La mayoría de los presos que se encontraban en los siete centros penitenciarios intervenidos en todo el país se encuentran ahora recluidos en el Centro de Control y Protección a Detenidos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en La Yaguara, Distrito Capital, informó el Observatorio Penitenciario de Venezuela (OVP). una declaración.
El OVP destacó el sitio de detención como un área que no cuenta con las medidas de seguridad para proteger adecuadamente a un grupo de detenidos que aterrorizaron el penal y a la población civil en Venezuela y el exterior.
“La implementación de medidas de seguridad para los presos altamente peligrosos debe equilibrar la necesidad de proteger a la sociedad y al personal penitenciario con el respeto a los derechos humanos y la dignidad de los presos”, señala el OVP en el texto.
La ONG afirmó que, extraoficialmente, se sabe que entre los prans presuntamente retenidos en La Yaguara se encuentra uno de los Luceros del Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como Tocorón; uno de los pranes del Centro Penitenciario Oriente, conocido como La Pica en Maturín; el terreno del Centro de Producción Agraria de Barcelona, conocido como Puente Ayala en Anzoátegui; los pranes del Internado Judicial de Ciudad Bolívar, conocido como Vista Hermosa en el estado Bolívar; el presidente del Internado Judicial de Trujillo y su mano derecha; y el juzgado del Internado Judicial San Felipe, conocido como La Cuarta, ubicado en Yaracuy.
Le puede interesar: Ceballos afirma que la mayoría de los presos de los penales intervinientes están detenidos
Los malos Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero” y sus secuaces siguen desaparecidos; y también Néstor Richardi Sequera Campos, alias “Richardi” o “El Papa”, recluso del penal de Tocuyito en el estado Carabobo.
El OVP denunció que la sede de la PNB en La Yaguara no cumple con los estándares internacionales que debe tener un penal que albergue presos de alta peligrosidad. “Estas instalaciones deben disponer de una infraestructura diseñada para evitar fugas y enfrentamientos violentos. Esto implica sistemas avanzados de seguridad electrónica, murallas fortificadas y una distribución espacial que dificulte la movilidad no autorizada”, añade el texto.
Asimismo, se deben establecer protocolos claros y eficaces para situaciones de emergencia, como disturbios o intentos de fuga, y se deben utilizar sistemas de seguimiento constante para evaluar el comportamiento de los detenidos.
