Al cierre de 2024 la propaganda gubernamental se recarga de mensajes positivos con un jefe de Estado sonriente que promueve una “Navidad Feliz entre caravanas, tambores, rumba y marcha, ganaremos el derecho a la alegría, a la felicidad y la paz… Con fuerza y determinación el Gran Bloque Histórico inicia un nuevo capítulo iluminado de esperanza para el futuro de la Venezuela del siglo XXI”.
Esa alegría que promueve Nicolás Maduro la refuerza con los anuncios de “alto crecimiento en la economía que el país ha experimentado”, pero al mismo tiempo su gestión sienta las bases para implantar el modelo de Estado Comunal que les refuerza la permanencia indefinida en el poder.
En contraste a ese balance positivo, una cantidad de eventos han llevado a Venezuela a ser uno de los países más aislados del continente -con una pobreza extrema que se mantiene desde 2013- y evidencian el incremento de la persecución política contra quienes se oponen al régimen y con una diáspora de más de 7 millones de personas.
Un año con perspectiva electoral
Este año que cerramos comenzó con una gran expectativa de cambio político tras el anuncio oficial de que el 28 de julio se realizarían elecciones presidenciales.
Las elecciones primarias del 22 de octubre de 2023 cohesionaron a la mayoría opositora en un proyecto de cambio para el país por la vía electoral. María Corina Machado arrasó en ese evento con 92,5% de los votos en un proceso opositor al que concurrieron 2 millones y medio de venezolanos, según cifras del Observatorio Electoral Venezolano (OEV).
El Observatorio Electoral lo calificó como “un hecho político de indudable trascendencia”. Su influencia sobre amplios sectores de la sociedad marcó un cambio de rumbo en la política venezolana y despertó a una sociedad que se encontraba desesperanzada luego de reiterados fracasos en la búsqueda de un cambio hacia la democracia.
El 5 de marzo de 2024 el CNE anunció para el 28 de julio de 2024 la celebración de las presidenciales. Dicho anuncio profundizó las movilizaciones de la precandidata electa en primarias, mientras que Maduro ratificó su aspiración de mantenerse en la presidencia por 6 años más.
Las movilizaciones por todo el país de Machado, con el respaldo de la Plataforma Unitaria, ofreciendo un país con libertades, democracia y libre economía, cohesionaron un amplio apoyo.
Con ella no: María Corina inhabilitada
El 26 enero de 2024 el TSJ, en su resolución 005, ratificó que Machado estaba inhabilitada para ser candidata por un período de 15 años, a pesar de que el gobierno y la oposición habían firmado en octubre de 2023 los “Acuerdos de Barbados”, un mecanismo con observadores internacionales que facilitaría la celebración de presidenciales con garantías para todos los sectores en 2024.
Las trabas continuaron cuando el 25 de marzo se le impidió a Corina Yoris, inscribirse como candidata sustituta de acuerdo a lo propuesto por Machado y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
Esto puso en emergencia a la Plataforma Unitaria y el 19 de abril, horas antes de culminar el lapso de inscripción, se tomó la decisión de designar a Edmundo González Urrutia, quien ya figuraba como candidato provisional en la tarjeta unitaria de la PUD.
El gancho Machado-González
Una vez aceptado González oficialmente por el CNE como candidato presidencial de la Plataforma Unitaria comenzó a emerger como número uno en las encuestas de opinión más importantes frente a Maduro y otros 9 candidatos que se anunciaron como independientes.
Los estudios de opinión del segundo semestre elaborados por el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello con la encuestadora Delphos que preside Félix Seijas, registraron que en cualquiera de los escenarios de participación la oposición superaba en 20% la preferencia electoral al candidato del gobierno, mientras el resto de candidatos no sumaban más de 3% de apoyo.
En el último estudio, realizado entre el 5 y el 11 de julio, González Urrutia contaba con una intención de voto de 59,1%, mientras que la de Maduro era de 24,6%. Analistas estimaron que gran parte de ese apoyo era producto del respaldo de Machado al candidato de la PUD.
Seijas en su exposición sobre el estudio destacó que 71,3% de la muestra pensaba que es necesario o muy necesario un cambio de gobierno; 63% consideró que la capacidad real de lograr dicho objetivo “está en nosotros mismos” (los ciudadanos), y para 86,9% a ese cambio se llegaba votando en la elección.
De manera que para los ciudadanos y la nueva dirigencia política opositora, el camino electoral, dentro de la Constitución, se convirtió en la ruta a seguir para buscar un cambio democrático.
Detención de activistas
Sin embargo, ante el avance del candidato opositor, desde los primeros días de campaña se profundizó la persecución y detención de miembros del equipo de campaña y dirigentes políticos, acusándolos de que tramaban una conspiración violenta, especialmente los que trabajaban directamente con el partido Vente Venezuela, dirigido por María Corina.
El caso más emblemático se produjo a finales de marzo cuando se emitieron órdenes de captura contra la jefa de campaña de Machado, Magalli Meda y otros cinco miembros del equipo: Pedro Urruchurtu, Claudia Macero, Omar González, Humberto Villalobos y Fernando Martínez Mottola, asesor de la PUD, quienes terminaron refugiados en la sede de la embajada de Argentina en Caracas.
A estas persecuciones le siguieron reiteradas detenciones a coordinadores regionales, integrantes del equipo de comunicaciones, colaboradores que participaron en la campaña para las elecciones del 28-J, miembros de mesas electorales y testigos; acciones que continuaron intensificándose en el período postelectoral.
Entre los detenidos a dos días del 28-J están Freddy Superlano, miembro de la dirección del Partido Voluntad Popular, quien aún permanece en prisión; Américo De Grazia, Williams Dávila, Biagio Pilieri, entre otros dirigentes.
El 28-J
Al final de la jornada los testimonios directos en los cierres de mesa, con presencia incluso de testigos oficialistas, dieron una amplia ventaja sobre 20% del candidato opositor, González Urrutia, sobre Maduro.
El CNE anunció que Nicolás Maduro ganó las elecciones de ese domingo con 5.150.092 votos, 51,20% del total. Con este resultado, Maduro se reelige por segunda vez y comenzaría un tercer mandato que se extenderá de enero de 2025 a enero de 2031. Ese anuncio se hizo sin presentar actas de escrutinio respaldadas por testigos y miembros de mesa y sin publicar el detalle de los resultados por centro de votación.
Pero la Plataforma Unitaria ya había establecido mecanismos con testigos y miembros de mesa a fin de resguardar copias de las actas originales. Y esas copias que fueron publicadas en sitios web, reflejan que Maduro habría perdido las elecciones, de acuerdo a los registros de 24.532 actas que corresponden al 81,7% del total y fueron recogidas por cientos de voluntarios organizados, bautizados como “comanditos”.
Según esos resultados, González Urrutia obtuvo 67,08% de los votos (7,3 millones) mientras que Maduro 30,46% (3,3 millones).
La elección tuvo una participación de 60%, es decir, votaron algo menos de 11 millones de personas, de entre 18 millones habilitados. Millones de personas en el exterior denunciaron maniobras que les impidieron sufragar.
Las actas fueron resguardadas partiendo de lo que establece el mecanismo electoral que indica que las copias se entregan a los testigos de los partidos políticos y se imprimieron en las mismas máquinas donde votaron los ciudadanos.
El 23 de agosto de 2024 el TSJ convalidó las cifras anunciadas por el CNE, en su resolución 0031, mediante un procedimiento en el que no participaron testigos opositores ni árbitros independientes.
Una frase expresada por Maduro al comienzo de la campaña electoral volvió a sonar en esas horas de conflicto: “esos sectores extremistas en este país no volverán, ni por las buenas ni por las malas”.
Hora de reprimir y «aleccionar»
Desde el día siguiente, 29 de julio, comenzaron una serie de protestas en contra de los resultados anunciados, especialmente en zonas populares.
El 30 de julio, Maduro en una reunión con el Consejo de Estado y el Consejo de Defensa de la Nación, anunció el despliegue del plan especial para que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y los cuerpos policiales actuaran ante estos “comanditos violentos”. También anunció que en la aplicación “VenApp” se podía denunciar a “grupos delincuenciales y criminales, con total privacidad y confidencialidad” e hizo referencia a la “Operación Tun Tun”.
Ese mismo día, el fiscal general Tarek William Saab informó que hasta esa fecha había 749 detenidos por actos violentos en espacios públicos indicando que se les imputarían delitos como instigación pública, obstrucción de vías públicas, instigación al odio, resistencia a la autoridad y terrorismo. A todos se les solicitaría medida privativa de libertad. De acuerdo a los registros de Acceso a la Justicia, el 29 de julio perdieron la vida 27 personas en el contexto de la represión de las manifestaciones.
Como lo reportó el Foro Penal, los traslados masivos y sorpresivos a penales con delincuentes comunes ocurrieron luego de la instrucción del 1 de agosto de 2024, por parte de Maduro quien en un video grabado expresó: “Tocorón y Tocuyito, tengo listo Tocorón y los voy a meter en Tocorón a toditos” (…) en cárceles de máxima seguridad para que paguen sus crímenes…”.
De acuerdo a los registros de la ONG Foro Penal, hasta el 16 de diciembre de 2024 se produjeron 2.193 detenciones políticas en el período postelectoral y 574 excarcelaciones. Entre ellos 142 menores de entre 14 y 17 años, 14 indígenas, 18 personas con discapacidad o enfermedades crónicas y 200 mujeres 11 periodistas y trabajadores de la prensa.
La ONG Acceso a la Justicia registró que entre el primero y el 27 de julio, día anterior a la elección, se registraron 142 detenciones.
Más de 700 detenidos de diferentes regiones del país, fueron trasladados a las cárceles de Tocuyito en el estado Carabobo y Tocorón en el estado Aragua. 146 de los detenidos han recibido condenas.
Cambios en las áreas de seguridad
Tras las elecciones del 28-J se produjeron importantes cambios en el alto mando militar y político del gobierno, especialmente en las unidades de contrainteligencia militar.
El más importante fue la designación como ministro de Interior y Justicia a cargo de la seguridad y el orden público del número dos del chavismo, Diosdado Cabello.
En los meses posteriores al proceso electoral del 28-J se produjo la detención de altos oficiales de la FANB, que se suman a más de 140 militares presos por razones políticas. Las cifras recopiladas por el Foro Penal indican que actualmente se encuentran 163 militares acusados de complots y conspiraciones.
Pérdida de apoyo popular
Uno de los dilemas a los que se enfrenta el sostenimiento del gobierno de Maduro en el poder es la pérdida del apoyo en su base social. Los principales focos de protestas del país durante 2024 se registraron en zonas populares, de allí que la mayor represión se registró en esas zonas.
A mediados de junio, un mes antes de las elecciones, un estudio del Centro de Investigaciones Populares Alejandro Moreno, reflejó la pérdida del apoyo que una vez tuvo el chavismo en zonas populares. Parte de esa disminución también se ha extendido al sistema comunal que estaría prácticamente disminuido. “Las comunidades con nuevas formas de organización están tomando protagonismo”, concluye el informe.
Para ese estudio se hicieron conversaciones directas con comunidades, focus group, para recoger lo que está ocurriendo en las comunidades. Los cambios comenzaron a surgir a partir de las primarias del 22 de octubre y la disposición de un cambio político para el país.
“80% de protestas postelectorales en Caracas se dieron en barrios populares, principalmente en los barrios más empobrecidos, enfrentando una represión brutal”, indicó la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) en un informe publicado en su web. La organización indicó que entre el 29 y 30 de julio de 2024 documentó 915 protestas tras el anuncio del CNE que otorgó la victoria a Maduro.
Aislamiento internacional
Otro aspecto que afecta la permanencia de Maduro en el poder es el aislamiento internacional. Desde el 28-J solo en Latinoamérica su gobierno rompió relaciones con 8 países.
Debido a los dudosos resultados de los comicios del 28-J oficialmente 31 países liderados por EEUU y Argentina instaron a las autoridades venezolanas a respetar la voluntad popular y a “poner fin de las detenciones arbitrarias y los abusos de los derechos humanos, registradas tras esas elecciones presidenciales”.
Adicionalmente, la detención de turistas señalados de conspiración, como el caso de dos españoles, tres estadounidenses, un checo y las denuncias de presuntas extorsiones a visitantes por parte de cuerpos de seguridad, ha ampliado la advertencia del peligro que corren sus ciudadanos si viajan a Venezuela. Uno de los últimos casos registrados fue el del cabo primero Nahuel Agustín Gallo, suboficial de la Gendarmería Nacional Argentina, de 33 años, quien a comienzos de diciembre viajó a Venezuela a encontrarse con su esposa venezolana y su hijo y hoy es acusado y procesado por «terrorismo«.
La expectativa 2025
El 24 de diciembre la fiscalía anunció la excarcelación de 956 detenidos –de más de 2.400- en el marco de la represión postelectoral y que fueron acusados de terrorismo e incitación al odio.
El 25 de diciembre el Foro Penal celebró la medida e informó que los más de 160 menores de edad detenidos ya estaban fuera de las cárceles. Pero también advirtió que todavía quedaban más de 1.800 presos políticos.
Las excarcelaciones implican que los beneficiados continúan sometidos a procesos judiciales con obligación de presentarse ante los tribunales e impedimento de salir del país. También se les prohíbe hablar públicamente sobre sus casos.
Nuevas detenciones se registran casi a diario y nuevas leyes como la Ley Simón Bolívar y las vinculadas al Estado Comunal establecen mayores restricciones a las libertades ciudadanas.
El país cierra 2024 con grandes incertidumbres de lo que ocurrirá a partir del 10 de enero cuando está prevista la asunción de un nuevo período presidencial a partir de un proceso electoral en el que el sector oficial no pudo demostrar el triunfo anunciado. Visto lo ocurrido a lo largo del año, queda claro que cualquier intento de desconocer o protestar contra la juramentación de Maduro activará un mecanismo de represión que ya está listo para actuar.
