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La organización Human Rights Watch de Estados Unidos denunció que Ecuador registró una serie de violaciones de derechos humanos sin que los perpetradores fueran llevados ante la justicia, luego de que el presidente Daniel Noboa impusiera en enero el estado de conflicto armado interno en medio de una espiral de violencia radical por parte de bandas criminales. .
En una carta enviada al presidente Daniel Noboa, el grupo de derechos humanos cuestionó la disponibilidad de un conflicto militar interno argumentando que “parece no tener base legal” y afirmó que esta situación significa “un conflicto militar prolongado entre las autoridades gubernamentales y los grupos armados”.
Juanita Goebertus, directora del Departamento estadounidense de HRW, señaló que tal situación ha contribuido a “graves violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad”, incluido al menos un acusado de ejecuciones extrajudiciales y muchos casos de detenciones arbitrarias, violaciones y falta de justicia. enjuiciamiento de unos 13.000 prisioneros.
En medio de la espiral de violencia, que incluyó la fuga de prisión de los líderes del crimen Adolfo Macías y Fabricio Colón Pico y la ejecución el 9 de enero por hombres armados de un canal de televisión estatal, Noboa decidió participar al interior del estado. conflicto armado para combatir a los grupos criminales.
Luego identificó 22 grupos del crimen organizado, que el gobierno calificó de terroristas, y autorizó la acción conjunta del ejército y la policía, tanto en las calles como en las prisiones, que la policía considera un trabajo organizado en prisiones.
En una nota de caso sobre Observador de derechos humanos, soldados mataron a Carlos Javier Vega, de 19 años, el 2 de febrero en Guayaquil, e hirieron a su primo Eduardo Velasco. Los militares dijeron que los jóvenes habían intentado “escapar del control, atacando a los militares” y los calificaron de “terroristas”.
La familia de Vega y Velasco denunció que hubo abusos y que los dos jóvenes habían salido de la casa para vender un perro.
Human Rights Watch refutó la versión del Ejército sobre la vinculación de los jóvenes con bandas criminales basándose en entrevistas con testigos, familiares y abogados de las víctimas, así como en vídeos, fotografías y documentos judiciales.
Según el organismo de derechos humanos, el gobierno de Ecuador “no ha presentado pruebas suficientes para aceptar que existe un conflicto con alguno de los 22 grupos del crimen organizado”, recomendados por las autoridades, y que son base para tal campaña.
De igual forma, enfatizó que muchas personas que fueron reportadas como detenidas aparentemente no fueron llevadas ante el fiscal ni el juez. Según el informe, muchas de las más de 13.000 personas reportadas como detenidas parecen haber sido detenidas por períodos cortos fuera del proceso legal y, según videos y fotografías publicados en línea -que Human Rights Watch dijo que estaban confirmados- en referencia a la disciplina, palizas y otros tratos abusivos.
En cuanto a la situación en las prisiones, el informe de HRW confirma que los militares, que controlan las prisiones ecuatorianas desde enero, han mantenido a los detenidos en cautiverio, impidiendo en ocasiones su derecho a consultar con abogados o recibir asistencia médica.
Otro caso recogido por la organización dijo que, en una audiencia judicial, un preso describió cómo los soldados lo golpearon en la espalda con una cuerda y le cortaron los dedos. Dijo: “Desde ayer no podían pegarme como pensaban porque estaba enfermo, me hicieron abrir las piernas y me golpearon en el estómago.
HRW reveló que el documento enviado a Noboa es producto del trabajo realizado entre enero y abril, luego de entrevistar a doce víctimas de abuso, sus familiares, abogados, con información de empresas gubernamentales y organismos gubernamentales, analizar fotografías, videos, revisar expedientes y Casi voy a las audiencias judiciales.
Goerbertus llamó al Presidente Noboa a “responder a la violencia (crimen) con una política de seguridad efectiva que proteja a los ciudadanos del Ecuador”, fortalecer el sistema judicial, crear instalaciones eficientes de capacitación e investigación en la Fiscalía General, para que la Fiscalía no depender de la policía.
También pidió aumentar el número y la fuerza de los investigadores forenses, fiscales y jueces que investigan y procesan casos de crimen organizado y corrupción y aumentar la financiación para proteger a los funcionarios judiciales, entre otras acciones.
Los asesinatos en Ecuador aumentaron un 574,30% entre 2019 y 2023, período en el que las muertes violentas subieron de siete a más de 47 por cada 100.000 habitantes, citando cifras del Centro contra el Crimen Organizado de Ecuador. El gobierno ha dicho que como resultado de su política, los asesinatos cayeron un 27%, aunque la policía ha registrado 1.875 asesinatos este año hasta el 11 de mayo. Los secuestros y secuestros también han aumentado.
Según las autoridades, las bandas criminales Choneros y Los Lobos, socias de narcotraficantes colombianos, mexicanos y albaneses, se disputan el control de la región y las rutas del narcotráfico. Ecuador es un centro de almacenamiento y exportación de muchas drogas, según la policía.
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