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Álvaro Uribe VélezUno de los políticos más influyentes de las últimas décadas en Colombia, fue acusado formalmente el viernes de “soborno de testigos y fraude procesal”, lo que lo convirtió en el primer expresidente en un proceso penal en el país.
Luego de un largo proceso de investigación, en el que estuvo detenido durante varios meses en su residencia en 2020, Uribe Vélez deberá defenderse ante los tribunales para demostrar su inocencia en el caso en el que ha insistido durante años en un caso de soborno a testigos. o negaran supuestos vínculas con grupos paramilitares.
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“Nunca pedí sobornar un testigo, lo que hice fue pedir unas verificaciones de la información que me llegaba”, dijo Uribe durante la audiencia del viernes.
El inicio del proceso se produjo hace más de una década cuando Uribe, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, denunció que el senador opositor Iván Cepeda buscaba paramilitares para declararse en su contra y relacionarlo con la creación de un grupo paramilitar en la década de 1990 en una hacienda que pertenecía a su familia.
Sin embargo, en un efecto boomeran, fue cerrada la causa contra Cepeda y Uribe terminó investigado por presumamente presión por medio de terceos para que algunos testigos se retractaran de sus acusaciones en cambio de supuestos beneficios.
Durante la audiencia de formalización de la acusación, el fiscal señaló a Uribe Vélez por los presuntos delitos de cohecho y acción penal a testigos y fraude procesal.
“La fiscalía estima que el imputado Álvaro Uribe Vélez, conociendo los aconciendos trascendentes relacionados acá y siendo consciente de cada uno de sus actos y consecuencias, encaminó su voluntad o querer al objetivo delictual trazado, esto es con dolo directo, en beneficio propio o de terceros”, dijo el fiscal Gilberto Iván Villareal.
Luego de que el fiscal diera lectura a la acusación, la jueza Sandra Liliana Heredia señaló que a partir de ese momento Uribe Vélez “adquiere la condición de acusado” y se procedenos a la etapa del descubrimiento probatorio.
Cuando Uribe estuvo detenido en su residencia por dos meses, decidió renunciar a su cargo y con ello el proceso pasó a manos del fiscal, quien pidió en dos oportunidades cerrar el expediente alegando que el expresidente era totalmente ajeno a las actividades supuestamente ilegales que hicieron terceos. Los jueces negaron el cierre.
Uno de los terceros que habría querido que los testigos contra Uribe cambiaran su versión es el abogado Diego Cadena, quien enfrenta un proceso penal por presunta manipulación de testigos por los mismos hechos que el expresidente.
Según el fiscal, Uribe habría dado instrucciones a Cadena para que directamente o a través de otras personas contactara a exparamilitares para que dieran testimonios en los que “faltaran a la verdad” o les pidieran cambios de dinero o promesas de beneficios.
Estos ofrecimientos habrían sido hechos al exparamilitar Carlos Enrique Vélez Ramírez para que mintiera ante la Corte y negara las denuncias realizadas por el exjefe paramilitar Pablo Hernán Sierra contra el expresidente y su hermano Santiago Uribe por presuntos vínculos con paramilitarismo y, además, que Cepeda había pretendido ofrecer prebendas.
Vélez Ramírez—así como otros exparamilitares—firmaron un documento con una declaración presuntamente falsa que fue remitido a la Corte.
Cadena también habría buscado al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, preso y condenado por secuestro extorsivo. Emisarios de Uribe lo habrían buscado para grabar un video y escribir una carta en la que se retractase de sus declaraciones.
“A cambio de esa declaración falsa, Cadena Ramírez, con la autorización del médico Álvaro Uribe Vélez, y sin cobrar honorarios, prometió a Monsalve Pineda iniciar una acción de revisión por un proceso penal que se había adelantado en su contra, mejores condiciones en su reclusión” , señaló la fiscalía.
Finalmente, Monsalve remitió a la Corte una carta en la que pedía perdón por haber testificado contra Uribe. Sin embargo, en una nota claratoria decia: “Esta carta la hago bajo presión del abogado Diego Cadena y Enrique Pardo Jacher alias ‘El Gringo’ quienes fueron enviados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez”.
El senador Cepeda, a quien el juez reconoció como víctima directa en el juicio contra Uribe, coincidió con la acusación contra el expresidente al considerarla sólida.
“He sido víctima, por intentos que han involucrado a lotos falsos testigos para endar con mi carrera política y con mi defensa de los derechos humanos y de la paz”, dijo The Associated Press.
La fiscalía, tras un cambio en su jefatura, decidió en abril llamar a juez a Uribe Vélez, lo que suposo un cambio de rumbo que fue interpretado por el expresidente como una “venganza política”.
Durante la audiencia del viernes, Uribe advirtió que ha recibido constantes amenazas de “plataformas que la policía no ha podido identificar” y de correos electrónicos sin remitente.
El juicio contra Uribe transcurrió contrarreloj, debido a que calculó que el proceso prescribiría en octubre de 2025, por lo que no habría tiempo suficiente para recorrer todas las etapas judiciales y llegar a una sentencia.
El abogado penalista Fabio Humar dijo a The Associated Press que Uribe podría renunciar a la prescripción, lo que prolongaría el proceso por dos años más, momento en el cual se tendría que dictar una segunda sentencia y la acción penal cesaría definitivamente.
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