de la existencia de una amenaza inminente por parte de Guyana y la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de intentar “impedir o impedir el soberano y legítimo referéndum consultivo convocado en la República Bolivariana de Venezuela por iniciativa de la Asamblea Nacional.
Esta consideración quedó establecida en la sentencia 1.470 escrita conjuntamente por los cinco magistrados de la Sala Constitucional. Esta decisión es la respuesta a un recurso de amparo presentado por la Asamblea Nacional para garantizar el derecho a la participación política de los venezolanos el pasado 3 de diciembre.
La acción de amparo fue presentada a través de un documento presentado el 15 de noviembre por la junta directiva del Poder Legislativo en el que solicita a la Sala Constitucional emitir una decisión que responda “categóricamente a los rudos e irrespetuosos reclamos de la autoridad de Guyana para derogar la legítimo Referéndum Consultivo para la Defensa de Guyana Esequiba, mediante solicitudes expresadas a la Corte Internacional de Justicia.
Para responder a esta pregunta, los magistrados realizaron un análisis detallado de cómo las diferentes constituciones del país dejaron claro que el territorio Esequibo es parte de Venezuela.
Esta tradición de defensa del Esequibo también está presente en la actual Carta Magna, afirman los magistrados, quienes aclaran que esa “protección constitucional, legal y jurisprudencial que se viene desarrollando desde 1999, en relación con la soberanía y la integridad territorial, no constituye un incidente aislado”. .”. Por el contrario, aborda “una reacción institucional real, como resultado de los conflictos históricos en la Nación, frente al reclamo de centros de poder fácticos y ajenos que responden a las corrientes ideológicas que tienden a lograr la reproducción de relaciones de poder y subordinación”. . ” en el actual contexto mundial de globalización y que en algunos casos intentan desconocer los derechos de la República Bolivariana de Venezuela.
Con base en estas consideraciones, la Sala Constitucional rechazó que la Carta Magna “imponga que las diversas competencias repartidas entre los órganos del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano deben tender inevitablemente a evitar el menoscabo de la soberanía”.
Siguiendo este argumento, los magistrados establecieron que la celebración del referéndum consultivo constituye el ejercicio de un derecho fundamental “y que por lo tanto, no corresponde a ningún organismo internacional o Estado Nacional formular declaración alguna sobre su conformidad… de este bajo el principio de autodeterminación y no intervención.
Los magistrados dijeron que “sería una estupidez y una negación de la existencia misma de la República, aceptar o permitir que agentes extranjeros cancelen o socaven uno de los elementos característicos de las instituciones del país, como es el carácter participativo de la democracia”. Por tanto, afirman que cualquier decisión que tome la CIJ al respecto será inválida.
Los magistrados advierten que toda la sociedad tiene la obligación de defender la integridad y soberanía territorial, “en particular, las demás áreas geográficas de la República que corresponden a la Capitanía General de Venezuela ante la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810”. .
La decisión de la Sala Constitucional expresa que no reconoce laudos viciados de nulidad “como el caso del Laudo de París de 1899”, instrumento mediante el cual intentaron tomar el Esequibo de Venezuela.
En cambio, los magistrados declararon que la Ley Aprobatoria del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, publicada en el Diario Oficial N° 28.008 (15 de abril de 1966) “es el único instrumento válido de derecho internacional para lograr la solución pacífica de esta disputa territorial”. entre la República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela.
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