el ong Una ventana a la libertad (UVL) registró, entre octubre de 2022 y julio pasado, 240 casos “sospechosos” de tuberculosis en 161 celdas policiales en Venezueladonde la “falta de distanciamiento” hace que “las enfermedades infecto-contagiosas se propaguen con facilidad”, advirtió este miércoles la organización.
Las sospechas surgieron luego de que se realizaron 18 días de asistencia médica entre octubre del año pasado y julio de 2023, cuyo objetivo fue “determinar las condiciones sanitarias de los centros de prisión preventiva y el estado de salud de los privados de libertad”.
La UVL, que desarrolló estas jornadas junto a la ONG Proyecto Trece, no precisó si, tras las sospechas, realizaron pruebas específicas encaminadas a confirmar o descartar la enfermedad, ni si se aplicó algún tipo de tratamiento a los presos.
Según la ONG, en estas 161 zonas viven 10.254 detenidos, con una capacidad instalada total de 6.028 personas, lo que supone “un 170% de hacinamiento”.
La falta de expulsión, afirmó la UVL, “es lo que provoca que enfermedades infecto-contagiosas, como tuberculosis, sarna (sarna), influenza y covid-19, entre las más comunes, sigan en la lista de problemas de salud entre los internos”.
Murieron ocho reclusos
Según la ONG, “al menos 8 detenidos fallecieron” entre octubre de 2022 y enero de este año por “problemas de salud”, sin detallar qué tipo de enfermedades o afecciones padecían.
Si bien señaló que, en ese período, se registraron 45 reclusos con VIH/sida y 7 con covid-19, además de 411 con “una aparente cifra de desnutrición”, no explicó si estuvo entre los que luego fallecieron.
La ONG dijo a Efe que estas cifras, además de las de tuberculosis, corresponden a 161 células evaluadas, “de las más de 1.000 que existen en el país”, por lo que no excluyen que haya otros casos en el resto del país. centros de prisión preventiva.
Las jornadas médicas fueron en Caracas y seis de los 23 estados del país (Miranda, Carabobo, Bolívar, Aragua, La Guaira y Zulia), donde atendieron a un total de 1.276 personas, entre ellas 83 adolescentes y “varias mujeres embarazadas”.
Por otro lado, según la organización, de los 161 centros de detención, “sólo 86 cuentan con baños y 87 con agua potable”, y “ninguno tiene áreas especiales, capacidad o personal para atender a mujeres embarazadas o personas con discapacidad física o mental”. discapacidades.”
La ONG destacó que el Estado venezolano debe desarrollar “políticas públicas para atender a la población carcelaria recluida en estas zonas”, donde los presos “pasan años”, pese a que “sólo deben estar allí 48 horas”.
