A ellos Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) Explicaron este miércoles que “lapreocupación importante” condenó a seis años de prisión al famoso periodista José Rubén Zamora en Guatemala e instó al Estado a abstenerse de utilizar la fuerza de la tortura para intimidar a quienes critican al Gobierno.
Las dos partes, pertenecientes a la Organización de los Estados Americanos (OEA), explicaron en un comunicado de prensa que, desde la detención del periodista en julio de 2022, “han recibido información sobre las afectaciones a las garantías del debido proceso, el uso prolongado de la prisión preventiva y Graves limitaciones al derecho a la protecciónde un periodista.
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Zamora enfrenta cargos por parte de la Fiscalía blanqueo de capitales, chantaje y tráfico de fuerza. En su pronunciamiento también solicitaron al Estado guatemalteco que garantice el respeto al derecho a la libertad de expresión y de prensa.
“Cuando se utiliza la ley con el propósito de eliminar o reprimir la disidencia u oposición, lo que se persigue no es un esfuerzo legítimo por fortalecer la ley”, dijo. la palabra.
Zamora fue sentenciado la semana pasada a seis años de prisión por el delito de blanqueo de capitales pero gracias a los otros dos delitos imputados por la Fiscalía.
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El reportero, enfatizaron las organizaciones, “tuvo que cambiar su representación legal en varias ocasiones, llegó a diez defensores diferentes por hechos de agresión, agresión e incluso la interposición de denuncias penales contra quienes utilizaron la representación legal en remojo”.
Durante el gobierno del presidente Alejandro Giammattei, más de 35 operadores de justicia, abogados, periodistas y activistas de derechos humanos se han exiliado. Países como Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Europea han manifestado su preocupación por la constante y vertiginosa corrupción de la ley y las garantías de los ciudadanos.
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Zamora, el presidente de El Periódico, un diario local importante en temas anticorrupción, tuvo que cerrar su trabajo el 15 de mayo por problemas políticos y financieros también del gobierno, según su director. La Fiscalía también abrió una investigación contra nueve periodistas y escritores de este medio -entre ellos el propio Zamora- por publicaciones sobre la conducta del poder judicial, acusándolos de obstrucción a la justicia.
Aparte del caso anterior, la Fiscalía le ha imputado dos causas distintas: por la acusación penal de concierto para contra la justicia y por la supuesta utilización de documentos mentira.
La CIDH y la Relatoría señalaron que el representante del Estado guatemalteco desmintió “a regañadientes” lo dicho en el comunicado, negando las alegaciones.
“Usar la ley penal como medio de represalia y hostigamiento contra periodistas y comunicadores que investigan asuntos de interés público es una forma indirecta de censura”, señalaron ambas empresas.
El informe recuerda que Zamora cuenta con medidas cautelares de la CIDH, dadas las frecuentes agresiones, amenazas y vejaciones sufridas por la periodista y ha solicitado al Estado una visita al lugar para verificar el estado de la comunicación. Pero el Estado guatemalteco, según el organismo, no ha respondido a la petición.
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